La racionalización y optimización del gasto público, es deseable y posible. Un Estado con orden y coherencia en su planeación democrática, será más sólido y preparado ante cualquier contingencia, que aquel donde se ignora al pueblo y se sacrifica la eficiencia e interoperatividad institucional para obtener prebendas políticas.
En este contexto, acertadamente Mauricio Merino advierte que es necesario realizar la fontanería de la democracia, para que los logros de las políticas públicas se traduzcan en acciones gubernamentales con resultados tangibles que sirvan para fortalecer el desarrollo humano.
Es plausible que en este propósito, se inserten nuevos mecanismos de racionalización y funcionalidad del quehacer público como el Presupuesto Base Cero. Con esto no se puede estar reñido, pero en todo caso, hay que analizar sus alcances y límites, para no caer en arquetipos mesiánicos, como los acostumbrados por la clase política.
El Presupuesto Base Cero, es un mecanismo de administración financiera y como todo instrumento técnico, presenta fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas están los controles de eficiencia y los impactos sociales de la operatividad de programas, acciones y estrategias, que ajustadas a las nuevas condiciones financieras, aporten resultados a la promoción del desarrollo.
Entre las debilidades, destacan las lógicas del proceso de planeación del desarrollo y las asignaciones inerciales de recursos a los programas y acciones que lo integran, que deberán ajustarse a una nueva visión de Estado que privilegia el sentido y la utilidad pública de los recursos asignados, cuyo objetivo es conducir al país a nuevos estadios de desarrollo.
Mariana Campos acertadamente señala que “…el presupuesto base cero pareciera ser la solución que hemos exigido para hacer más eficiente el ejercicio del gasto público,…Sin embargo, en el corto plazo,… (no) parece una solución realista, ya que su implementación requeriría de una visión completamente distinta sobre el gasto del Estado, que privilegiara los objetivos públicos sobre los intereses particulares, de la que no se ha visto evidencia hasta ahora.”
En este escenario, el Presidente Peña Nieto durante su participación en la Cumbre Internacional de la Productividad, manifestó que el Presupuesto de Egresos de la Federación, que cambia la lógica de su estructura de asignación de recursos, será revisado a partir del 1º de septiembre por la Cámara de Diputados: “…cada año los presupuestos se revisaban solamente a la luz de los crecimientos inerciales de los programas o acciones de cada dependencia, situación que ahora cambiará con la presentación de un presupuesto base cero…”.
Es necesario ante las prácticas de Gobierno Abierto, incrementar la presencia y corresponsabilidad de la participación ciudadana. Al respecto, el presupuesto base cero no puede prescindir de un diseño institucional participativo y ampliamente ciudadanizado en todas las acciones del quehacer público, ya que el termómetro social siempre advierte la optimización del gasto, cuando los ciudadanos no tienen que apretarse el cinturón, sino gozar de un régimen democrático, abierto y receptivo a los intereses de su sociedad.
La prioridad es que la ciudadanía no quede ni supeditada ni postergada de los objetivos de la Nación. El compromiso institucional es recuperar la capacidad productiva del país, en un marco de desarrollo social y gobernanza democrática.
En este contexto, la democratización de las estructuras públicas no puede quedar como una propuesta inercial o demagógica de un proceso electoral. La implementación del presupuesto base cero debe sentar un cuestionamiento de fondo: ¿hasta dónde este mecanismo presupuestario impulsará, incrementará y permitirá generar condiciones para la vida digna de las y los mexicanos?
La crisis por la que atraviesa Grecia y la caída de los precios del petróleo, ha puesto en alerta a las economías internacionales. Nuevamente, el fantasma de las imperfecciones del mercado y las estrategias globales de los gobiernos, ante la ausencia de una sólida rectoría económica del Estado, parecen indicar para México peligros de paralelismos y semejanzas económicas y políticas, que se ciernen como advertencia lapidaria sobre el gasto público, pero más significativo, sobre el porvenir del pueblo.
Las gotas amargas y las duras experiencias recientes en diferentes países de América Latina, que al igual que México, han tenido que enfrentar la voracidad encarnizada de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, parecen no tener fin y obligan al orden y a la reestructuración de las finanzas públicas.
Más allá del metalenguaje económico, el “Presupuesto Base Cero” es la prescripción de orden, mesura y optimización detallada sobre el gasto de cualquier acción programada por el Estado para ser ejercida en el quehacer público.
La reinstitucionalización política que vive el país, ha afianzado a la transparencia, rendición de cuentas, auditoría social y a la evaluación, como prácticas de exigencia imperativa de un gobierno abierto y en público, por lo que los procesos de desarrollo económico-social deben ser escrutados y justificados a detalle para priorizar aquellos planes y programas, que cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados; principio de planeación democrática que en ocasiones parece haber sido olvidado.
Si bien es cierto que las estructuras gubernamentales deben garantizar la transparencia de sus acciones, no es asunto menor responder con atingencia a la eficiencia y eficacia de las mismas, cuestión que presenta históricamente un déficit hacia la solución de las problemáticas sociales.
No podemos perder de vista la lección histórica de la pérdida de credibilidad, confianza, crisis de representación y bajos niveles de gobernanza, que son evidencias palpables de la inoperancia institucional, que ha incidido consustancialmente a la crisis sistémica que hemos enfrentado.
También es importante advertir, que es en la operatividad y probidad institucional, donde se vertebran gran parte de las soluciones de la realidad social, lo que hace del Presupuesto Base Cero, un camino de mayores certidumbres para el ejercicio gubernamental, pero no el único.
Es tiempo de repensar la funcionalidad del Estado. Nada se soluciona con medidas de escritorio o nombres rimbombantes de tecnicismos administrativos. Es tiempo de que los nuevos diputados federales se pongan el overol y se conviertan en los fontaneros de la democracia.
Agenda
- La visita del Presidente Peña Nieto a Francia, será sin duda provechosa, en este marco, se firmaron alrededor de 60 acuerdos de colaboración entre ambas naciones en materia económica, académica, científica y tecnológica.
- Entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, esta nueva forma de procurar e impartir la justicia, en el distrito judicial de Tula, llegando a cubrir al 30% de la población estatal.
- El Sistema DIFH, la Junta General de Asistencia y el Ayuntamiento de Pachuca, organizaron la Feria de las OSC, como un reconocimiento a su contribución a la transformación de la vida democrática y social
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