No es la primera vez que el gobierno federal presenta un Programa Nacional de Derechos Humanos, como lo hizo el pasado 25 de junio. Desde hace 10 años lo viene haciendo como demostración de su compromiso de avanzar en combatir las violaciones a los mismos y en promover su ejercicio efectivo. Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que la puesta en operación de dichos programas ha sido ineficaz debido a varias razones que hoy tiene bien identificadas: 1) una deficiente interlocución y articulación de esfuerzos; 2) fallas en los mecanismos de evaluación y seguimiento; 3) escasa participación de los poderes públicos y de las entidades federativas; 4) generalidad en las líneas de acción y poca claridad sobre la autoridad responsable de incumplimientos y 5) programas alejados de la sociedad civil.
No cabe duda que en los últimos años nuestro país ha desarrollado un andamiaje de normas legales, de instituciones y de presupuestos para la defensa y la protección de los derechos humanos y la reforma al artículo 1º constitucional de 2011 significó un salto cualitativo en la conceptualización de la materia para colocarla en el centro del quehacer de autoridades con facultades jurisdiccionales. El gran problema ha sido cómo traducir dichos esfuerzos normativos en políticas consistentes que puedan traducirse en acciones efectivas para garantizar el goce de los derechos humanos.
Detrás de esta presentación del PNDH están las observaciones críticas que han hecho organismos internacionales a lo largo de este año sobre la falta de una política adecuada en la materia. Amnistía Internacional señaló en febrero pasado que el tema no es una prioridad en la agenda del presidente Peña Nieto y que el discurso oficial es muy general y carece de acciones concretas. El Informe de Human Rights Watch de enero de 2014 planteó que ha habido muy pocos avances en los procesos judiciales en contra de desapariciones forzadas y tortura.
El nuevo PNDH hace un buen diagnóstico de la situación que impera en nuestro país y contiene un plan de acción basado en seis áreas problemáticas que se desglosan en objetivos, estrategias y líneas de acción; es decir, está claro que se ha invertido tiempo y recursos para sistematizar información y armar una política pública en materia de derechos humanos que sea realizable y evaluable. De acuerdo con el discurso presidencial, se trata de crear una política de Estado que garantice en la práctica el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Las seis áreas problemáticas ponen bien el énfasis de dónde debe de actuarse y de qué manera, pues señalan las deficiencias en la protección y la garantía para el ejercicio de los derechos humanos, así como en la prevención de violaciones a los mismos; la ineficiente coordinación entre actores involucrados en programas de derechos humanos; la falta de una información integral y sistemática en la materia y, desde luego, la ausencia de una implementación de la reforma al artículo primero constitucional.
Hay que celebrar que tengamos un elaborado diagnóstico sobre el tema, que recoja las enseñanzas derivadas de investigaciones y recomendaciones de distintos actores sociales y que esté acompañado de un plan detallado de acción con indicadores de cumplimiento para las diversas dependencias con responsabilidad en materia de derechos humanos. Es de destacar el apartado de transparencia que reportará informes y avances del programa, pues permitirá que la sociedad mantenga el programa bajo vigilancia. Ahora, se requiere una consistente y decidida voluntad política del gobierno para que el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos no quede solamente en buenas intenciones.
Fuente: El Universal
