En los últimos dos años, diversas instituciones públicas, académicas y sociales hemos manifestado la urgencia de aprobar una Ley General de Archivos acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en febrero del 2014.
En ese tiempo se han realizado al menos 20 foros de consulta en diversas entidades de la República, audiencias públicas en el Senado, discusiones en el INAI, cinco exhortos al Senado provenientes del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, del Consejo Académico Asesor del AGN, del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y del Consejo Universitario de la UNAM mediante los cuales se ha expresado de manera reiterada la necesidad de aprobar una ley que atienda los diagnósticos de dispersión de criterios, la ausencia de lineamientos comunes y las debilidades estructurales en los procesos de producción, gestión y conservación de la información histórica e institucional en todo el país que resultan fundamentales para la identidad, la memoria y la rendición de cuentas.
El proceso ha sido lento y a pesar de todas las opiniones vertidas, la iniciativa de ley presentada en el Senado en noviembre del año pasado contiene disposiciones que de aprobarse en sus términos, materializarían un enorme retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales.
Concretamente, preocupan siete cuestiones:
