El malestar esta ahí, las y los mexicanos sabemos que las cosas no marchan bien para la mayoría, la corrupción y la impunidad inundan a las instituciones y vida pública entera del país. En esta situación indeseable, todos, -en mayor o menor grado-, somos responsables.

Hoy los costos de la cultura de la corrupción y la impunidad son generalizados y los más beneficiados identificables. No hay que indagar mucho, la forma de vida lo denuncia ¿Cuántos y quiénes de nosotros viajamos en Suburban al trabajo con asistencia de un chofer? ¿Quién conocen a un político u “hombre de negocios” con una integridad intachable?

Con rabia, -y muchas veces en sigilo-, la ciudadanía había normalizado y aceptado el cinismo de la Clase política y su forma de vida. No obstante, las cosas empiezan a cambiar, -y a fuerza de estar cada vez más acorralados-, los ciudadanos empezamos inferir la relevancia de los asuntos públicos y el costo del secuestro de su gestión.

La política despierta cada vez más nuevas sensaciones, el hartazgo y asco que nos trasladaba a la indiferencia, se empieza a tornar en inéditas formas de movilización, pues negados a la desesperanza hay quienes empiezan a asumir como cierto que “El gen de la corrupción” simplemente no existe, que las cosas deben y pueden cambiar. Están cambiando.

La Clase política constituida como un poder superior frente a los ciudadanos, -quienes han visto en las ultimas décadas lastimados sus derechos y sus condiciones de vida-, ya no es admisible. La ciudadanía, empieza a cambiar y la Clase política debería también empezar a cuestionarse su función, relevancia y utilidad pública.

Las formas de hacer política, -tomar el espacio y los asuntos públicos-, está cambiando. Sin remplazar o eliminas prácticas sociales ya existentes, hay indicios de que la participación ciudadana empieza a tener un alcance diferente, empieza a pensar cada vez con más astucia en qué, cómo y dónde incidir, tomando el espacio público en sus manos, modificándolo y haciendo lo que simplemente la Clase política no hace: tomar la iniciativa y constituirse como agente de cambio, al menos así lo demuestran dos casos, la Campaña #ArmonizaTuLey y La iniciativa #Ley3de3.

#ArmonizaTuLey (ver más en http://colectivoporlatransparencia.org), es una campaña que le da seguimiento y acompaña a los procesos de homologación normativa en las entidades federativas del país, ello respecto a las modificaciones legislativas que se motivan en la promulgación de la Ley general de transparencia (LGT); la iniciativa busca evitar retrocesos y orientar la discusión pública en la construcción de un marco legal coherente que garantice el derecho a la información de todos los mexicanos. Por su parte, #Ley3de3 (ver más en http://ley3de3.mx) busca la promoción de una iniciativa de ley mediante al obtención de 120,000 firmas para que el Congreso de la Unión dictamine una propuesta de Ley asociada con el servicio público y el combate a la corrupción: la Ley general de responsabilidades administrativas (LGRA).

La innovación en el diseño, método y objetivos de ambas experiencias de participación ciudadana son evidentes ¿Cómo reacciona la Clase política? ¿Innova ante la innovación? No; no se renueva, solo se repite. Otra vez, no entienden que no entienden. Con la memoria en franco desuso, se piden firmas, y ellos se toman fotos de difusión mediática; se tiene que armonizar Leyes estatales de transparencia acorde con la LGT, y ellos buscan sub-legislar para poder “operar el derecho”. Algo suena mal, algo nuevamente no marcha bien con la Clase política. ¿Dónde esta la afrenta? ¿Qué se olvida?

Desde la memoria en desuso y el bienestar que les brindamos es muy fácil ignorar la crisis de confianza que viven las instituciones públicas del país y sus actores, tal vez en su esfera a ellos no les afecta, ni les importa mucho el tipo de cambio Peso-Dólar, mucho menos la condición de vida paupérrima y generalizada en el país. Aquí hay una idea que hace falta, que se omite, se olvida o se calla, se ignora a voluntad o no simplemente no se asume: La Clase política y las instituciones nos están fallado.

