Por: Mariana Campos (@mariana_c_v)
La falta de exigencia ciudadana no es un capricho o una frivolidad de la sociedad mexicana. Exigir cuentas en este país es un trabajo desalentador, demandante en esfuerzo y con mala paga. Un ejemplo emblemático es el reciente caso de la iniciativa #YoContribuyente que desafortunadamente hasta el momento todavía no recibe respuesta definitiva por parte de la autoridad.
La iniciativa fue promovida por un grupo de analistas, escritores y académicos, apoyado con más de 45 mil firmas de ciudadanos. Interpusieron un amparo en febrero de 2013 en contra del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación de ese ejercicio fiscal, mediante el cual se eximió a los municipios y estados de cumplir sus obligaciones tributarias en el pago del ISR que habían retenido a sus empleados. Al final de la historia, los gobiernos locales gastaron esos recursos, sin haber sido incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y fueron ejercidos en la opacidad.
Los autores de la iniciativa argumentan, con mucha razón, que “al otorgar este beneficio discrecional a los gobiernos locales se está trasladando la carga sobre los contribuyentes cumplidos”. Así, se vulneran derechos humanos de propiedad privada y, con la opacidad, el derecho a conocer el destino de las contribuciones. De esta forma, el caso podría servir para establecer un precedente jurídico e institucional muy relevante y trascendente. Puede acreditar el interés legítimo de los contribuyentes ante las instituciones pertinentes para exigir el respeto de los principios y derechos constitucionales y la reparación de los derechos fundamentales vulnerados.
Sin ser abogado, cualquiera que conozca la Constitución en materia del ejercicio de los recursos públicos puede entender que aparentemente existen varios conflictos jurídicos entre ese artículo de la Ley de Ingresos de la Federación y lo que marca nuestra Carta Magna. En términos prácticos, se aprobó que dichos gobiernos locales gastaran fuera del presupuesto y de manera opaca, cuando la Constitución (así como las buenas prácticas para un manejo efectivo del presupuesto público) establece que todo gasto debe ser presupuestado y ejercido en un marco de transparencia (Roldán Xopa, 2014). Esto se puede leer específicamente en los Artículos 126 y 134 constitucionales.
Además, la Cámara de Senadores, encargada de votar la Ley de Ingresos, excedió sus facultades, pues participó en el otorgamiento de un “permiso” para que los gobiernos locales gasten de manera extrapresupuestaria, cuando esta Cámara no se encuentra facultada para presupuestar gastos, ni siquiera de manera regular. La aprobación del gasto es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el Artículo 74 constitucional.
La iniciativa ya recibió su primer “no procede”. El 19 de agosto de 2013, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal desestimó el amparo interpuesto por los ciudadanos, argumentando que los quejosos no contaban con ‘interés legítimo’ para presentar el amparo. Deprimente que no se considere que un contribuyente tenga interés legítimo sobre el manejo de los recursos que aporta al erario.
Finalmente, los demandantes acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo representante del Poder Judicial, y, el pasado 9 de julio, su Primera Sala rechazó por mayoría de votos el proyecto de sentencia del ilustre ministro José Ramón Cossío, que proponía rechazar el amparo pero reconocer el interés legítimo de los contribuyentes[1]. Se preparará otro proyecto, por lo que, en términos prácticos, habrá que esperar más para que se resuelva el asunto.
Independientemente de lo pertinente o no que haya sido esa decisión de la SCJN para la propia iniciativa, por el momento se incrementó el costo de la misma, por el simple hecho de que los ciudadanos que la persiguen seguirán invirtiendo tiempo y recursos en este asunto.
Exigir rendición de cuentas es una carrera de resistencia, que requiere mucha condición física y, a todas luces, estamos fuera de forma. A pesar de que los ciudadanos mexicanos estiman que sus instituciones públicas son corruptas[2], sólo unos cuantos consideran que es necesario aumentar su rendición de cuentas. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) revela que sólo 3.51% de las personas mayores de 18 años perciben como un problema social importante la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno. Es decir, sólo un mínimo porcentaje de la población piensa que los funcionarios públicos y en general los gobiernos e instituciones públicas tendrían que explicar más y mejor sus decisiones, lo que hacen y gastan, así como hacerse responsables de su desempeño.
Esta cifra es desalentadora: la rendición de cuentas debe permitir conseguir mejores resultados de política pública y desempeño gubernamental. Esto es porque, al menos en teoría, los mecanismos de rendición de cuentas, cuando operan adecuadamente, incrementan el costo de la corrupción o del bajo desempeño gubernamental.
