En el curso de esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará celebrando, en la ciudad de México, un periodo extraordinario de audiencias sobre la situación general de los derechos humanos en Centroamérica. Y aunque las prácticas internas de esa dependencia de la Organización de los Estados Americanos le impiden escuchar casos relacionados con el país huésped, la presencia de los siete comisionados y de los principales funcionarios que integran la comisión tendrá repercusiones dentro de nuestras fronteras.

De hecho, uno de esos ecos fue la semana pasada, en los primeros trabajos del seminario universitario de transparencia creado en la UNAM y dirigido por Jacqueline Peschard. Convocados para discutir los desafíos del Sistema Nacional de Transparencia que habrá de fundarse tras las reformas al artículo sexto constitucional, quienes participamos en ese seminario tuvimos la buena fortuna de escuchar la conferencia impartida por Catalina Botero, quien desde octubre de 2008 ha sido relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y quien, por méritos propios, se ha convertido en un icono de la defensa del derecho de acceso a la información pública y de la libertad en el uso de los datos que producen los gobiernos de la región, como contrapeso a los abusos de autoridad en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.

Catalina Botero ha enfrentado con valentía la ofensiva de algunos de los gobiernos de América Latina, que han visto la apertura de la información y la crítica abierta como una amenaza a su autoridad política —como sucedió con el gobierno de Ecuador, por citar el ejemplo más conocido—, y además ha tenido la virtud de la pedagogía pública; es decir, ha sabido trasmitir y explicar los valores y las posiciones que ha defendido desde la Relatoría que aún encabeza, más allá de los casos y las situaciones particulares que le han dado contenido a su causa. Y eso fue lo que hizo el viernes pasado en la UNAM: persuadir al auditorio, con sencillez, de que sin un esfuerzo sistemático a favor de la transparencia y del uso inteligente de la información pública, la democracia de la región seguirá adoleciendo de una de sus condiciones fundamentales.

La Relatora para la Libertad de Expresión ha entendido que la defensa de este derecho fundamental —el de expresión— no sólo está en la salvaguarda de la dignidad y la integridad de quienes usan su voz en el espacio público para revelar, criticar u oponerse a las decisiones de los poderosos, sino que la defensa del derecho a decir pasa también, obligadamente, por el derecho a saber. En la práctica, la libertad de expresión puede negarse de manera violenta mediante la represión física o, con mayor sutileza, mediante el silencio, la simulación, la producción de datos a modo o la mentira oficial, repetida mil veces. Y esta segunda forma de apagar las voces de la sociedad es, hoy por hoy, la predilecta de los gobiernos que aceptan la democracia, mientras no dañe su autoridad.

Más de una vez le he escuchado la metáfora de las dos paredes: en los gobiernos autoritarios, un muro de piedra oculta la actividad de los poderosos, mientras que una pared de cristal permite observar a los ciudadanos; en las democracias, en cambio, el cristal debe colocarse del lado de los gobiernos, mientras que la vida privada debe estar protegida por el derecho a la intimidad. Mover esas dos paredes, sin embargo, supone un esfuerzo civilizatorio que está muy lejos de haber concluido. Catalina Botero concluirá su encargo en la CIDH en el mes de septiembre. Pero su labor al frente de la Relatoría —que ahora ocupará Edison Lanza— habrá dejado una huella que no se borrará con su salida de ese órgano. La pedagogía pública es una tarea principal para la consolidación de una democracia y sus efectos son, por supuesto, mucho más duraderos que cualquier cargo público.

Fuente: El Universal