La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer en febrero pasado el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, documento en el cual se muestran las acciones y medidas adoptadas por la institución fiscalizadora sobre el ejercicio del gasto público consignado para el año 2012.
La ASF resalta en su Informe datos interesantes como la auditoría de 379 entes públicos: 127 dependencias y entidades de los Poderes de la Unión, 4 órganos autónomos, 19 instituciones públicas de educación superior, 31 estados, 190 municipios, el gobierno del Distrito Federal y 7 de sus demarcaciones territoriales.
Uno de los contenidos esenciales del Informe presentado por la ASF es el relativo al “Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal”,[1] en el cual se hizo un diagnóstico y evaluación del funcionamiento de los sistemas de control interno en el gobierno federal, incluyendo 279 instancias del Poder Ejecutivo Federal, 2 del Poder Legislativo, 3 del Poder Judicial y 6 Órganos Constitucionales Autónomos.
La importancia del control interno en las instancias públicas mencionadas radica, desde nuestro particular punto de vista, en que constituye el ambiente o entorno en el cual se propicia (mediante planes, métodos, programas, asignación de funciones y definición de procedimientos) el efectivo desempeño institucional y por ende, se facilita el cumplimiento de los objetivos fijados y la entrega de cuentas (interna y externamente) de forma pronta y completa.
Los resultados del estudio efectuado por la ASF para medir el grado de control interno no son halagadores, muestran, entre otras cuestiones, que:
a) De las 279 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) estudiadas, 247 (89%) no han establecido procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional y solamente 32 (11%) instituciones tienen un procedimiento para identificar y atender las desviaciones a sus principios éticos y normativos de conducta.
b) En 200 (72%) dependencias y entidades de la APF se detectó que no disponen de mecanismos formales de comunicación (línea ética de denuncia, buzones, correos electrónicos, entre otros), para que los servidores públicos y cualquier tercero interesado den a conocer información sobre posibles actos de corrupción o eventos contrarios a la ética institucional.
c) Sólo 53 (19%) de las 279 instituciones incluyeron en sus programas de capacitación para el personal, al menos 1 tema vinculado con ética e integridad; control interno y su evaluación; administración de riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción mientras que en 226 (81%) dependencias no se detectaron acciones de capacitación en dichas materias.
d) 130 (47%) instituciones no cuentan con un programa que establezca sus objetivos, metas, estrategias y prioridades, no obstante que los diversos ordenamientos jurídicos establecen la obligatoriedad de elaborar programas de corto, mediano y largo plazos para las instituciones de Poder Ejecutivo.
e) En 170 (61%) instituciones se encuentra formalmente establecido un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) respecto de sus procesos sustantivos y adjetivos, por los que dan cumplimiento a sus objetivos y metas estratégicos, en tanto que las restantes 109 (39%) no cuentan con dicho programa, lo que no asegura que seleccionen y desarrollen actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos con el fin de lograr sus objetivos.
f) 215 (77%) de las 279 dependencias no cuentan con políticas, lineamientos o criterios aplicables a la elaboración de informes relevantes respecto del logro de los objetivos y metas institucionales, lo que afecta negativamente la obtención, generación y utilización de información relevante por parte de estas instituciones para respaldar el funcionamiento de los componentes de sus sistemas de control interno.
g) 165 (59%) instituciones no tienen formalmente implantados y documentados planes de recuperación de desastres para datos, hardware y software críticos en procesos asociados directamente al logro de sus objetivos y metas.
h) Únicamente 6 (2%) instituciones cuentan con un procedimiento formalizado, en el que se establece la obligatoriedad para que los responsables de los controles internos, en sus respectivos ámbitos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al Coordinador de Control Interno Institucional o, en su caso, a la instancia correspondiente, para su atención y seguimiento.
i) Respecto de las revisiones de auditoría realizadas a los procesos sustantivos o adjetivos, 178 (64%) dependencias proporcionaron evidencia de los resultados de las auditorías practicadas por las instancias de control interno, así como de las realizadas por instancias externas (despachos externos y la ASF, entre otros); sin embargo, 101(36%) no proporcionaron evidencia de algún tipo de auditoría.
Ante instituciones carentes de excelencia en su ámbito de control interno se vuelve preciso actuar con atingencia y celeridad en diversos rubros, como son el aspecto ético y de conducta de sus servidores públicos, la precisión de las competencias en sus funciones, el tratamiento adecuado de su información, la autoevaluación y vigilancia interna, la supervisión de las tareas orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados y la investigación y fincamiento de responsabilidades en caso de incumplimiento con los deberes y obligaciones previstos en la ley.
De manera coincidente a lo expresado por el Auditor Superior de la Federación en un artículo reciente,[2] creemos que el control interno es de suma valía para las dependencias del Estado y que poseer sistemas de control interno efectivos debe ser, en efecto, una prioridad. En razón de ello, consideramos imprescindible dar seguimiento a las sugerencias que la ASF formuló a las diversas entidades analizadas, a fin de que en un futuro cercano se adecuen a las directrices del denominado modelo COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), valorado como una de las mejores prácticas internacionales en esta temática.
Para finalizar, pensamos que en la medida en que los ciudadanos conozcamos el modo en que funcionan los sistemas de control interno de nuestras instituciones de gobierno y propugnemos por su consolidación, estaremos dando un paso adelante en la prevención de actos poco éticos o corruptos que afectan los servicios públicos, al mismo tiempo, potencializaremos las capacidades institucionales a favor de la sociedad.
[1] El estudio está disponible en la página web: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_1172_a.pdf
[2] El artículo intitulado “El valor del control interno” del Auditor Superior de la Federación es visible en la página web: http://rendiciondecuentas.org.mx/el-valor-del-control-interno-2/