Por otra parte, una mayor exigencia ciudadana es clave para detonar una política en rendición de cuentas robusta. Es primordial no sólo contar con un marco normativo que especifique las obligaciones en materia de rendición de cuentas, sino también que esta normatividad se implemente debidamente. Pero, para que ese marco normativo evolucione, se perfeccione y se ponga en práctica de manera efectiva, el ingrediente indispensable es mantener una demanda social activa de esa rendición de cuentas.
Un ejemplo claro de lo anterior se puede observar en la política de transparencia, que puede ser vista como un eslabón de la rendición de cuentas. Ya contamos con un marco normativo que reconoce plenamente el derecho de acceso a la información pública y exige ciertas obligaciones de transparencia. A jalones y estirones ese marco normativo se pone en práctica: existe un sistema de solicitudes para exigir información pública (transparencia reactiva) y, además, las instituciones gubernamentales motu proprio publican ciertos datos (transparencia proactiva). Se publica poca o mucha, buena o mala, pero se publica información. Sin embargo, si queremos que la información publicada sea de mejor calidad, más útil, oportuna y accesible, entonces es necesario que exista un usuario de la misma y que se genere una demanda social de esa información, que defina específicamente qué información requerimos que el gobierno haga pública.
Revisando de manera general los resultados de la ENCIG, se sabe que Querétaro es el estado donde la población percibe que la corrupción es menos frecuente en comparación con el resto de las entidades de la República. Al mismo tiempo, es el estado que muestra una mayor exigencia ciudadana en términos de rendición de cuentas, ya que 7.3% de la población mayor de edad considera que es necesaria una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades, dos veces el porcentaje de la exigencia a nivel nacional (3.5%).
El caso opuesto es el de Guerrero, donde se percibe el mismo nivel de corrupción con respecto a la percepción media nacional –49% de la población mayor de edad– y donde los servicios públicos han salido peor evaluados. Esta entidad otorga una calificación de 5.4 en promedio a los servicios públicos cuando la media nacional es de 6.6. Sin embargo, en este estado sólo 0.8% de la población mayor de 18 años considera que es necesario un mayor nivel de rendición de cuentas.
Percepción de la Alta Frecuencia de la Corrupción y de la Falta de Rendición de Cuentas
(% de la población mayor de 18 años)
Uno podría pensar que si la incidencia en corrupción es alta, entonces se requiere una mayor rendición de cuentas, pero funciona al revés. Es la mayor exigencia en la rendición de cuentas la que promueve una menor incidencia en corrupción.
La rendición de cuentas debe ser una política fundamental en un sistema de control de la corrupción. Como ya se mencionó, con esta política es posible operar mecanismos que incrementen el costo del bajo desempeño gubernamental o de la corrupción. Es por eso que con frecuencia escuchamos voces que insisten en la enorme importancia de la función que desempeñamos los ciudadanos. Trabajar mucho y ser un buen miembro de familia no es suficiente para lograr el desarrollo de este país. Tenemos que ir más allá, organizarnos, y tener una actuación relevante. Si pagamos más impuestos, exijamos más a cambio.
Es un ejercicio cansado, en el que se recibe como respuesta frecuente el “no” o “después”. Pero no podemos desistir si queremos un mejor país, es necesario perseverar y emprender más iniciativas ciudadanas que exijan rendición de cuentas. Aunque no siempre prosperen, de algún modo la exigencia sí eleva el costo de la opacidad, del mal desempeño y hasta de la corrupción. Es necesario formar una cultura de exigencia y que el gobierno y todas las instituciones del Estado se acostumbren a que los ciudadanos vamos a pedirles cuentas. Se requiere no quitar el dedo del renglón.
*Mariana Campos es Coordinadora del área de Gasto y Transparencia de México Evalúa.
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013): Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. INEGI. México.
Roldán Xopa, José (21 de julio 2014): El amparo #Yo Contribuyente ¿y dónde está la Corte? Red por la Rendición de Cuentas.
Fuentes, Víctor (09 julio 2014): Desechan amparo contra perdón de SAT. Reforma.
[1] Fuentes, Víctor (09 julio 2014): Desechan amparo contra perdón de SAT. Reforma.
[2] De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), las instituciones públicas son percibidas como las más corruptas. De un total de veinte instituciones públicas y privadas consideradas en la encuesta, las ocho públicas ocupan los lugares de las ocho instituciones percibidas como más corruptas.
Artículo publicado en: Animal Político
