Enrique Peña Nieto incumplió el compromiso de crear un órgano ciudadano que supervise la contratación de publicidad oficial y, en dos años y medio, su administración ha usado discrecionalmente más de 13 mil millones de pesos en propaganda y comunicación social.

Como candidato y como Presidente electo, Peña Nieto respondió a las críticas del movimiento #YoSoy132 con la promesa de una nueva ley de transparencia, un sistema anticorrupción y la regulación de la publicidad oficial.

El 21 de mayo de 2012, 10 días después de su “viernes negro” en la Universidad Iberoamericana -donde fue repudiado por estudiantes-, el candidato priista dio a conocer un “decálogo” en el que prometía una nueva relación con los medios:

“Como presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información”.

Ya como Presidente electo, el 16 de julio, Peña Nieto publicó en Reforma un artículo titulado El comienzo del cambio, en el que reiteraba su compromiso: “impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno”.

Tres años después, existe la nueva Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción prometidos como respuesta al movimiento antiPeña impulsado por los jóvenes. Pero nada se ha movido respecto a cómo se asignan los recursos públicos para la publicidad oficial en México.

Partidas multimillonarias, que promediaron 19 millones de pesos por día en 2013 (único año en el que existe una cifra definitiva sobre el gasto ejercido en este rubro), se reparten sin transparencia ni criterios de utilidad pública.

Ese gasto, según especialistas en comunicación y derecho a la información, es usado como premio y castigo por el gobierno; una herramienta para influir en líneas editoriales y construir una imagen positiva de un Presidente al que, desde su campaña, se le acusaba de ser el candidato de las televisoras.

* * *
Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, advierte que con Peña Nieto han continuado los patrones establecidos desde los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón: discrecionalidad y exceso en el gasto en comunicación social y publicidad oficial.

Al tiempo que se mantiene un flujo importante de recursos públicos hacia  las televisoras, una característica de Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México.

“Se sigue beneficiando a los mismos medios. Sigue una concentración mediática importante, principalmente en la televisión. Parece como si se le hubiera olvidado al Presidente que ésta fue otra de las promesas que hizo”, lamenta.

De acuerdo con el documento El gasto en publicidad oficial del gobierno federal en 2014, elaborado por Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en el primer año de Peña Nieto el gasto en comunicación y publicidad oficial creció 35 por ciento respecto al primer año de Calderón y 104 por ciento respecto al primer año de Fox.

Fox gastó 3 mil 495 millones de pesos; Calderón, 5 mil 261 millones, y Peña Nieto, 7 mil 119 millones, un promedio de 19.5 millones de pesos por día.

El informe de las organizaciones destaca que el gasto definitivo en 2013 reportado por la administración peñista superó 48.8 por ciento el presupuesto asignado inicialmente para publicidad oficial.

En 2014, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de la Función Pública, se destinaron a este rubro 5 mil 282 millones de pesos y, en los primeros cinco meses de 2015, 821.7 millones de pesos. Se estima que, como ocurrió en 2013, estas cifras se eleven en el informe definitivo de la SFP.
Fundar y Artículo 19 analizaron también el gasto en publicidad ejercido en 2014 y concluyeron

que los principales medios beneficiados siguen siendo la televisión y las radiodifusoras.

La televisión concentró el 34 por ciento de los recursos ya ejercidos; las radiodifusoras, 16.27 por ciento; los medios impresos, 15.23; internet, 5.43; el cine, 2.55, y otros medios (publicidad móvil, carteles, espectaculares, mobiliario urbano), 26.46 por ciento.

“El gasto se encuentra notoriamente concentrado por dos empresas: Televisa y TV Azteca. Respecto a su participación en televisión, ambas compañías recibieron más de una cuarta parte del total de dinero gastado por las dependencias del gobierno federal en publicidad oficial: cerca de 929 millones de pesos”, señala el documento.

***

Aleida Calleja, integrante del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, recuerda que en México la publicidad oficial ha sido utilizada para controlar los medios y evitar un periodismo crítico.

“La publicidad oficial es un mecanismo de control y de pago de favores muy eficaz”, señala.
Con Calleja coincide el investigador de la Universidad Iberoamericana Manuel Guerrero: “Es muy claro que el pastel publicitario privado no es suficientemente poderoso como para permitirle a los medios la autonomía e independencia del Estado”.

