De manera absoluta y sin excepciones, ha quedado prohibido que los funcionarios públicos de México reciban regalos. No lo puede hacer ni un director de área, ni un Secretario de Estado ni el Presidente de la República. Inmersa durante siglos en la política mexicana, la acción de dar y recibir llegó a su punto final.

Así lo marca la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte sustancial del Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor el pasado 18 de julio y sustituye el ordenamiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hasta ahora, era posible que un funcionario recibiera obsequios siempre que no excedieran el valor de diez veces el salario mínimo.

Los regalos a los políticos mexicanos eran un lugar común. Miles, acaso millones, atravesaron las puertas de Los Pinos en Navidad, Año Nuevo, fiestas particulares o los cumpleaños de los Presidentes. ¿Qué había detrás de cada uno? ¿Cuál era el motivo para gastar en un agasajo al Gobernante? ¿Cuánto costaron los regalos dados a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada? Esa historia no podrá ser contada a cabalidad pues la Presidencia de la República no hizo registro del valor de los presentes recibidos por los hombres que en los últimos 16 años ocuparon el poder en México. Sostiene que esa información es “inexistente”.

LA LEY ANTI REGALOS

En 1981, el entonces Presidente José López Portillo quería vencer lo que él mismo definió como una “grande tentación”. Un grupo de empresarios y políticos le obsequió un rancho en Tenancingo, Estado de México. Pretendían darle un sitio de retiro al Mandatario que pasaría a la Historia como el hombre que le pidió perdón a los más desprotegidos y luego, anunció la expropiación de los bancos privados y el control de cambios. “Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. No nos volverán a saquear”, fueron palabras del Mandatario…

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