¿Cómo decide el gobierno a quién otorgarle un privilegio fiscal? ¿Qué efectos tiene esta decisión en la tarea de recaudación? ¿Cómo evitar espacios de discrecionalidad que fomenten la evasión de impuestos? Estas son algunas preguntas que pueden surgir cuando se estudia lo que ha ocurrido con la política tributaria en el país. Al entrar en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se debería tener la posibilidad de acceder a información sobre este tipo de decisiones que el Servicio de Administración Tributaria define. Sin embargo, con los datos disponibles, no es posible rastrear el proceso que las autoridades siguen para determinar el otorgamiento de un crédito fiscal.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., se ha dado a la tarea de estudiar este fenómeno y presentará este lunes 19 de septiembre, en una mesa de análisis, los hallazgos de la investigación “Privilegios Fiscales: beneficios inexplicables para unos cuantos”. Con ello, se expone el problema irresuelto sobre la calidad de la información que se hace pública. La nueva normativa en materia de transparencia, contribuye a la apertura de una variedad de datos que, en otros tiempos, era inaccesible. A pesar de los avances, todavía no se puede decir que existe información completa que permita dar seguimiento detallado a este tipo de decisiones y acciones del gobierno.

Una política de transparencia y rendición de cuentas efectiva, no sólo debería de enfocarse en acceder a los datos, sino en buscar la manera de que se puedan rastrear de manera clara las decisiones del gobierno. La sociedad debe seguir insistiendo en que la efectividad del derecho al acceso a la información va mucho más allá. Investigaciones como la mencionada abren la posibilidad de reflexionar sobre la construcción de una política transparente de cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, que permita una rendición de cuentas integral en la materia. Asimismo, se requiere impulsar una agenda legislativa que permita atacar de raíz los privilegios fiscales injustificados (Fundar, 2016).