A un tercio de todas las solicitudes de información, las autoridades responden que dichos datos son inexistentes, por lo que la nueva ley debe acotar las posibilidades de declaración de inexistencia, aseguró Jacqueline Peschard.
La especialista en acceso de información participó en las audiencias públicas que se celebraron hoy en el Senado, como parte del proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ahí explicó que es indispensable para ejercer el escrutinio sobre los servidores públicos.
“Si dicha información no existiera, debe explicarse con amplitud porque no hay tal documentación”, por lo que es una obligación documentar los actos que tienen lugar en los diferentes ámbitos de gobierno.
Al referirse al debate que existe alrededor de si los entes garantes deben sancionar a los servidores públicos que ocultan información, Peschard , consideró que si es necesario la sanción, pues de esa manera se podrá inhibir la infracción a la ley, aunque no debe estar a cargo del órgano garante.
Respecto a la información contenida en averiguación previas, la ex Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), expuso que la reserva de información debe ser estrictamente temporal, pero que es necesario conocerla porque de esa manera se le dará seguimiento a la actividad del ministerio público.
Peschard considero que no hay debate, respecto a reservar información cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, más bien hay que “determinar si el IFAI y los órganos garantes pueden determinar que hay una violación grave”.
“Yo reivindicaría que el IFAI si puede determinar cuando hay una violación grave, siempre que haya un análisis exhaustivo y que se identifique la situación con mucha puntualidad”.
