Hace 66 meses, desde la provincia soplaron fuertes vientos hacia el centro del país, con la finalidad de llamar la atención del Congreso de la Unión, sobre una de las asignaturas pendientes más importantes para consolidar el avance de la democracia en México. Con los Gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas haciendo punta, llevando como pistones al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) y a los Institutos de acceso a la información estatales, que en marzo de 2005 funcionaban en la República, en la capital de Jalisco se hizo pública la “Declaración de Guadalajara”.
Este documento fue firmado por José Reyes Baeza, Armando Reynoso Femat y Amalia García Medina, y en él, se aceptaba la existencia de asimetrías legales y en consecuencia, heterogeneidad en el procedimiento de acceso a la información pública en las entidades del país. Un año más tarde se conoció la “Iniciativa Chihuahua”, signada por los mandatarios de Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Zacatecas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ambos documentos colocaban en el núcleo una reforma al sexto constitucional. El del estado fronterizo se dio a conocer en noviembre de 2006.
Entre ambas fechas, María Marván Laborde, en ese entonces presidenta del IFAI, cabildeó la intentona legislativa ante los Gobernadores reunidos en la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), celebrada el 6 de marzo en la ciudad de Guanajuato. La comisionada enfocó la “Declaración de Guadalajara”, como la ruta inmediata sobre la cual encausar la democracia en México. El cabildeo tuvo éxito; el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que sentó las bases y principios para homologar este derecho fundamental en el país.
Los Congresos estatales sintonizaron las leyes en la misma frecuencia, dando cumplimiento al mandato contenido en la parte transitoria de la reforma. Parece increíble que únicamente el Congreso de la Unión no haya cumplido, ya fuera de tiempo, con la adecuación de la legislación federal. La minuta sigue atorada en la Cámara de Diputados, en donde también mandan los Gobernadores. Por esta razón es necesario traer a colación la declaratoria de la XLI Reunión de la CONAGO, realizada el pasado viernes 27 de mayo en Monterrey.
Todo parece indicar que una vez más, los Órganos Garantes encuentran en la CONAGO un importante aliento para seguir desarrollando y fortaleciendo tanto el derecho de acceso a la información, como la transparencia y la rendición de cuentas. Objetivo último que se enlaza con el reto que tenemos quienes somos parte de la Red por la Rendición de Cuentas. Destaco un par de rasgos. Que a diferencia de 2006, la declaratoria tiene el apoyo de todos los gobernadores de todos los partidos. Y que la misma se realiza conjuntamente con la edición XII de la COMAIP, cuyos integrantes no esperábamos este espaldarazo.
Cuatro son los compromisos asumidos. Primeramente, elevar la calidad de las leyes de transparencia, tanto estatales como la federal. En segundo lugar, se pretende mejorar los portales de Internet de los sujetos obligados y con ello la información pública de oficio. En ambos casos la Métrica de la Transparencia 2010, es referente obligado para las acciones a seguir. Sus resultados fueron entregados por Sergio López-Ayllón en la XII COMAIP. Es decir, no hay razón que valga para no utilizarlos en sentido propositivo.
Insistir en la capacitación para elevar la calidad de la respuesta a los usuarios de este derecho fundamental, es un tercer compromiso. Y el cuarto tiene que ver con el fortalecimiento de los Órganos Garantes. Nuevamente, el estudio realizado por el CIDE en el 2010, es documento de cabecera: ahí se encuentra evaluada la capacidad institucional. Veremos hasta donde nos lleva este nuevo aliento, tomando en cuenta la coyuntura de la sucesión presidencial 2012. Por lo pronto, le damos la bienvenida.
