Agradezco la invitación de la que ha sido objeto la Auditoría Superior de la Federación para participar en este evento.

Como ustedes saben, la institución que tengo el honor de encabezar es integrante de la Red por la Rendición de Cuentas. La decisión de formar parte de este esfuerzo colectivo, tiene que ver con la complejidad de los temas que involucran el trabajo de la ASF. Por ejemplo, la corrupción y la mejora de la gestión gubernamental son asuntos complejos; se requieren diferentes perspectivas para poder entenderlos y buscar su solución.

El valor de la red radica en la diversidad de opiniones y puntos de vista. La contribución de la Auditoría Superior de la Federación descansa en su calidad de organismo del Estado, que ha consolidado su posición ante la opinión pública en los últimos años.

Esto se debe, sin lugar a dudas, a un esfuerzo continuo de privilegiar el trabajo profesional y de hacer respetar su autonomía técnica y de gestión, al margen de presiones partidistas. Para ser independientes y autónomos hay que serlo y parecerlo. Con esta visión, esperamos que nuestras aportaciones hayan sido y sigan siendo de utilidad para la Red.

Todos los que contribuimos en los trabajos de la Red, debemos sentirnos satisfechos: es un hecho incontrovertible el peso que han tenido sus empeños en las discusiones y proyectos legislativos que actualmente forman parte de la agenda nacional. Felicidades Mauricio, Lourdes y Sergio.

De manera inicial, deseo señalar que cualquier esfuerzo en la arena pública que se ocupe de temas vinculados con la rendición de cuentas, es positivo. Recordemos que mucho de lo alcanzado en nuestro país, en materia de transparencia y rendición de cuentas, se ha generado en el contexto de una presión de la opinión pública por contar con gobiernos más abiertos y eficientes.

Creo que la labor de la Red es generar una corriente de opinión en donde se subraye la importancia de dos elementos fundamentales: (1) que la política pública parta de un diagnóstico adecuado y (2) que se evite la fragmentación de esfuerzos.

En particular, haré referencia a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para modificar tanto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como al proyecto para establecer una Comisión Nacional Anticorrupción.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental plantea dos objetivos principales: (1) establecer reglas de transparencia para la información financiera generada durante el proceso presupuestario, desde la elaboración de los presupuestos hasta la rendición de cuentas, y (2) armonizar la presentación de la información financiera en los tres órdenes de gobiernos, con el fin de publicar documentos homogéneos que permitan analizar y comparar el desempeño de los entes públicos.

Cabe mencionar que varios de sus artículos son muy semejantes a lo que contienen diversas disposiciones vigentes. Menciono algunos aspectos específicos:

·     La transparencia del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a los estados y municipios, (referidos actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

·     La presentación específica de la transparencia de los pagos de servicios personales realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), (regulados actualmente por el Presupuesto de Egresos de la Federación).

·     La obligatoriedad de los gobiernos estatales y municipales, respecto a mantener registros específicos de estos recursos, que se encuentren debidamente actualizados, identificados y controlados, (señalados también en el Presupuesto de Egresos de la Federación).

·     Así como, abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos; (igualmente contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación).

Esto es, habría que evitar la duplicidad de conceptos regulados en otros ordenamientos legales por lo cual, se debe llevar a cabo un análisis para armonizar todas las disposiciones.

Adicionalmente, se incorporaron en la Iniciativa elementos normativos que por su naturaleza corresponden a la gestión operativa de los fondos y programas financiados con los recursos públicos, sobre todo, en el caso del gasto federalizado.

Consideramos que la operación de los fondos debe establecerse en un ordenamiento legal diferente, incluso a la propia Ley de Coordinación Fiscal, como podría ser una Ley para el Gasto Federalizado. Este proyecto, de hecho, ha sido propuesto por la ASF, como una de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización.

La Iniciativa del Ejecutivo, contiene aspectos que en principio son positivos, y abren la oportunidad de profundizar en ellos. Se percibe además la inquietud de legislar en materia de Gasto Federalizado, para lo que es claro, hay que reforzar los mecanismos de contabilidad gubernamental.

Finalmente, es de relevancia señalar que con el fin de impulsar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley General de Contabilidad Gubernamental a partir de la fiscalización de la próxima Cuenta Pública, la ASF participará en la fiscalización de este proceso, mediante la aplicación de auditorías al mismo, lo que permitirá no solo la identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad en cuanto a la adopción e implementación de la citada Ley, así como las demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sino en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes.

No obstante, con base en el conocimiento que tenemos respecto a la implementación de dicha Ley, sería conveniente que en sus reformas se considere una ampliación al plazo de cumplimiento de dicho ordenamiento legal.

Por otra parte, en lo que toca a la propuesta de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, lo primero que hay que decir es que aún no está del todo claro los alcances que tendrá esta entidad.

Sin embargo, considero que es de utilidad hacer una revisión de las propuestas presentadas por la Red a los partidos políticos, sobre los temas potencialmente vinculados con la corrupción y el sistema de sanciones, y a partir de ahí, sugerir las características que deberían privilegiarse en este nuevo órgano, con el fin de evitar nuevamente la fragmentación.

