La confianza en una institución o una persona es como un edificio que se construye a lo largo de los años, pero se derrumba en el barullo de un instante. Del cascajo de aquellas ruinas es muy difícil sacar material para edificar una obra nueva. No tengo claro si el presidente Peña Nieto podrá reparar la confianza en su mandato, pero sí hay una ruta clara para empeorar el actual estado de cosas. La forma más sencilla de devaluar la credibilidad del Ejecutivo será atender las recomendaciones del consejero jurídico de la Presidencia en materia de la Ley de Transparencia.

Humberto Castillejos, el abogado más cercano a Enrique Peña Nieto, tiene una mente privilegiada para la argumentación jurídica, pero en esta discusión ha asumido el rol del ombudsman de la burocracia. En lugar de ayudar al Presidente a promover una legislación secundaria a la altura de la reforma constitucional, este habilidoso abogado se ha dedicado a atender los prejuicios de la burocracia en contra de la transparencia.

El Banco de México está preocupado por si alguien solicita las rutas de distribución de los camiones cargados con los nuevos billetes recién impresos. La inquietud es obvia y legítima. Sin embargo, hay muchas alternativas jurídicas e institucionales para preservar la inviolable confidencialidad de esta información. Bajo la misma protección legal con que se busca resguardar los datos de estos camiones se podrían ocultar las transferencias de dinero a los maestros que bloquean Avenida Reforma o las condonaciones fiscales a los contribuyentes privilegiados. Hoy el SAT nos exige a todos los mexicanos información detallada de cada viaje que hacemos al extranjero, pero si pedimos los nombres de las personas que evaden impuestos con la bendición legal del gobierno, el licenciado Castillejos lo quiere clasificar como secreto de Estado.

La Cofece tiene que resguardar la información confidencial de empresas que están sujetas a un proceso de investigación. Estos datos pueden implicar costos de proveedores o estrategias de mercado que de hacerse públicas beneficiarían de forma arbitraria a sus competidores. Dicho problema se puede resolver con la confidencialidad de la información de terceros, bajo resguardo de alguna autoridad, sin erosionar la jerarquía de la ley de transparencia sobre otra legislación secundaria.

En febrero de 2014, el presidente Peña Nieto celebró con estas palabras la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia: “La población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos de los mexicanos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados… El desafío ahora es lograr que las leyes secundarias mantengan ese espíritu audaz y de vanguardia que ya comienza a distinguirnos en el mundo”.

Una decisión equivocada en el tema de transparencia podría significar un ridículo de dimensión internacional. En 2014 México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Una ley secundaria que erosione los avances históricos en materia de transparencia pondrá al país y al Presidente bajo la luz de un incómodo reflector, ante una audiencia global.

Como candidato a gobernador y Presidente, Enrique Peña Nieto forjó su éxito político en su disciplina para cumplir su palabra. La confianza se forja y se puede reconstruir sólo cuando se alinean los hechos con las palabras. La Consejería Jurídica del Ejecutivo deberá encontrar opciones para cumplir los compromisos presidenciales en materia de transparencia, preservar el espíritu de la reforma constitucional y establecer las excepciones donde la confidencialidad de la información está alineada al sentido común y el interés colectivo.

@jepardinas