Por Lourdes Morales y Daniel Manchinelly
Los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos recibieron una buena noticia al enterarse de que esta semana, el Senado aprobó reformas al artículo 73 de la Constitución para federalizar los delitos contra periodistas. La reforma no sólo incluye a los reporteros o trabajadores profesionales de los medios de comunicación sino que también considera a cualquier persona que advierta algún atentado contra su libertad de expresión. Esta reforma no solo abre la puerta para proteger la profesión periodística, sino que también abona para el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque la reforma no busca invadir las esferas de competencia de las autoridades estatales, permite que personas que se vean limitadas en su libertad de expresión en los estados, puedan acudir a instancias federales como la Procuraduría General de la República, las secretarias de la Defensa, Marina o Seguridad Pública para prevenir y combatir delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión. Para algunos expertos, para que la reforma funcione a cabalidad se requiere además de la ratificación de la reforma en los Estados, ajustes al código penal federal, al código de procedimientos penales, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación (que acote la facultad discrecional de atraer los casos).
En este contexto, la organización Artículo 19 presenta el documento “Silencio Forzado: el Estado cómplice de la violencia contra la prensa” en el cual se hace un recuento de los abusos a la libertad de expresión decodificando la naturaleza y el contexto de hechos documentados en 2011. La organización advierte que se detecta un cambio en las características de la violencia ejercida contra periodistas y trabajadores de los medios en México ya que de la autocensura aplicada por los medios, se pasó a la fase de “periodistas rehenes” del crimen organizado, una fase en la cual presenciamos, entre otras cosas, el despliegue mediático de la estrategia de comunicación del narco. En el documento se destaca que en seis años de existencia, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha tenido dos nombres diferentes, cuatro titulares distintos y ha ejercitado acción penal en sólo 27 casos de agresiones a periodistas consiguiendo una sola sentencia condenatoria.
Por otro lado, esta semana, intelectuales e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil reaccionaron ante la propuesta presidencial de Gerardo Laveaga como comisionado del IFAI. Para salvaguardar la autonomía y buen funcionamiento del órgano garante, se pidió al Senado que el candidato cumpliera con el requisito jurídico, no probado hasta ahora por Laveaga, de tener ampliio conocimiento y experiencia en materia de transparencia y acceso a la información.
