La región lationamericana se encuentra acechada por la captura de las democracias, lo que ha generado graves exclusiones, violencia y una profunda desigualdad en la región. La captura del Estado por parte de élites políticas y económicas es la causa de la corrupción estructural; mientras este problema no se ataje, la corrupción seguirá campando en las administraciones públicas. Esta fue una de las conclusiones del 8º. Seminario Internacional “Democracias Capturadas, Desafíos para América Latina”, convocado por la Comunidad PIRC-Red por la Rendición de Cuentas y realizado en las instalaciones del CIDE.
En el seminario, expertos de varios países (antecedidos por la conferencia magistral del investigador y ex embajador Luis Maira, uno de los fundadores del CIDE) afirmaron que, cuando la corrupción es estructural —como sucede en varios países de la región—, el castigo individual a personajes notables no solo no resuelve el problema, sino que termina por debilitar al Estado y la legitimidad de sus instituciones. Y, al final, se acaba por tener Estados débiles, dejando intactas las causas que generan la corrupción. Es tan imperativo castigar a los corruptos como construir las capacidades institucionales necesarias para cancelar las oportunidades de la corrupción.
La persecución de los delitos de corrupción en Brasil, Guatemala, Perú, Honduras y Argentina se ha pagado muy caro por sus Estados nacionales y no ha logrado erradicar el problema, en tanto que sus capacidades institucionales se han minado y la captura de los gobiernos por intereses ajenos a los de la sociedad en su conjunto, ha desvirtuado el sentido del ejercicio democrático y ha dañado la legitimidad de regímenes que, si bien logran llegar al poder por vías democráticas, se muestran débiles para enfrentar los problemas públicos.
Eduardo Núñez, Director del Instituto Democrático de Guatemala, indicó que, en América Latina, las redes crimínales están interfiriendo en las redes de poder. Existe una simbiosis entre criminalidad y Estado. En algunos territorios es tan poderosa la red criminal que existe un control casi total del Estado, así como la penetración en el ámbito social. A las redes crimínales les interesa controlar las elecciones e inhibir la participación. El experto señaló que cada vez es más frecuente que los criminales presenten candidatos y que las instituciones no puedan hacer nada para evitarlo.
A lo largo del Seminario también se señaló la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y generar vínculos de solidaridad con países de la región latinoamericana para que, a partir del conocimiento y comprensión desde el sur, se rescate a los Estados nacionales de los agravios, intereses e intervenciones extranjeras que han minado nuestras democracias.
La presentación y análisis de casos concretos mostró una agenda de problemas comunes para la región latinoamericana. Las presentaciones estuvieron a cargo, entre otros, de académicos con trayectoria amplia, fundadores del CIDE, como: Luis Maira (Exembajador de Chile en México), Julio Sau Aguayo (Exdirector del Fondo de Cultura Económica en Chile) y Roberto Bouzas (Vicerrector de la Universidad de San Andrés en Argentina).
Roberto Bouzas y Mauricio Merino (Coordinador de la Comunidad PIRC-Red de Rendición de Cuentas) abordaron las conclusiones del Seminario destacando como ejes principales:
1. La necesidad de plantear una redefinición compartida del fenómeno de la corrupción para combatirla. Una definición causal, con rutinas, prácticas e incentivos.
2. No permitir que en la búsqueda de combatir la corrupción, se entregue a terceros la soberanía de los países, destruyendo su propia democracia y sus capacidades institucionales.
3. Fortalecer a los Estados con instituciones fuertes, capaces y profesionales.
4. Incrementar la participación de la sociedad en los asuntos públicos, mediante la vigilencia de las decisiones y el uso de los presupuestos.
5. Propiciar el diálogo en América Latina, para compartir experiencias, problemas y soluciones desde nuestras diferencias y nuestras coincidencias. El Seminario contó con la colaboración del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Fundación alemana GIZ y la Fundación UDLAP Jenkins.