“El Estado, al descubrir eso, es el menos interesado en regular, porque eso implicaría restringirse las capacidades y posibilidades de interferir en la política editorial”, explica.

Guerrero lamenta que la falta de regulación limite la función ideal que deberían tener los medios, que es vigilar los abusos del poder.

“Lo que vamos a tener son encabezados del tipo: ‘México necesita una educación del siglo XXI: Emilio Chuayffett’; cosas que no son noticia. Es el tipo de periodismo que se va gestando por esta dependencia que se va desarrollando entre el poder público y los medios”.

Guerrero observa además que, en el México del siglo XXI, los medios se dieron cuenta de que había presupuestos en las 32 entidades gobernadas por políticos interesados en promover su imagen, y entonces comenzaron a disputar esas partidas.

Sólo en 2012, 26 gobiernos estatales ejercieron 5 mil 376 millones de pesos en publicidad y comunicación, según un estudio de Fundar.

Ana Cristina Ruelas explica que los funcionarios públicos de todos los partidos y todos los niveles ya se dieron cuenta de que no les conviene regular en la materia, pues sería renunciar a una especie de caja chica que, de perderla, nulificaría sus aspiraciones políticas basadas en la sobreexposición mediática.

“Su regulación, y una asignación con criterios claros y transparente, impacta directamente en el flujo de información a las audiencias y esto a su vez en el incentivo de votos”.

Ruelas narra que Artículo 19 y Fundar hicieron un comparativo de la cobertura que realizaron los medios impresos sobre la Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, y el posible conflicto de interés en que incurrió el Presidente.

“Los medios que más reciben publicidad oficial son los que menos sacaron información sobre la Casa Blanca o sólo le dieron voz al Ejecutivo federal. La publicidad oficial representa un medio de censura a los medios. Si los medios están sujetos a decir lo que el gobierno quiere que diga o si son los voceros del gobierno, entonces los ciudadanos recibimos justo lo que el gobierno quiere que recibamos”, señala la especialista.

* * *
La bolsa millonaria de la que dispone el gobierno para repartir dinero discrecionalmente ha provocado también el surgimiento de nuevos medios.

De acuerdo con los reportes más recientes publicados por la Secretaría de Gobernación en su Padrón Nacional de Medios Impresos, de octubre de 2013 a septiembre de 2014 nacieron 95 nuevos medios de comunicación y no desapareció ninguno.

A la par, surgen en el peñismo portales informativos que hacen de internet un negocio de supuestos periodistas.

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Medios Independientes, Amedi, subraya la necesidad de que exista una normatividad secundaria que regule también la interacción del Estado con los portales, con tres principios básicos: transparencia en la asignación y cuáles fueron sus causas, una objetividad para la asignación de recursos y la no discriminación.

La falta de un órgano autónomo que vigile la asignación de recursos para publicidad oficial provoca notorios contrastes entre los recursos públicos destinados a los portales de internet.

Un ejemplo es el sitio aristeguinoticias.com, portal donde los periodistas Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán dieron a conocer su investigación sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera.

Este sitio ocupa el lugar 89 en el ranking de los más visitados en México y el 5 mil 970 a nivel mundial, con más de 5 millones de seguidores en Facebook, pero no existe en 2014 algún registro de que haya recibido contratos de publicidad oficial bajo su razón social Flock Advertising México, S. de R.L. de C.V.

En contraste, el portal mesarevuelta.com.mx, con 13 seguidores en Facebook, y menos de 100 visitas al día -lo que impide saber qué lugar ocupa en el ranking de la empresa www.alexa.com-, recibió en 2014 contratos de la Secretaría de Turismo y Pemex por un valor de 176 mil 320 pesos.

Lo curioso es que los contratos de mesarevuelta.com.mx están a nombre de Eunice Ortega Albarrán, quien es la reportera acreditada en la Presidencia de la República para cubrir para el diario La Razón las actividades cotidianas del presidente Enrique Peña Nieto.

* * *
El único rastro de una posible regulación de la publicidad oficial durante el peñismo se encuentra en el Pacto por México, donde fue incluido como último acuerdo, el número 95:

“Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en
los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud”.

