A unos días de haber entregado el Informe de la Cuenta Pública 2013, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, reconoce que no hay “peces gordos” en la cárcel por corrupción porque no hay políticos “tontos” y ellos no son los que firman o llevan a cabo las operaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, recuerda el caso de Tabasco, donde fue evidente que en el desfalco participaron el ex gobernador Andrés Granier y su secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz, sin embargo, ambos no aparecían en ninguna documentación; se logró su detención y están en la cárcel, pero lamenta que no todos estén ahí.

Portal adelanta que para el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014 no evadirán su responsabilidad y atenderán las peticiones que tienen para investigar todos los contratos que haya realizado el gobierno federal, los estados de la República o los órganos descentralizados con Grupo Higa, que dirige Juan Armando Hinojosa.

Sentado desde su oficina en avenida Coyoacán en la colonia del Valle, Juan Manuel Portal se compromete a que las revisiones de los contratos de Grupo Higa y su posible relación con la adquisición de la llamada “casa blanca”, de la primera dama Angélica Rivera; de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, se harán con profesionalismo, ética e imparcialidad.

Pero adelanta que por las características que existen, “pareciera que sí hay conflicto de intereses”, pero pide esperar para conocer los detalles de los contratos, fechas y firmas.

Después de que en el informe se detectaron observaciones o presuntas irregularidades por 67 mil millones de pesos en varios estados, el auditor asegura que —sin distingo de partidos— los gobernadores tienen “controlados” a sus órganos fiscalizadores, lo que impide una rendición de cuentas eficaz.

De acuerdo con Portal, también se carece de una cultura de la legalidad, lo que da pie a los actos de corrupción.

Reconoce que actualmente hay “impunidad” en México, y se debe avanzar en el ámbito educativo para que con el paso del tiempo se pueda acabar con este fenómeno.

“(Se deben hacer) muchas cosas y no es de un día para otro, no hay que crear falsas expectativas de que con esto al día siguiente, no, no, no. Es una cultura y hay que ir avanzando y en la medida de que haya una libertad, decisión y voluntad para hacerlo pero que se demuestre que vamos a avanzar para acabar con la impunidad”, señala.

Coincide en que la impunidad también tiene que ver con quienes sancionan, y finalmente acaban de ver los casos, es decir los jueces.

Puede ser, explica, que un caso esté perfectamente sustentado, pero el señalado alcanza la libertad. Entonces, hay que reforzar la integridad en el caso de los jueces, refiere.

El control de los gobernadores

¿Cómo se encuentra el país después del informe que presentó?

—Muchos sectores se sienten conmocionados de ver de golpe tanta información, tantos datos, observaciones y la posibilidad de que se promuevan pliegos de observaciones o que se lleguen, inclusive, a presentar denuncias. Es impactante porque de golpe se presenta el resultado de mil 403 intervenciones que tuvimos a más de 200 entes auditados y son muchas las acciones que promovemos no sólo en el Ejecutivo, sino en los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno. Y será para que el gasto público se ejerza con mayor calidad.

¿No se saben usar los recursos o tenemos políticos muy abusivos?

—No es que sean directamente los políticos; el origen de este cúmulo de observaciones se basa en que hay una falta de control, de cultura de la legalidad, de la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia y de la honestidad e integridad. Si los servidores públicos fueran más honestos y tuvieran una competencia técnica sobre la materia en que nos contrataron tendríamos mejores resultados.

¿Y los estados?

—No hay una independencia de los entes fiscalizadores en los estados, desafortunadamente no ha caminado la cultura de la fiscalización al ritmo que lo ha hecho la Auditoría en los estados. Prácticamente están casi comandados por el gobernador, aunque dependen y los nombran el Congreso local, las instrucciones y la cercanía, influencia y el ambiente que se da en los estados hace muy difícil la labor de un auditor superior; si hiciera público todo, pues lo quitan, y no sólo es que lo quiten, sino que no puede conseguir trabajo y sus hijos y esposa viven y trabajan en esa comunidad, es muy complicado. Y también hay estados con debilidad en sus Congresos, en muchos estados el gobierno en turno tiene influencia en los Congresos.

¿Qué consecuencia tiene que los fiscalizadores estén controlados por los gobernadores?

—Que tienen menos resultados y públicos, porque en algunos de los estados los fiscalizadores no tienen facultades para hacer públicos los programas, ya no digamos los informes.

Hay dos estados que no nos envían la información a tiempo (Puebla y Guanajuato), porque sus Congresos tienen una fecha para revisar la fiscalización local y mientras no lo revisen y aprueben esas cuentas públicas no lo pueden enviar y mientras no se homologuen las leyes que soportan la fiscalización con las leyes de responsabilidades seguiremos con deficiencias y se requiere la voluntad política.

