Peter Mock, director de una organización civil ambientalista llamada International Council for Clean Transportation jamás se imaginó que un experimento suyo sumergiría a la Volkswagen en una de las peores crisis de su historia. Con la idea de probar que los controles de emisiones contaminantes en Europa son mucho menos exigentes que en los Estados Unidos -para lo cual diseñó un dispositivo medidor-, se encontró  con que 11 millones de vehículos diesel de esa marca, vendidos en todo el mundo, contaban con un software diseñado para el engaño y para escapar a los controles medioambientales. La organización alertó a la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) y el escándalo no tardó en irrumpir con consecuencias inmediatas: la acción de Volkswagen en bolsa tuvo una caída en picada que sumó pérdidas por 29 mil millones de dólares (¿quién quiere invertir en una empresa de tramposos?) en Estados Unidos, Volkswagen enfrentará una multa de 18 mil millones de dólares y su presidente, Martin Winterkorn, quien en 2014 fue ubicado por la Revista Forbes en el lugar 58 de los más poderosos del mundo, renunció para que la investigación siga su curso y se consignen a los responsables.

El caso Volkswagen permite hacer una analogía sobre las piezas faltantes de un sistema de responsabilidades públicas en México. Se trata no solamente de entender que la corrupción es un problema de redes en las que participan funcionarios y particulares y no solamente individuos; de que la actuación de estas redes genera daños concretos a los “accionistas” de los bienes públicos que son todos los ciudadanos; que al ser un problema multiactor y multicausal se requiere investigar adecuadamente, reparar el daño causado y corregir su causalidad;  y que mientras no existan instituciones creíbles,  mecanismos de denuncia eficaces y sobre todo consecuencias no habrá manera de que las instituciones y la sociedad se conviertan en un auténtico dique anticorrupción.

Esta concepción es posible, tal y como lo suscribieron en un manifiesto público 40 instituciones públicas, académicas y sociales el pasado miércoles 23 de septiembre.  Sin embargo, se requiere, en primer lugar, de voluntad política para cumplir con los plazos constitucionales de una serie de reformas y legislaciones secundarias en curso que brindarán el contenido necesario al Sistema Nacional Anticorrupción, contenido el cual se pide sea discutido públicamente, bajo el modelo de Parlamento Abierto al que se ha comprometido México; en segundo lugar, se necesita una visión de contenido para que todos estos cambios sigan una secuencia lógica, armónica y efectiva y en tercer lugar; que realmente exista un nuevo pacto social entre ciudadanos y gobierno para que se produzca información útil, oportuna y confiable sobre el actuar público de funcionarios, instituciones y empresas involucradas con el  manejo y ejercicio de los recursos públicos. La propuesta está sobre la mesa, le toca a los partidos saber responderla.