Con la reforma de anticorrupción congelada en el Congreso, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados pidió al Presidente Enrique Peña Nieto nombrar a la brevedad al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, ya que a cinco meses de iniciada su Administración solo ha designado a un encargado de despacho para el cargo.
El diputado Alfredo Rivadeneyra aseguró que la actitud del titular del Ejecutivo refleja el desinterés y la falta de atención hacia las acciones de Gobierno que buscan garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
“No es posible que la dependencia encargada de esas responsabilidades se encuentre funcionando sin que exista un titular nombrado conforme al procedimiento constitucional previsto.
“La falta de atención del Poder Ejecutivo respecto de las funciones a desarrollar por parte de la Secretaría de Función Pública en tanto exista un órgano constitucional anticorrupción, es sinónimo de desinterés”, expresó.
El legislador consideró que ningún Gobierno que se considere democrático puede menoscabar la facultades de vigilancia y supervisión que competen a la Función Pública.
El panista aseguró que, aparentemente, el Presidente no está consciente de la complejidad del fenómeno de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
“Desde el inicio de su sexenio, el Presidente ha proclamado su compromiso de encabezar un Gobierno transparente, que rinde cuentas y lucha contra la corrupción; sin embargo, su desinterés hacia la Secretaría una vez más delata la enorme brecha entre la simulación de su discurso y la realidad”, señaló.
“No se explica la ausencia en el nombramiento por parte del Ejecutivo. Es la dependencia responsable de vigilar a los servidores públicas federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sancionar a quienes no lo hagan”.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, contempla a la Secretaría de la Función Pública como parte de la estructura del Gobierno federal, por lo menos hasta que el Congreso apruebe la creación de un nuevo órgano autónomo de combate a la corrupción.
Ese proyecto se encuentra congelado en el Congreso, donde ya que los senadores no han alcanzado un acuerdo sobre la naturaleza, facultades, integración y autonomía de la nueva comisión.
Ante el panorama, Rivadeneyra llevó el tema ante la Comisión Permanente para exhortar Peña Nieto a que efectúe “inmediatamente” el nombramiento del nuevo Secretario.
Actualmente, las funciones del Secretario son responsabilidad de Julián Alfonso Olivas Ugalde, titular de la subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
Publicó Reforma.