Por: Ana Cristina Ruelas

Introducción

En 2013, se inició una nueva transición en México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado durante setenta años (1929-1999), regresó al poder tras doce años de gobierno panista.

Durante la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto el “nuevo PRI” prometía combatir la opacidad, la corrupción e impulsar el libre flujo de información e ideas, promoviendo la pluralidad en los medios de comunicación con la intención de cambiar la perspectiva que se tenía del antiguo régimen.

Una vez electo, Enrique Peña Nieto se comprometió a presentar tres iniciativas prioritarias. La primera, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción; la segunda, impulsar la profundización y la ampliación de la transparencia en todos los órdenes de gobierno y poderes de la Unión y; la tercera, la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno1.

Estas iniciativas se integraron a las que habrían de discutirse en el marco del llamado Pacto por México. La de transparencia fue la primera en iniciar el proceso legislativo, uno sin precedentes que incluyó una amplia participación de la sociedad y culminó en una reforma constitucional y una ley general de avanzada.

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Publicación de la Fundación Friedrich Ebert