No cabe ninguna duda de su experiencia en el oficio. En apenas cinco días, han conseguido entusiasmar a muchos que se mantenían escépticos, han comprometido a algunos de los personajes principales de la trama del poder político, han fijado temas que serán ineludibles para los medios de comunicación y han establecido una primera agenda de gobierno y otra para el Legislativo. No ha transcurrido una semana y ya corre la impresión de que el nuevo gobierno regresó desde hace años.
Entretanto, el equipo del nuevo presidente ha ido tomando los cargos que desplegarán esas agendas y ha comenzado a repartir los puestos que encarnarán los nuevos grupos de poder. Pero lejos de aparentar una nueva toma del botín, el sentido deurgencia de los cambios anunciados y el desencanto acumulado aconseja la inmediata puesta en acto de las primeras decisiones. Y nadie sensato podría pasar reproche a la búsqueda de acuerdos y al renuevo de la esperanza en la política. Al menos ante la mirada pública, la casona de Los Pinos ha vuelto a ser el núcleo del que emanan todas las potencias del país.
No obstante, ni en el discurso inaugural ni en el pacto firmado con el PAN y con la dirigencia oficial del PRD se retomó la importancia de la rendición de cuentas para que la sociedad pueda intervenir en el camino, más allá de un enunciado. Como si la captura del botín se justificara plenamente en función de los resultados ofrecidos, el nuevo gobierno está ocupando todos los espacios, ofreciendo, a cambio, una reforma que ya estaba promulgada, otra que se ha discutido hasta la náusea y dos cuerpos colegiados controlados por el Ejecutivo, adosados, eso sí, por muchos párrafos con las palabras: transparencia y rendición de cuentas. Pero sin comprometer un ápice la capacidad de ejecución de las órdenes presidenciales.
No sólo desaparecerá la Secretaría de la Función Pública (¿quién querría mantener vivo semejante estorbo?), sino que el servicio profesional de carrera ya está prácticamente desahuciado. La Ley General de Contabilidad Gubernamental que se ofrece como nueva fue votada en el último momento del gobierno anterior, y las reformas que fortalecerían al IFAI están paradas en el Poder Legislativo porque el nuevo presidente se ha negado a liberar la designación de los nuevos comisionados que lo integrarían y a someter a sindicatos y partidos a las mismas reglas que el resto del país. Se está ofreciendo transparencia, sí, pero a cambio de controlar los medios y los órganos para exigirla.
La mejor oferta estaría, acaso, en una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo propósito explícito sería perseguir a los corruptos: investigar los casos en que se hayan robado el dinero público e imponerles sanciones administrativas o denunciarlos ante la justicia penal. Una comisión para la pesca de los peces gordos, nombrada directamente por el presidente y sin facultades para modificar las reglas y los procedimientos que hacen posible que la corrupción suceda. Es decir, un excelente instrumento de poder para mantener a raya a quienes no sigan el mandato de la eficacia del gobierno.
Y para cerrar el círculo mediático, se ha propuesto un Consejo Nacional de Ética Pública: un gran cuerpo colegiado y deliberativo para la catarsis pública. Un lugar ideal para decir las buenas intenciones y declarar las conductas más deseables (como los códigos de ética que ya existen en las dependencias, pero en formato cinematográfico) sin consecuencias prácticas. Un espacio para la terapia colectiva destinado a liberar las malas conciencias de la corrupción. He aquí la oferta del gobierno del presidente Peña Nieto en una de las materias más delicadas y graves del país: el control presidencial de los puestos, de los dineros, del acceso a la información y del castigo a los corruptos, mientras las causas del problema permanecen y la sociedad es invitada, generosamente, a sumarse a un pacto nacional que carece de los medios más elementales para exigirle cuentas al poder.
Publicado en El Universal
