El pasado 17 de noviembre se presentó en el Senado de la República una iniciativa de Ley General de Archivos. Ésta ha generado duda e incertidumbre entre miembros de las comunidades de historiadores e investigadores. Para algunos, esta legislación serviría como piedra angular del Sistema Nacional Anticorrupción y Transparencia, que desde su concepción ha estado llena de polémica.
Entre los argumentos en contra de esta iniciativa se encuentra la posibilidad de que el Presidente de la República nombre directamente al director del Archivo General de la Nación (AGN) y que este acervo no tenga autonomía. Es decir, que siga sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
¿Cuál es el problema con la iniciativa de Ley General de Archivos?
Para los especialistas, el problema principal recae en que la rectoría de la política pública archivística se le concedería a la Secretaría de Gobernación, con lo cual, algunos infieren, se daría un retroceso en materia de acceso a la información. En el caso específico de los archivos, no estarán sujetos a la leyes de acceso a la información pública aunque, dependiendo del documento, se podrían reservar en caso de que puedan afectar la “seguridad nacional”. Además se testarán (colocarán manchas negras en donde están los datos personales: nombres, direcciones, números telefónicos, etc), y se limitará el acceso a archivos que no estén depurados previamente.
Lourdes Morales, directora de la Red de Rendición de Cuentas, indica que de aprobarse la ley tal como está, sería un retroceso de tal magnitud equiparable a regresarle a la Segob la potestad para organizar las elecciones. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, se posicionó en el mismo tenor al asegurar que “si es decretada de acuerdo al proyecto presentado, afectaría la investigación histórica”.
De acuerdo con el doctor en Ciencia Política, Mauricio Merino, en caso de que se aprobara la iniciativa de Ley General de Archivos se podaría la memoria histórica de la nación, además de que la Segob controlaría todos los papeles y toda la información que produce la gestión pública del país. Merino indica que en caso de que la legislación pase se entraría a un ciclo vicioso contra los avances en materia de transparencia en los últimos años: “no hay acceso a la información, sin información; no hay rendición de cuentas; no hay transparencia, sin documentos; no hay combate a la corrupción, sin evidencias”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, apunta que la iniciativa de la Ley General de Archivos significa una amenaza a la cultura de rendición de cuentas y transparencia en nuestro país. Además señala que el proyecto busca controlar —de manera política— el acceso a la información pública en México. De acuerdo con la organización, la legislación le permitiría al gobierno fungir como censor y elegir qué información puede ser dada de baja por no ser relevante y cuál debe ser archivada como confidencial o reservada.
Según la académica Soledad Loaeza, colaboradora de La Jornada, bajo el argumento de querer proteger los datos personales, se estaría a punto de regresar a una vía de control de información a la vieja usanza del PRI “de escribir historia sin archivos” y tener archivos sin historia. Loaeza afirma que si bien la ley no debe estar pensada en función de lo que quieran los historiadores, tampoco debe estar dictada con base en las preferencias y necesidades de los legisladores y funcionarios o a quienes les interese reescribir la historia.
Un grupo de historiadores y expertos, entre los que se encuentran los académicos Andrés Lira, Enrique Florescano y la exdirectora del AGN, Aurora Gómez Galvarriato, presentaron el pasado 30 de noviembre sus argumentos en contra de esta iniciativa. Principalmente argumentan lo peligroso que resultaría clausurar definitivamente documentos históricos o eliminar aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Fuente: NSS Oaxaca