¿Quién confía en un político? ¿Quién confía en los partidos? ¿Qué distingue a un partido de otro en su función y sus prácticas internas? ¿Quién confía en la las institución de justicia? ¿Quién confía en los legisladores? ¿Quién confía en que los representantes defienden el interés público? ¿Quién esta conforme con su desempeño, sus sueldos y sus resultados? Las respuestas violentan y entristecen por obvias. Ese es el tamaño del deterioro institucional y de su credibilidad, esa la medida a restaurar.

Aún así, ustedes, Clase política, no se renueva. Se repite una y otra vez, sin prisa, no entienden que no entienden y no les apura. La transparencia y la rendición de cuentas es una exigencia social reconocida y ineludible: Es un mandato ya constitucional ¿Cierto?

¿De verdad no les alcanza la memoria para recordar el “Pacto por México” que tan gustosamente signaron? Hay bellas y memorables fotos, todos las recordamos, pero la memoria o desmemoria de la Clase política es inverosímil ¿No recuerdan la importancia y su compromiso con la Reformas estructurales del inicio del sexenio? Ya no recuerdan qué, quién o por que se vieron orillados a entrarle a la Reforma en materia de transparencia y anticorrupción ¿No recuerdan nada?

Como antídoto al olvido, conmemoremos: Se conceptualizaron dos sistemas nacionales que implicaban múltiples y profundos cambios legislativos: El sistema nacional de Transparencia (SNT), y el Sistema nacional anticorrupción (SNA). La conformación de ambos engranajes fueron entendidos de origen como parte de una misma maquinaria, maquinaria que supone UNA ARTICULACIÓN SISTÉMICA entre diversas Leyes e Instituciones para modificar y compartir sus tramos de autoridad así como de competencia. El cuadro presenta a los entes principales:

    LEYES

(para mayo de 2016)

 

ENTES A INTERRELACIONARSE:
R E F O R M A       E S T R U C T U R A L

 

Sistema Nacional de Transparencia

(SNT)

1) Ley general de transparencia

2) Ley general de Archivos

3) Ley general de Protección de datos personales.

 

1.       Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

2.       Los órganos garantes estatales*.

3.       La auditoria superior de la federación.

4.       El archivo general de la Nación.

5.       El instituto nacional de estadística y geografía.

*(en Yucatán el INAIP)

Sistema Nacional Anticorrupción

(SNA)

5) Ley del sistema nacional anticorrupción

 

4) Ley general de responsabilidades administrativas.

 

1.       Auditoría Superior de la Federación, ASF

2.       Tribunal Federal de Justicia Administrativa

3.       Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

4.       Secretaría de la Función Pública, SFP (incluye los OIC)

5.       Consejo de la Judicatura Federal

6.       Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI

7.       Representante del Comité de Participación Ciudadana

Al día de hoy, la reformas legislativas, -de facto-, guardan la siguiente condición:

reforma

Como se logra apreciar, los recuadros indicados en rojo están directamente vinculados con la Campaña #ArmonizaTuLey y La iniciativa #Ley3de3, respectivamente.

En el escenario planteado hay varias hechos, preguntas y conductas, que resultan interesantes de señalar:

  1. A) Con respecto #Armoniza tu Ley.

Al momento son 6 las leyes Estatales armonizadas: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Oaxaca. Sin embargo las leyes de Querétaro y Tabasco han sido cuestionadas por ser inconstitucionales, es decir, se encuentran discordantes con relación a la Ley General ya vigente.

En los casos de Querétaro y Tabasco el Instituto nacional de trasparencia, acceso a la información y protección de datos personales (INAI) ha promovido ante la Suprema corte de justicia (SCJ) sendas acciones de inconstitucionalidad.

En Yucatán y otros ocho Estados más, ya existe cuando menos una iniciativa en su respectivo Congreso. Por otra parte, en los diecisiete Estados restantes, no hay avance alguno.

Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Colectivo por la Transparencia han solicitado a diversos congresos estatales que el proceso legislativo de armonización estatal:

  • Sea un proceso abierto a la ciudadanía. Esto es, que las discusiones del tema al interior de la Comisión de Transparencia y/o las comisiones a las que se les asigne la facultad dictaminadora, sean abiertas e incorporen métodos efectivos de participación ciudadana. Que se anuncien en el portal del Congreso las fechas de reuniones asociadas a la armonización para que los ciudadanos interesados podamos seguir el proceso.

  • Exista publicación previa de documentos de trabajo: Que todas las iniciativas o documentos técnicos presentados ante el Congreso del Estado y que los diputados analizarán antes de emitir un dictamen, ya sean del por el Órgano garante (INAIP para el caso de Yucatán), consultores, empresarios, académicos, o cámaras, sean publicados en el portal de internet antes de subirse a tribuna, para que los ciudadanos podamos conocer sus contenido con, al menos, una semana de antelación.

  • Que haya audiencias públicas a sectores sociales (académicos, lideres sociales, organizaciones, empresarios etc) para enriquecer socialmente la construcción de la Ley.

La Clase política al interior de los Estados por su parte, no cambia:

  • Olvidan que sus dirigentes y compañeros de partido dictaminaron y eventualmente promulgaron el Ley General de Trasparencia. Conmemoremos: Diputados y Senadores de todos y cada unos de los Estados de la República se posicionaron al respecto y el dictamen fue aprobado con abrumadora mayoría.

  • Olvidan que firmaron la Alianza para el parlamento el 22 de septiembre de 2014, que con bombo y platillo anunciaron contar con una plataforma de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, legisladores y el Órgano Garante de Acceso a la Información Nacional, a fin de promover la apertura de las dos cámaras del Congreso de la Unión y los 32 cuerpos legislativos de las Entidades Federativas. La Alianza para el Parlamento Abierto en México, fue suscrita por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, la Presidenta del entonces IFAI, Ximena Puente de la Mora y representantes de 12 organizaciones de la sociedad civil. Hubo también testigos de honor, representantes de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) ¿Recuerdan quién era dicho representante?

  • Los legisladores estatales, no se dan cuenta o no quieren entender, que en este momento, promover legislaciones a puerta cerrada y en contra de la Ley general es traicionar su propia misión institucional. Aún así persisten en sus usanzas: Profundizan sistemáticamente la crisis de desconfianza y el descontento social.

  • Los órganos garantes estatales, subyugados de la dependencia financiera, técnica y política de los gobiernos subnacionales, olvidan ejercer su “Autonomía”, renuncian a su carácter de “órganos especializados en transparencia y acceso a la información encargados de resolver controversias en la materia”; los datos disponibles confirman que la mayoría de ellos abstiene de origen a presentar una propuesta técnica y pública de Ley a simple consideración de su respectivo Congreso. En cambio, esperan abnegados de las Consejerías jurídicas estatales, o de los consultores mercenarios nacionales, la propuesta conveniente, aquella que decidida unilateralmente se ha de promulgar.

  • Se olvida que armonizar una ley, es proceso y resultado legislativo simultáneamente, muchos están delirando y bizcos pensando solo en el resultado, muy preocupados por mantener nichos de opacidad en su Ley estatal, bajarle el impacto, descafeinar. Desestiman y hasta desprecian los valores y los beneficios sociales de un proceso legislativo abierto y participativo donde las ideas, el debate y el acuerdo engalanan la legitimidad y virtud de la Ley y el Legislador; no se dan cuenta o no quieren entender, que en la cerrazón y la opacidad renuncian, -en si mismo-, a la acción política de gobernar y legislar.

