Por Samuel Rotta Castilla*

Arranca en Santiago de Chile el segundo encuentro regional de la Alianza para un Gobierno Abierto (el primero fue en Ciudad de México, en marzo de 2012). Juan Ignacio Belbis ha preparado una nota de resumen sobre lo que ha sido el proceso: aquí.

Yo quiero aprovechar el post para profundizar un poquito más en la situación de los países sudamericanos en el año y pico que lleva la AGA funcionando, para lo cual también me voy a aprovechar de la chambaza que hicieron el año pasado los colegas de Global Integrity para sistematizar los planes de acción presentados por los países participantes, tanto en cuanto a los aspectos formales de los mismos como en referencia a la naturaleza de los compromisos presentados.

En la siguiente tabla comparto el análisis realizado a los planes presentados por los países latinoamericanos, en cuanto a sus características formales, tal como se les define en el análisis SMART que usó Global Integrity: Aquí

En términos generales, los latinos lo han hecho bien. Cinco países cumplen con los cinco criterios del análisis SMART y hay solo dos que fallan en tres criterios (Guatemala y Honduras). Los criterios en los que nadie falla son la especificidad y la relevancia. Es decir, ningún país ha presentado compromisos que no tienen nada que ver con gobierno abierto (si creen que es imposible fallar en estos criterios básicos, deberían echarle una mirada al plan de acción de Malta). En el que más se ha fallado es en la mensurabilidad de los planes.

Perú falla en este criterio y en el de operativización. Cabe señalar que en el caso de este país, después de presentar el plan y luego de unos buenos meses de trabajo se completó una matriz de indicadores para el plan.

Además, actualmente se está trabajando en completar el sistema de monitoreo y evaluación, del cual la matriz es solo un componente (si bien el más importante), con lo que, en mi opinión, se supera largamente esas carencias (puesto que ha sido un proceso muy serio y bastante participativo, involucrando a distintas entidades del Estado y organizaciones sociales, razón por la que tomó tanto tiempo.)
Los compromisos: la especificidad latinoamericana

Paso ahora a lo que me parece más interesante. Como dije, los colegas de Global Integrity hicieron una chambaza categorizando todos los compromisos de todos los planes, que son un total de 1179. En el siguiente gráfico está el la distribución de las categorías más frecuentes (que incluyen el 75% del total de compromisos): Aquí el link.

Como ellos mismos señalan en el post en el que presentaron este ejercicio, no llama la atención que e-government y open data sean las categorías más recurrentes: “si la AGA recibiera un centavo por cada vez que se menciona hacer una página web, la Alianza podría financiarse por sí misma.”

Sin embargo, al mirar a Latinoamérica sí que hay unas diferencias sumamente interesantes. Al igual que en el caso anterior, hice la contabilidad de los once planes de acción presentados por países latinoamericanos. Debo advertir que he tomado la categorización hecha por Global Integrity tal cual, sin cuestionarla. Sí considero que un ejercicio de recategorización es necesario, porque, por ejemplo, en el caso del plan de Perú ellos marcaron como “open data” compromisos como “que los portales de transparencia estándar utilicen un formato más amigable y entendible” o “aprobar un certificado para los portales de transparencia estándar”, los cuales a mi me parece que claramente se ubican dentro de la categoría “c”. Pero creo que para los efectos de este análisis, no está mal mantener las propias etiquetas puestas por ellos. Recategorizar requerirá tiempo que no tengo ahora y una discusión más amplia.

Hay 207 compromisos en los planes de acción latinoamericanos. La distribución de las categorías es la siguiente.

¿Se nota la diferencia con el gráfico anterior? Aún cuando los datos abiertos y el gobierno-e son importantes, el acceso a la información es largamente el compromiso más recurrente en nuestra región.

Pero veámoslo ahora en términos proporcionales, para que la comparación sea más rigurosa: a nivel global, el acceso a la información representa el 8% del total de compromisos. En AL, el 20%; que, por cierto, lidera su serie con una mayor proporción a la que obtiene el gobierno electrónico para la serie global (17%). Ver imagen aquí.

Esto tiene consecuencias muy interesantes sobre la estrategia con la que la AGA debe trabajar con la región: involucrar activa, creativa y orgánicamente a las entidades garantes en los países donde hay (IFAI en México, Consejo para la Transparencia en Chile), estimular la creación de entidades de esta naturaleza en donde no hay (Perú), promover la ley modelo de transparencia y acceso a la información, poner la apertura de datos en función de la expansión y garantía del acceso a la información, vincular acceso con la participación ciudadana, que es otro de los compromisos fuertes de la región (este sí de forma consonante con el resultado global), entre otras cosas sobre las que hay mucho que conversar.

De hecho, los propios Global Integrity señalan lo siguiente en el mencionado post, al hablar de la preeminencia del e-government y del open data (traduzco libremente):

El interés de que la tecnología arregle problemas complejos no debiera eclipsar la necesidad de reformas fundamentales, aunque políticamente difíciles. Eventualmente, todas las soluciones tecnológicas se mueven dentro de los límites impuestos por los contextos institucionales, legales, políticos y socio-culturales en los cuales se inscriben. Por lo tanto, debe estimularse la ejecución de reformas de fondo para aliviar los límites estructurales que prevalecen en contextos nacionales particulares. Al hacerlo se puede expandir la frontera para que el open data y las tecnologías relacionadas puedan maximizar su potencial.

*Sociólogo.

Compartimos el link del sitio original donde fue publicado este post en el blog personal del autor.