Desde 2007 se han realizado esfuerzos para blindar la publicidad oficial y evitar que ésta se convierta en un insumo más para hacer promoción de las acciones del gobierno con fines electorales. En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó definida de manera clara que toda la publicidad que realice el gobierno debe tener “carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social”. A pesar de ello, sigue siendo tan delgada la línea entre la promoción de información de interés para la ciudadanía y la promoción personalizada, que no se ha logrado un verdadero control de estas acciones.

Cuando se aprobó el Pacto por México en 2012, el compromiso 95 incorporó el tema de la regulación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, a la fecha y a pesar de que en el artículo tercero transitorio de la reforma Político Electoral quedó establecida la obligación de regular en la materia en la Cámara de diputados, no se ha logrado que ninguna iniciativa llegue a comisiones para ser discutida. A esta omisión, se suma también un gasto de más de 38 mil 247 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial, solamente en el Ejecutivo Federal. Todo el sexenio se ha sobreejercido esta partida: 49% en 2013, 35% en 2014, 80% en 2015 y 134% en 2016 (Fundar, 2017).

El tema de regulación en la publicidad genera polémica y trastoca muchos intereses privados y públicos, pues implica por un lado, que los medios de comunicación encuentren otros esquemas de financiamiento que no solo provengan del ámbito público para así, poder tener un ejercicio periodístico objetivo y que no obedezca a intereses particulares. Es por ello que es urgente lograr acuerdos en esta materia.

Bajo este contexto, la organización Artículo 19 inició un juicio de amparo contra la omisión del legislativo de cumplir con el deber de regular y por provocar una parálisis legislativa en torno a la regulación de la publicidad oficial. Este juicio será discutido en la 1ª Sala la Primera Sala del Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el próximo 15 de noviembre de 2017. Algunos aspectos relevantes que se estarán discutiendo son: la naturaleza material de la omisión legislativa reclamada, si procede o no el amparo contra las omisiones legislativas, así como determinar si la ausencia de reglas claras en materia de publicidad oficial violan el derecho a la libertad de expresión. (Consulta aquí toda la información)

Este tema es de gran relevancia, pues puede sentar bases importantes para evitar que las omisiones legislativas para avanzar en la construcción de cambios estructurales en el país sea la constante. Urgen consensos, contrapesos y compromiso para que el interés público logre prevalecer por encima de intereses de partidos y cúpulas que ejercen el poder. Vale la pena estar pendientes de las discusiones que se darán en los próximos días en torno a este tema.

 Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC