Tal como lo vaticinamos desde que se promulgó pomposamente la reforma constitucional en materia de transparencia la generación de las leyes secundarias en la materia se iría hasta el límite establecido en la misma, es decir hasta febrero del 2015.

Y digo leyes, en plural, porque entiendo que tienen que ser tres leyes generales distintas, una sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), una para la Protección de los Datos Personales (PDP) y una de archivos.

Resulta entonces que el 2 de diciembre pasado varios senadores, entiendo que de la Comisión correspondiente, presentaron una “Iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”. Es decir sólo una de las tres que está obligado el Senado a emitir. Y nadie ha dicho nada respecto a este detalle. Pues lo que ha llamado más la atención es que gente de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), apartidista digamos para que no suene tan retórico, participó en su redacción. De hecho la Senadora priista Arely Gómez, permítanme el término coloquial, “cacareó” mucho esto en twitter, publicando fotos donde se veía a los expertos en la ardua tarea. Y en su momento compartió un micrositio en la página web del senado, donde dijo estaba toda la información en relación a esto. Incluso en contraparte tales OSC llegaron a coincidir con tal senadora cuando expresó la exageración de que tal ejercicio era un “ejemplo de parlamento abierto”.

Pero insisto el asunto es que los senadores y en todo caso las OSC tienen un déficit porque debían presentar tres leyes no una. Me atreví a través de tuiter preguntarle a la mencionada senadora y al Secretario Técnico del Colectivo por la Transparencia, Manuel Silva Coache si estaban redactando una ley de transparencia y otra de datos personales o sólo una en la que se incluían ambos derechos, pero el silencio sepulcral fue la respuesta a mi osadía.

Y lo hice, porque atento a la información que se generaba, en cierto momento la dichosa senadora informó que se había enviado el borrador de la citada ley a expertos para que realizaran observaciones.

Revisé y bajé las respuestas que algunos de estos dieron y lo que me sorprendía en principio es que se hablaba de una “Ley General de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados”, como se puede ver en las observaciones que hizo al documento directamente en Word Isa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es decir que se trabajó en un documento y se hizo mucho ruido al respecto y se presentó otro. O por lo menos eso se puede intuir sólo a partir del nombre de la ley. Además de que días después adicionalmente se propuso también una “ley federal” en la materia.

Al respecto Jaqueline Peschard habría en su respuesta como experta, considerado o se habría manifestado a favor de que “…la regulación de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, se realice en un solo cuerpo legislativo, a efecto de evitar inconsistencias, duplicidad de regulación o constantes remisiones. Además, las instancias responsables y los procedimientos de atención están ligados de tal manera que no conviene separarlos.” Y en este sentido parece que coinciden Miguel Pulido de Fundar y Sergio López Ayllón del CIDE, sin decirlo directamente.

Pero entonces los senadores cambian la jugada. No hay que preguntar por qué, ya que este cuestionamiento es casi existencial, pero sí hay que estar atentos a los que suceda iniciando 2015 porque nada claro, por lo menos a mí me parece, se está procediendo.

Ya que, sin tomar en cuenta digamos estos detalles que yo detecto en el proceso legislativo, lo realmente lamentable es que de última hora nuestros ínclitos representantes pretendan incrustar en la ley cuestiones que sí son francos retrocesos y han sido precisamente los miembros de las OSC que se fotografiaron gustosos con los senadores y sus asesores en las mesas de trabajo de redacción los que han levantado la voz de alerta. De los cuales por lo menos dos aspectos son francamente reprobables y muestran oscuras intenciones de los partidos mayoritarios en el país. Por un lado pretender sanciones a los titulares de los órganos garantes y por otro imponer como criterio de declaración de reserva de la información pública el de que se violente la “estabilidad económica”.

En fin, digamos que a los expertos, los senadores parecen estar utilizándolos por segunda vez para legitimar sus decisiones que no son estrictamente transparentes. La primera fue cuando participaron en un comité de acompañamiento para la designación de los nuevo integrantes del Pleno del IFAI, donde un enviado directo de Peña Nieto se coló aunque aquellos no lo hayan incluido en una lista de 24 más aptos, claro que sin violar la legalidad porque ese acompañamiento no tenía carácter “vinculante”. Y esta segunda vez donde tampoco el acompañamiento en la redacción de la ley tiene ese carácter por lo tanto como aquella ocasión, lo único que cuenta es la voz de los senadores.

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