Si las leyes de transparencia y acceso a la información no están bien diseñadas, los Estados tienden a ser corruptos; advirtió Alasdair Roberts, Profesor de Derecho y Políticas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk, durante su participación en el Seminario Internacional “Diseño de política pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción”, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas.
En su conferencia magistral “Más allá de la norma: la gestión de la política pública de transparencia para la rendición de cuentas”, Roberts afirmó que es necesario que los intermediarios entre gobierno y sociedad deben adoptar un papel de exigencia e impulso de marcos legislativos que respalden las necesidades de transparencia institucional y, sobre todo, apoye los trabajos de combate y prevención de la corrupción.
“Debemos confiar en los intermediarios de la transparencia; en los amigos y aliados de la lucha contra la opacidad: los miembros de los órganos garantes y las organizaciones de la sociedad civil deben garantizar los derechos ciudadanos de acceso a la información.” Externó.
Agregó que existen dos retos que enfrenta la transparencia en la mayoría de los países: la resistencia de políticos y servidores públicos a rendir cuentas y evitar la opacidad institucional; y los cambios tecnológicos.
Sobre el primer obstáculo, afirmó los burócratas consideran inconveniente la transparencia, y la concentración de poder en Secretarías de Estado como Hacienda y Gobernación, en muy pocas manos, atentan contra los principios de apertura informativa.
“Los acuerdos secretos sobre inversiones del gobierno en empresas privadas, así como las asignaciones y contratos celebrados bajo parámetros de opacidad, son prácticas que resultan de malas planeaciones legislativas al respecto.”
Sobre las nuevas tecnologías existen dos elementos importantes: la vulnerabilidad de los aparatos y servidores, donde se expone nuestra información personal a empresas y corporaciones, y, por otro lado, el uso de estas herramientas para impulsar una mayor transparencia y rendición de cuentas.