Las conclusiones de la Red, implícitamente nos hacen ver que la corrupción es una consecuencia, no es la causa del problema. Los elementos que la generan son diversos y complejos, y las soluciones que se propone deben estar interconectadas entre sí.

Es importante tomar en cuenta a las condiciones estructurales que generan la corrupción y no enfocarse sólo al ataque de los actos consumados.

Vale la pena recordar que en el documento entregado por la Red a los partidos políticos se manejan los siguientes elementos:

Leo la cita: Otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público y crear un área especializada de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de delitos que menoscaben el patrimonio público o constituyan acciones u omisiones deliberadas en detrimento del ejercicio de la función pública. Esta área actuaría, en su caso, por iniciativa y con la coadyuvancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Así como, crear una instancia jurisdiccional especializada  para desahogar las responsabilidades administrativas.

Para encuadrar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en el contexto de las propuestas de la Red, evitando la fragmentación y generando incentivos positivos para una rendición de cuentas efectiva, que disminuya la presencia de la corrupción en la gestión pública, dicha Comisión debería convertirse en una instancia autónoma que, en su caso, investigara y persiguiera delitos vinculados con la corrupción, y que, al mismo tiempo, se hiciera cargo de las sanciones de responsabilidades administrativas en los tres niveles de gobierno.

Todos los órganos de fiscalización en el país y los institutos de transparencia deberían estar facultados para ser promoventes ante esta instancia.

En otras palabras, si la Comisión se convierte en la instancia en donde se concentra la parte de la sanción (penal y administrativa) dentro del ciclo de rendición de cuentas, se podría tener esperanzas de que el proyecto tenga una utilidad real para mejorar la manera en cómo opera el gobierno, en todo el país.

De entrada, con la poca información disponible, no encontramos que exista duplicidad ni injerencia con las funciones de la ASF. No obstante, se requiere ser muy enfático para asegurar su marco legal que precise sus facultades y la blinde de presiones externas para evitar que se convierta en un ente de persecución al servicio de intereses partidistas; habría que definir los alcances de sus posibles labores de investigación.

Estimados asistentes a este evento:

Si al final del camino las nuevas disposiciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, son planteadas adecuadamente dentro del marco de referencia de las propuestas de la Red, hay que estar conscientes de que no son la solución total, ni en el corto plazo, al problema que enfrentamos de una rendición de cuentas insuficiente y mal coordinada.

Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, resulta necesario analizar y debatir con mayor profundidad el modo en que los Órganos Internos de Control, responsables de la adecuada implementación y operación de los controles internos, quedarán organizados, en caso de que la Comisión Anticorrupción remplace a la Secretaría de la Función Pública, tal como se ha señalado en la prensa nacional.

Ya sea que dicha sustitución tenga lugar o no, estoy convencido de que la auditoría interna y el control interno deberá contar en el futuro, con un peso mucho mayor del que hasta ahora ha tenido, para hacer frente a las demandas ciudadanas de una gestión gubernamental sin incentivos para generar corrupción.

Cabe subrayar la relevancia que guarda un adecuado proceso de Evaluación de Riesgos de Corrupción al interior de cada entidad y dependencia del sector público, con objeto de reducir los índices de este lesivo fenómeno.

Todas las entidades y dependencias están expuestas a riesgos de corrupción, ya que este riesgo se asume en cualquier proceso que involucra a la interacción entre personas. La exposición al riesgo de corrupción de una entidad puede ser contrarrestada en la medida en que existan controles internos efectivos para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos corruptos, y según el grado en que exista una función educativa al interior de la entidad que reafirme la honestidad e integridad de aquellos involucrados en los procesos de la dependencia o entidad.

Con el fin de evitar la fragmentación entre el control interno, la auditoría interna y la fiscalización superior, considero que la iniciativa lanzada en el año 2010 por la ASF, denominada Sistema Nacional de Fiscalización, es de gran importancia para generar una misma visión profesional, con los mismos estándares, principios éticos y capacidades técnicas.

Por otra parte, en otro tema, como se ha señalado en múltiples ocasiones, por el diseño del marco legal, la información que presenta la ASF aún no es un insumo oportuno para los diputados en la asignación presupuestaria. Con este objetivo, entre otros, y resultante de la colaboración con el cuerpo legislativo, han sido aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados diversas modificaciones constitucionales — actualmente en curso en la Cámara de Senadores— para la ampliación y fortalecimiento de las facultades del órgano técnico fiscalizador.

Cabe mencionar, que estas modificaciones están en línea con las propuestas hechas por la Red a los partidos políticos.

Entre las principales modificaciones, están: reconocer a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización; iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; tener intervención, bajo ciertas condiciones especiales, durante el ejercicio en curso; presentar informes individuales conforme vayan concluyendo las auditorías, y presentar un Informe General Ejecutivo del Resultado el 31 de octubre, sobre la Cuenta Pública del año fiscal previo.

Finalmente, no debemos olvidar que una de las causas de los empeños para fortalecer la rendición de cuentas en México, es la percepción generalizada de que los

gobiernos manejan mucho dinero sin dar resultados, que son ineficientes, que ocultan información y que están tentados a sacrificar el beneficio colectivo por el personal. Es nuestra obligación hacer algo para responder a esta realidad.

Por su atención, gracias