La agenda política suele estar formada por aquellos asuntos que determinan y marcan el rumbo de un gobierno. En los procesos de formación democrática, la composición de la agenda política tiene que ver con el proyecto gubernamental a partir del cual se gana una elección, pero principalmente con la capacidad de los gobiernos para atender las necesidades y prioridades de la ciudadanía, con los recursos materiales, institucionales y humanos existentes. La agenda política suele verse influida por la agenda pública, es decir, por los intereses y exigencias que se presentan públicamente a las instituciones del gobierno representativo. Pues bien, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, realizada por la Cámara de Diputados la semana pasada, mostró hasta qué punto la agenda política y gubernamental se encuentra sometida a los intereses de un subsistema pluripartidista de corrupción y complicidades.

La aprobación del presupuesto más importante en la historia del país (4 billones 694 mil 677.5 millones de pesos), fue vendido a la ciudadanía como consensuada, eficiente y orientada a reforzar los rubros y los presupuestos de las instituciones a cargo de implementar las llamadas reformas estructurales. Sin embargo, el consenso fue posible gracias a una serie de oscuras negociaciones en detrimento del bien común. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿En qué momento, a pesar del pluralismo político, el Poder Legislativo, contrapeso natural del Poder Ejecutivo, se convirtió en gestor de recursos y agencia de intercambio de favores personales? “La negociación política del presupuesto en México 1997-2012”, estudio realizado por Integralia y auspiciado por el CONEVAL y el Senado, señala que desde 1997, es decir, desde que realmente hubo un peso plural en el Poder Legislativo mexicano, el Congreso abdicó a su mandato de seguimiento y exigencia de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público. A través de negociaciones paralelas, se llegó a un escenario en donde la discusión que importa a los diputados implica un porcentaje de entre el 6% y 10% del gasto total que constituye la “bolsa negociable” además de una serie de asignaciones como las provenientes del ramo 23 (provisiones salariales o económicas) que no cuentan con lineamientos de operación, que no tienen instrumentos de evaluación y que en algunos casos ejercen más de lo que se tiene asignado pero que se reparte entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Para este presupuesto de nada sirvió que diversas voces hicieran un exhorto para mejorar las condiciones de transparencia del gasto público. Tampoco que en una reunión entre integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas y los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se establecieran compromisos a favor de la rendición de cuentas. El PEF 2015 se aprobó con moches incluidos y sin mayor discusión y el Congreso no hizo ningún viraje en la agenda política. Aún así, la exigencia sobre el buen desempeño de los gobernantes y la necesidad de enfrentar la crisis actual con un proyecto político que modifique las rutinas y los comportamientos institucionales sí surgió en la agenda pública. Ésta requiere de acciones y decisiones firmes de política gubernamental. Sólo basta con saber leer y entender la agenda pública.