“La ley es orden, no consejo, y se espera sea obedecida sólo porque expresa la voluntad del que manda”: Thomas Hobbes.

Los tiempos acabaron asfixiando al Congreso Oaxaqueño, la Reforma Constitucional en materia de Transparencia aprobada por el Constituyente, su homologación estuvo en el olvido, nuestro Congreso local espero a que tuviera un mayor número de iniciativas para darle salida de manera conjunta y evitar la fatiga. El pasado 30 de julio mediante el Decreto No. 1263, la LXII Legislatura, reformó, adicionó y abrogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de Derechos Humanos, Transparencia, Procuración de Justicia, Político Electoral y Combate a la Corrupción.

La luz al final del túnel parece alcanzarse, con esta homologación forzosamente tendrá que cambiar la lógica de los servidores públicos que tienen bajo su resguardo información pública. Si bien es cierto que nuestra ley de transparencia ya contemplaba como sujetos obligados a los otros Poderes del Estado, sindicatos, órganos autónomos y partidos políticos; no tenía la supremacía Constitucional, en ese sentido cualquier ley de otra naturaleza la ponía en entredicho, al permitir reservar o tratar como confidencial cualquier información.

Ahora la documentación de sus archivos administrativos deberá estar en formatos abiertos, accesibles y reutilizables. Esto sin duda es un logro, la COTAIPO, el órgano garante, nunca emprendió un ejercicio de datos abiertos y accesibles. Siempre estuvo a la vanguardia en datos cerrados, hasta hace unos días presentaba sus resoluciones y entrega de su información en archivos de imagen (*.jpg). Esto no compelía a que otros sujetos obligados cambiaran su lógica.

Se adicionó en nuestra Constitución la obligatoriedad de documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias o funciones. Si bien es cierto, que esta circunstancia estaba prevista en nuestra legislación estatal, de igual manera cualquier otra ley la ponía en jaque. Con esto, el litigio del acceso a la información disminuirá considerablemente.

Se adiciona también que el órgano garante y autónomo del Estado, será especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Aunado a esto, en la designación de los Consejeros deberá prevalecer la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación. Esto fue el “talón de Aquiles” de la COTAIPO, nuestro órgano garante desde el principio no tuvo legitimidad por la forma en que se llevó a cabo el procedimiento de selección, procedimiento opaco y a luces de un reparto de cuotas partidistas, con perfiles sin experiencia en el área, con el resguardo celoso de la información de cada uno de los participantes y varias circunstancias más. Como consecuencia, tuvimos un órgano garante tímido, lento y sin ganas de constituirse como un órgano especializado. La COTAIPO quedó convertida en una agencia de colocaciones de los y las diputadas de la anterior legislatura. Los resultados del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) pusieron a luz esta circunstancia, 4.3 de calificación en el procedimiento para su conformación que ponía entredicho la salud del órgano garante. En la misma tesitura, el Estudio de la Métrica de la Transparencia 2014 elaborado por el CIDE, también puso a la luz estas circunstancias, en la dimensión de órganos garantes, componente de variables endógenas (organización) que contempla los indicadores de organización interna, institucionalización y profesionalización; la COTAIPO apenas alcanzó 0.389 de calificación; la profesionalización y la institucionalización por los suelos, por no decir que nada.

Otra celebración es que ahora sí las resoluciones del nuevo instituto, serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Solamente el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado. Con esto se acaban los retrocesos impulsados por el propio órgano garante, que daba apertura a que sus resoluciones pudieran ser aclaradas y con ello dilatar sus ejecuciones. En su normatividad interna denominada Reglamento de Recurso de Revisión, así lo señaló y fue utilizado como un “toma y daca” con los sujetos obligados.

Otra adición que aun depende de un repujado fino en la ley estatal, es el establecimiento de las medidas de apremio que podrá imponer el órgano garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones

En estos momentos lo que pedimos a la actual Legislatura, es que respete la voluntad de los mandantes sobre nuestro Derecho de Acceso a la información, que se respete el espíritu de la Reforma en materia de transparencia de nuestro Texto Legal Supremo, su Ley reglamentaria y ahora, lo homologado en nuestra Constitución del Estado. Pedimos honestidad en la arquitectura del ordenamiento local; pedimos la no intromisión de asesores envueltos en velos y sesgos partidistas; pedimos que no se impulsen retrocesos, como limitar la profesión de los Consejeros o como dejar fuera el uso de la prueba de interés público en caso de la reserva de la información; pedimos quede perfeccionada la supremacía de la Constitución para evitar que otras leyes, como la de Fiscalización, permita que las auditorías del órgano de fiscalización estatal sean reservadas y confidenciales; pedimos que se perfeccionen las medidas de apremio para que las decisiones del órgano garante se cumplan. Pero sobre todo pedimos, que en la integración del órgano garante se respeten los principios de idoneidad, experiencia, honorabilidad, pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación.

Un exhorto a la comisión responsable del Congreso que tiene en sus manos la arquitectura de la ley estatal para que no vuelvan echar todo a perder, para que no echen todo a un saco roto. El tejido fino que hagan con el procedimiento de selección, permitirá darle legitimidad a este órgano garante de un derecho que en estos días tiene a los ciudadanos enfrentados con el actual gobierno. Por el bien de Oaxaca, se lo pedimos.

Es cuanto.

*Consejero Consultivo Ciudadano de la COTAIPO aún

@acruzpi