Por Miguel Castillo Martínez
Hace un año, para ser exactos el 7 de Febrero del 2014, celebrábamos el decreto de reforma constitucional que redimensionó el artículo sexto constitucional y puso las bases sin duda para la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia.
Ahí, se plasmo claramente una vacatio legis de un año para expedir una ley general que reglamentara adecuadamente la reforma y de inmediato se iniciaron trabajos en diversos frentes para construir la legislación secundaria.
Desde los grupos organizados de la sociedad civil, en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública que aglutina a los órganos garantes de la transparencia del país, en el IFAI desde su antiguo pleno y continuado en el nuevo pleno nombrado a mediados de Mayo, todos trabajando de la mano con un grupo de senadores comprometidos se ha tomado la tarea con seriedad, eficacia y vanguardia en el tema.
Sin embargo, vencido el plazo, el producto legislativo que se había venido acordado con todos los actores sigue sin ver la luz. Las versiones públicas de la mayoría de los actores coinciden en que se han tratado de modificar detalles al proyecto que atentan en si mismo contra el espíritu de la reforma, que a todas luces estas modificaciones generarían retrocesos en el derecho de acceso a la información pública y que las mismas han surgido a petición del gobierno federal sin contar con el conceso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Lo que resulta incuestionable, es que llegamos al plazo fijado por la reforma constitucional sin una ley y no existen hoy plazos claros y definidos para su aprobación en ambas cámaras.
Preocupa, en medio de tanto escándalo que ha ensuciado la función pública, que no se le de trato prioritario y urgente al único tema que puede servir de puente para reconstruir la credibilidad del servicio público y mejorar su percepción con el ciudadano.
Preocupa que sigamos inmersos en discusiones partidistas cuando la afectación a la imagen pública no conoce de colores ni partidos y afecta a todos por igual.
Preocupa que en vísperas de un proceso electoral de suma importancia, en donde se emitirá una opinión electoral sobre el trabajo actual del ejecutivo y la función del congreso y partidos como contrapeso del mismo la transparencia y la rendición de cuentas siga sin ser el verdadero tema que permitirá reconstruir la confianza en México y nuestra credibilidad como sociedad .
Existen voces de actores principales, que han trabajo con ahínco y responsabilidad, que exhortan a los senadores no solo ha aprobar una ley de vanguardia y sin retrocesos, sino hacerlo a la brevedad en virtud de que el plazo se venció desde el pasado sábado.
Yo no solo me sumo al exhorto, sino que como miembro de un amplio grupo de expertos en el tema, asumo la responsabilidad de decir que si hemos logrado avances significativos, que han permitido generar una luz de esperanza en que las cosas pueden mejorar, sería lamentable detener el paso y perder el impulso que habíamos conseguido.
Es el momento para que el poder legislativo, ejerza ese papel de contrapeso político que permita construir una nueva clase política en donde transparentar la información, rendir cuentas y evitar la corrupción, se constituyan en los pilares indispensables del ejercicio público.
La sociedad lo exige, y el gobierno en el fondo, lo necesita.