Después de firmado el Pacto, la promesa desapareció por completo del discurso presidencial. Y también de la agenda de los partidos de oposición en el Congreso.

En los últimos tres años, durante la pasada Legislatura, de acuerdo con un registro de Fundar, sólo hubo dos iniciativas de ley en la materia.

La primera fue presentada por legisladores del PRD el 11 de marzo de 2014 y la segunda llegó al Senado dos meses después, el 26 de mayo, en voz de la priista Cristina Díaz, una propuesta que de acuerdo con especialistas en derecho a la información distaba mucho de ser garantista o progresista en la materia.

Ninguna de las dos iniciativas fueron discutidas siquiera por los legisladores.

La organización Artículo 19 inició un amparo que ahora está en manos del ministro José Ramón Cossío en la SCJN, por el incumplimiento del artículo tercero transitorio de la reforma política, que mandata al Congreso a emitir una ley que regule la publicidad oficial.

“No hay voluntad política. Los actores con capacidad de mandato para que este tema se suba a la agenda y se convierta en una verdadera política pública no están interesados en regular la publicidad oficial”, lamenta Ana Cristina Ruelas.

Ninguno de los especialistas consultados ve posibilidades de que Peña Nieto cumpla su promesa de impulsar la creación de ese órgano ciudadano que ponga una lupa en este tema.

“Visto cómo se perfila la competencia para el 2018, es muy difícil pensar que quienes integran la clase política que tiene el control del gobierno federal quieran ponerse candados ellos mismos”, señala Manuel Guerrero.

Un dato que respalda lo dicho por Guerrero es el crecimiento exponencial del gasto en los últimos tres meses de 2014, justo cuando inició el proceso electoral: en los primeros nueve meses fueron ejercidos 788.9 millones de pesos, de octubre a diciembre, sin considerar el gasto comprometido, la cifra fue de 2 mil 650.6 millones de pesos.

* * *
El 29 de junio pasado, Revista R solicitó por primera vez una entrevista con Andrés Chao, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, para conocer la postura gubernamental sobre el gasto en publicidad oficial y preguntar las razones por las cuales no se ha cumplido la promesa de regularla. A pesar de reiteradas peticiones, la oficina de Comunicación de Segob nunca tramitó la entrevista.

grafica

Privilegian a la TV

Del total del gasto autorizado por el gobierno federal para comunicación social y publicidad en el primer cuatrimestre de 2015, más del 40 por ciento podría ser destinado a las empresas Televisa, TV Azteca y a la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión.

El reporte entregado por la Secretaría de Gobernación al Congreso revela que de los mil 921.84 millones de pesos aprobados para el periodo enero-abril, 770.33 millones de pesos serán para pagar servicios a las dos televisoras y la CIRT.

Según el documento, turnado a las comisiones de Radio y Televisión de las dos cámaras del Congreso, 460.76 millones de pesos están destinados para pagar a Televisa y 277.62 millones de pesos a TV Azteca.

El mismo informe revela que, en este 2015, el gobierno federal se autorizó un incremento del 255.89 por ciento en el presupuesto destinado al gasto de comunicación social y publicidad.
La Dirección General de Normatividad de Comunicación autorizó un gasto de mil 924 millones de pesos, frente a los 540.84 millones de pesos del 2014.

EL REPARTO
Gasto en publicidad oficial destinado a televisoras por dependencia del gobierno federal, en el primer cuatrimestre de 2015.

(Cifras en millones de pesos).
DEPENDENCIA         TELEVISA        AZTECA
IMSS                             140.0                 88.0
Sedesol                        111.2                 35.0
SEP                                53.1                 47.7
CFE                                40.6                 29.0
SSA                                36.9                 22.9
SHCP                             23.9                 15.5
Pemex                              1.6                 10.0
Inmujeres                        10.0                 8.4
Sedena                             9.6                 6.8
SCT                                  8.5                  6.4
Conagua                          4.6                  2.3
Segob                              3.4                  37.0
Nafin                                 3.4                   –
Marina                              1.8                 1.1
Senasica                          1.2                  –
Diconsa                            0.44               0.34
Consar                                –                  3.0
Total                                460.7              277.6

Fuente: Revista R (Reforma)