El grupo de académicos y activistas ciudadanos que conforman la Red por la Rendición de Cuentas diseñó una propuesta de combate a este mal dividida en cuatro ejes: la profesionalización del servicio público, el fincamiento de responsabilidades, la prevención y erradicación de la corrupción de ventanilla (puntos de contacto), y el combate a la corrupción en redes.

Además, la RRC sugiere que exista un eje transversal de participación ciudadana guiando las acciones que se tomen en los cuatro rubros.

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, explica que esta propuesta se comenzó a diseñar desde hace más de un año, con base en la experiencia que dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y podría ser una guía para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Casos recientes han demostrado que esto de la cacería de peces gordos, cuando tienes un sistema de justicia disfuncional, ni es factible, ni te ayuda a combatir la corrupción, y es lo que desde la Red hemos estado impulsando desde que entramos a este debate. Nosotros siempre hemos dicho que la corrupción debe atacarse desde sus causas, y no desde sus efectos burocráticos”, explica la también profesora del CIDE.

La propuesta de la RRC es un documento de 183 páginas, que detalla diagnósticos, acciones y resultados esperados.

En el primer eje, se sugiere fomentar el establecimiento de un nuevo servicio civil de carrera y generar los mecanismos que den certidumbre y transparencia de la profesionalización en el servicio público, con medidas de corto plazo (un año), mediano (tres años) y largo (seis años).

Sugiere otras tres medidas: detectar y generar recomendaciones de prevención y mejora en la gestión de personal; garantizar y promover acciones para el debido proceso de los funcionarios públicos que enfrentan procedimientos de responsabilidad por actos de corrupción, y establecer mecanismos de vigilancia y criterios de rendición de cuentas en las designaciones de los órganos autónomos del Estado.

En el eje 2, se sugieren tres acciones de política pública que involucran a los Órganos Internos de Control, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, las contralorías internas, y la Auditoría Superior de la Federación y de los estados, para avanzar hacia el fincamiento real de responsabilidades.

1.Generar un sistema de alertas para la prevención y mejora del ejercicio de la responsabilidad pública; 2. fortalecer los procedimientos de investigación y sanción de faltas leves y administrativas, y 3. mejorar los procesos y técnicas de investigación en materia de delitos de corrupción.

Para la erradicación de la corrupción de ventanilla (eje 3), se propone establecer un mecanismo seguro de protección a denunciantes y testigos, para fortalecer y promover una cultura de denuncia de actos de corrupción.

Además, reducir y transparentar los trámites y servicios que la ciudadanía realiza para obtener servicios, permisos y otros trámites; generar un modelo/esquema de contrapesos y vigilancia de los actos de autoridad, y establecer un sistema de vigilancia de acciones derivadas de las atribuciones legales de los funcionarios.

El eje 4 (corrupción en redes) es el más complejo, pues se refiere a las acciones encaminadas al desvío de recursos que van más allá de las conductas individuales de un servidor público.

Aquí se proponen medidas concretas, como realizar un monitoreo de la información relativa a la evolución patrimonial de los funcionarios; identificar patrones y localizaciones de faltas más frecuentes (a nivel local y federal); elaborar un mapa actualizado y georreferenciado de conflicto de intereses en áreas sensibles, y generar mecanismos de inteligencia de datos a través de cruces para detectar anomalías.

“Este tipo de corrupción requiere reconocer la complejidad del problema partiendo del principio de que no se trata de organizaciones piramidales que se puedan neutralizar con la captura del mando superior o de la cabeza visible. Se trata de un conjunto de interacciones que desafían al Estado y su aparato de seguridad, en las que participan funcionarios públicos, empresarios, banqueros, partidos y otros”, advierte la Red.

Morales advierte que el Presidente mencionó en su discurso de toma de protesta muchos qué pero pocos cómo, quizás porque no era el momento para hacerlo. Considera positivo que se hable de separar el poder político del poder económico, pero duda que medidas como tipificar la corrupción como delito grave o eliminar el fuero vayan a funcionar en automático para disminuir este fenómeno.

“Pero tranquiliza que se hable de apertura, de libertad de expresión, y que haya un nuevo gobierno que haya sacudido las estructuras y que obligue a pensar el cómo enfrentar este problema de otra forma y con un fuerte componente de igualad social”, añade.

Nota completa en:  Revista R (Reforma)