Las preguntas: ¿Cuál es el mido? ¿Es tan difícil abrir la actividad legislativa escrutinio de la sociedad, cuando el enfoque de trabajo de los órganos legislativos a nivel mundial tiende a la apertura? ¿Puede la participación ciudadana plural e institucionalmente encausada debilitar o perjudicar el trabajo legislativo? ¿Qué Legislador, Congreso o Gobernador se dignifica a si mismo y a sus tareas al promover una Sub-Ley de Trasparencia Estatal, sin un proceso legislativo transparente y participativo?

  1. B) Con respecto a la iniciativa #Ley3de3.

Un grupo plural de ciudadanos y organizaciones buscan reunir las 120,000 firmas necesarias para presentar una iniciativa ciudadana de ley: la #Ley3de3. Esta Ley busca convertirse en lo que será la “Ley General de Responsabilidades Administrativas” de servidores públicos, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo de 2016.

Las organizaciones y ciudadanos que presentan la iniciativa invitan a todos los ciudadanos preocupados por los niveles de corrupción en el país a firmar lo antes posible y también a volverse promotores de la iniciativa. Para ello pueden visitar el sitio web www.ley3de3.mx donde podrán descargar los formatos para reunir firmas y los puntos donde podrán entregarlas en todo el país.

Entre otras cosas, La #Ley3de3, propone:

  1. La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo 
funcionario, de forma periódica y pública.
  2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
  3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
  4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
  5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
  6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
  7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
  8. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
  9. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
  • El equipo redactor de la Ley 3de3 estuvo integrado por: Josefina Cortés*, Max Kaiser y José Roldán Xopa. Sin embargo, la Ley 3de3 fue construida con el apoyo de distintos especialistas y organizaciones. La lista en orden alfabético es: Agustín Acosta (Abogado penalista), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Leticia Bonifaz (Suprema Corte de Justicia), Jesús Cantú (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey), María Amparo Casar (CIDE y Mexicanos contra la Corrupción), Josefina Cortés (ITAM), Marco Fernández (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa), Sergio Huacuja (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México), Max Kaiser (IMCO), Sergio López Ayllón (CIDE), José Octavio López Presa (Causa en Común, A.C.), Mauricio Merino (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Alfonso Oñate (Academia Mexicana de Protección de Datos Personales), Juan E. Pardinas (IMCO), José Roldán Xopa (CIDE), Rodrigo Roque (Abogado penalista), Pedro Salazar Ugarte (IIJ-UNAM).

La Clase política por su parte, no cambia:

  • Olvidan Diputados federales y estatales, lideres políticos y senadores que tienen por campo de trabajo incidir en la vida política y legislativa de la nación.

  • Desconocen, niegan o invisibiliza el estado de penetración y afectación social de la corrupción y la impunidad política y empresarial.

  • Olvidan que todos los partidos políticos han pospuesto las legislaciones anticorrupción y de responsabilidades por lustros. Conmemoremos, he aquí los años de promulgación o última reforma de la legislación en materia de responsabilidad de servidores públicos en el sureste de México: Federación, 1982; Campeche, 1984; Chiapas, 1989; Quintana Roo, 2004; Tabasco, 1983; Veracruz, 1984; Yucatán, 1989, por ejemplo.

  • Raudos y acostumbrados a las fotos mediáticas y la promoción de su imagen a costa de recursos de terceros, presidentes de partido, diputados, funcionarios y políticos en general, olvidan dos cosas: 1) La iniciativa es ciudadana, y 2) Se están solicitando firmas, NO fotografías.

Las preguntas ¿Es casualidad que la Iniciativa de responsabilidades con dientes y calidad técnica proceda de la ciudadanía y no de la Clase política? ¿Por qué tomar una foto y publicarla con tanto énfasis?

Y aún así, en la lucha de la restauración de la confianza quebrantada y la fortificación de las instituciones y del espacio público , todos somos co-responsables. Innovación o repetición, -independientemente del papel y lugar de actuación-, tal vez y ahora sea el asunto para el país más relevante.

Booggar González Gómez

Director General de Información accesible y rendición de cuentas.

12-Feb-2016. Mérida Yucatán.