¿Por qué no hay ‘peces gordos’ en la cárcel?

—Una forma muy llana de decirlo es porque los ‘peces gordos’ no son los que firman, no son los que llevan a cabo la operación directamente, no aparecen y como siempre se ha dicho, se les puede acusar de deshonestos, pero no de tontos. ‘Peces gordos’… gordos tendría que haber ya.

Voy a poner un ejemplo, en Tabasco, es evidente que quienes participaron en esto fueron el ex gobernador (Andrés Granier) y el secretario de Finanzas (José Manuel Sáiz), sin embargo, ellos no aparecían en nada, a través de las imputaciones se logró que hubiera una detención con los elementos y están en la cárcel y muchos más ‘peces gordos’ están, pero no todos.

¿Hay impunidad en México?

—¡Muchísima! Es el sentir que se percibe por todos lados, yo soy igual ciudadano y lo veo y estoy en esto, entonces sí hay muchísima impunidad y tiene que ver no sólo con la fiscalización, tiene que ver con quienes sancionan, con quienes finalmente acaban de ver los casos que son los jueces, puede ser que un caso esté perfectamente sustentado, sin embargo, vemos que los sueltan, hay que reforzar los aspectos de la integridad en el caso de los jueces, esto es el final de la película en el tratar de acotar la impunidad, que haya una sanción más efectiva y esto hace que no tengamos confianza.

¿Qué opinión le merece el tema de la llamada “casa blanca”?

—Lo más que puedo decir es como ciudadano, esa casa fue adquirida entre particulares, fue una operación entre particulares, no están usándose recursos federales, ya ni siquiera públicos, federales, lo único que me toca a mí son los federales. Entonces lo mismo que puede opinar cualquier persona de la impresión que deja es la misma, ni lo defiendo ni lo ataco, es la misma que todos tenemos.

¿Entonces la auditoría de la Cuenta Pública 2014 no se meterá en los contratos de Grupo Higa?

—¡Ah no! Eso es otra cosa, la operación de la casa es allá. Posiblemente sí es que hay contratos, que yo supongo que debe haberlos, y dependiendo del objetivo que tengamos para lo que es la revisión de contratos, sí hay contratos que tengan valor… o por ser el caso yo creo que vamos a tener que revisarlo.

¿Con lupa?

—Como todo lo que revisamos, con controles, metodología, seriedad y profesionalismo, con ética e imparcialidad, igual que todos.

¿No se detendrán porque son contratos que involucran al Presidente de la República?

—No, ¿por qué? El Presidente no participó en esos contratos, pero y si fuera así también, vamos a revisar contratos, transacciones con recursos públicos federales, si es que hubo, entonces habrá que ver si dentro de los contratos se hicieron contrataciones con esos recursos federales.

¿Ve conflicto de interés en el caso Higa y las casas que se compraron?

—Lo que puedo decir es que por las características pareciera que sí hay conflicto de intereses, pareciera, pero hay que ver el detalle, hay que ver los documentos, las fechas, hay que ver la forma en cómo se contrata, quién firma, hay que revisarlo, lo demás sería simplemente una opinión sobre lo que se ha publicado.

¿Higa no es un ‘foco rojo’ para la Auditoría Superior?

—¿Cuántos millones hubo?, no sé, tengo que ver, obviamente que tenemos peticiones y va a estar considerado dentro de la planeación y que casi puedo asegurar que sí va a entrar en la revisión, no evadimos eso, pero hay que esperarnos a tener los elementos para integrar nuestra planeación y después los programas de revisión, estoy convencido de que lo vamos a hacer.

¿Urge el Sistema Nacional Anticorrupción?

—Urge, ya todo mundo está cansado y aburrido, recorto diario para leerlos con más calma, todo lo que se publica sobre corrupción, son diario 10 o 12 columnas con comentarios sobre corrupción; es urgente que esto se concluya ya, tenemos un retraso importante. Necesitamos más facultades para ser más útiles y no para sancionar porque no nos toca porque seríamos juez y parte. Además oportunidad para entregar en tiempo real las auditorías.

¿Qué se necesita para acabar con la impunidad?

—Ufff… Muchas cosas y no es de un día para otro, no hay que crear falsas expectativas de al día siguiente, no. Es una cultura y hay que ir avanzando y en la medida que haya libertad, decisión y voluntad para hacerlo, pero que se demuestre, vamos a avanzar para acabar con la impunidad.

Fuente: El Universal