Por Lourdes Morales

Con la finalidad de dar mayor eficiencia a la Administración Pública Federal y lograr una gestión orientada a resultados, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asumida como propia por el bloque PRI-PVEM-PANAL, aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados y remitida al Senado para su publicación (Puedes leer la publicación en la gaceta oficial en el siguiente enlace). El objetivo final es que a partir del primero de Diciembre se reduzcan el número de dependencias federales de 18 a 16 secretarías de Estado.

Con ello y a pesar de las reservas hechas por el PRD y el PAN, se aprobó la adhesión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuyas atribuciones serán parcialmente retomadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En particular, el Servicio Civil de Carrera, la transparencia en las compras de gobierno, administración de inmuebles federales, y generación de indicadores de gestión de las dependencias federales.

Asimismo, se aprobó la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la consolidación de la oficina de la Presidencia de la República, además de reformas a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Tras una semana de intenso debate, el pleno del Congreso acordó mantener la autonomía de gestión y transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ya que se había contemplado su fusión con la SEDESOL.

La reforma consiste en los siguientes 6 cambios:

a) reformas a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo funciones de coordinación del gabinete, por acuerdo del presidente de la República;

b) desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, de Policía Federal, así como las del Sistema Penitenciario Federal y de Prevención del Delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación;

c) reformas a la Secretaría de Desarrollo Social para trabajar en el combate a la pobreza y a favor de los derechos de diversos grupos, para consolidar así una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación;

d) creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tomando en cuenta diversas atribuciones tanto de la actual Secretaría de la Reforma Agraria, así como de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda;

e) creación de un nuevo Régimen de Control Gubernamental, a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con distribución de facultades de la actual Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

f) consolidación de la Oficina de la Presidencia de la República como una instancia cercana al Ejecutivo Federal para apoyo y seguimiento permanente de sus tareas y de las políticas públicas.

En los debates parlamentarios, las inquietudes principales fueron: la necesidad de respetar los derechos humanos, el futuro del Servicio Profesional de Carrera y la necesidad de respetar los derechos adquiridos hasta ahora de subsecretarios, titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos y funcionarios en general; y finalmente, la existencia de un diseño institucional con tres superestructuras con demasiadas facultades (Oficina de la Presidencia, SEGOB y SHCP) y pocos mecanismos de contrapesos y rendición de cuentas a la ciudadanía. Para dar viabilidad jurídica a este nuevo esquema, habrán de aprobarse reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales además de delinearse las facultades de un órgano constitucional autónomo.