Las Universidades y demás Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) tienen un doble papel estratégico en el sistema de rendición de cuentas de un país, por un lado, son formadores de su principal capital: recursos humanos con conocimientos especializados, además de otras habilidades y competencias para que los jóvenes adultos que transitan por las IPES, actúen como ciudadanos capaces y exigentes, comprometidos con las prácticas sociales democráticas, entre ellas, la demanda de una rendición de cuentas gubernamental. Por otro lado, las IPES deben ser ejemplo de rendición de cuentas en todas sus áreas: recursos financieros, desempeño del servicio público de educación superior, transparencia de la información pública que poseen y generan, entre otros.

En México, en materia de rendición de cuentas, las IPES han recorrido una ruta similar a la mayoría de agencias e instituciones públicas la cual va desde el rechazo inicial, la posterior resignación y asimilación cotidiana hasta llegar incluso a las buenas prácticas; veamos, abreviadamente, este recorrido enfocándonos a la fiscalización superior federal:
Con motivo de la revisión a la Cuenta Pública Federal de 1997, se audita al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma de Chapingo1, por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda; de manera ya sistemática y programada para revisar la siguiente Cuenta Pública, se realiza la primera revisión a la Universidad de Guadalajara, la cual acepta la auditoría a pesar de que algunas voces argumentaban que las Universidades públicas no debían ser fiscalizadas por gozar de una autonomía institucional reconocida en la Constitución.

Dentro del programa de fiscalización a la Cuenta Pública 1999 se plantearon las revisiones a las Universidades Veracruzana y Autónoma de Tamaulipas, ésta última se negó a ser fiscalizada y recurrió al juicio de amparo en diciembre del 2000; en la resolución de la Corte, se establece que el respeto al principio de autonomía universitaria no excluye la fiscalización de los recursos públicos que por medio de subsidios se transfieren a las IPES.

Por su cuenta, la UNAM en el 2001, de manera voluntaria, presentó sus estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal del 2000, a la Cámara de Diputados, procediendo la Auditoría Superior de la Federación a programar para la fiscalización de la Cuenta Pública 2000, auditorías a la UNAM y otras cinco IPES. Estos acontecimientos detonan el aumento de la fiscalización superior a las IPES hasta culminar en el 2004 con el convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior, AC. (AMOCVIES) con el objetivo de establecer y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración técnica entre el control interno universitario y el externo federal.

A partir de la revisión a la Cuenta Pública 2004, se practican auditorías de desempeño además de las de gestión financiera con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior. Entre 1998 y 2008 la Auditoría Superior de la Federación reporta haber practicado 70 auditorías a 40 de las 98 IPES, que agrupan 963 observaciones que generaron 1337 acciones promovidas y cuantiosos resarcimientos económicos.

Pero es hasta la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2008, que se practica a la UNAM, la primera auditoría integral de desempeño a una Universidad Pública quedando establecidos los términos de referencia de la misma para obtener una verdadera evaluación de los indicadores y metas establecidas por las propias IPES en relación a sus funciones de docencia, investigación, difusión y gestión institucional, es decir, evaluar su eficacia, eficiencia y economía en la prestación de sus servicios.

Por otra parte, las IPES y su personal (rectores, directivos y los propios docentes e investigadores) son llamados a rendir cuentas en materia financiera, en forma continua, fragmentada y por diversas instancias además de la Auditoría Superior de la Federación: su órgano de control interno, el órgano fiscalizador local, instituciones federales (CONACyT, SEP, SHCP) y sus homólogas estatales; también, por sus obligaciones en materia de transparencia de la información pública; por la contraloría social fomentada por las propias IPES a través de sus concejos sociales y por el derecho de acceso a la información pública; por organismos internacionales cuando reciben fondos y recursos de ellos y en forma diaria, por sus propios usuarios (aspirantes, alumnos y rechazados de los programas educativos, personal docente, de investigación y administrativo, proveedores, entre otros).

Visto este panorama, no solo el financiamiento de la educación superior y su gestión es complejo, también tenemos, no obstante los avances en la fiscalización superior señalados, la gran aspiración de tener una única e integral auditoría que nos arroje una evaluación veraz y particular de cada IPES, de su desempeño institucional, en lugar de muchas revisiones específicas e inconexas y avanzar entonces en las respuestas de las grandes incógnitas ¿hay un gasto público suficiente y de calidad en la educación superior? ¿se aplican adecuadamente esos recursos por parte de las IPES? ¿por qué hay tantas asimetrías entre las IPES en relación a su calidad educativa? ¿Por qué no tenemos mejores profesionistas egresados de las IPES mexicanas?

aimeefn@cucea.udg.mx

Zapopan, Jalisco, a 11 de octubre de 2010.