En el ámbito del gobierno y la administración, las políticas han sido definidas como la intervención del Estado para atender, corregir o modificar una situación social que ha sido identificada como un problema público. Es decir, una política comprende el proceso de toma de decisiones encaminado a regular la actuación eficaz de los gobiernos para atender la compleja y diversa problemática social.

En ese contexto, las políticas gubernamentales constituyen una guía que proporciona sentido, orden y rumbo al Estado, son mecanismos que coadyuvan a la toma de decisiones. Su importancia es, desde nuestro punto de vista, doble:

1. Por una parte, contribuyen a crear el marco en el cual se refrenda el compromiso de la organización hacia parámetros éticos y el actuar responsable de sus integrantes.

2. Por otra parte, permiten la planeación estratégica del uso de los recursos públicos y el análisis detallado de los mejores caminos que han de seguirse para el logro de las metas institucionales.

En el momento histórico que vivimos, caracterizado por la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones públicas, nos parece importante promover la formulación de políticas públicas que -como parte de una estrategia de rendición de cuentas- fomenten el orden, la integridad y el desempeño ético de los servidores públicos.

En el tenor de la reforma nacional anticorrupción aprobada este año, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será el encargado del diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

Es decir, la prevención, disuasión y combate a la corrupción es hoy en día un mandato constitucional de primer orden que debe ser abordado con decisión por las instituciones públicas mexicanas de los poderes del Estado (en los tres órdenes de gobierno y en los organismos públicos autónomos), con la participación y vigilancia activa de la sociedad.

Dos políticas fundamentales para nuestras dependencias públicas son: El control interno y el combate a la corrupción. Estas políticas, debidamente diseñadas e implementadas, coadyuvarían de forma relevante al mantenimiento y eficacia de los procesos operativos de las entidades públicas y optimizarían la protección y el buen manejo de los recursos económicos.

En el caso del control interno, ya la Auditoría Superior de la Federación ha insistido en la urgencia de que las organizaciones públicas cuenten con un Sistema de Control Interno Institucional con observancia de las disposiciones legales aplicables en la materia, y que dicho sistema esté diseñado y funcionando de tal manera que fortalezca la capacidad para conducir las actividades hacia el logro de la misión e impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de objetivos estratégicos.[1]

En otras palabras, el control interno representa un proceso efectuado a fin de brindar una seguridad razonable para que las instituciones públicas alcances sus objetivos, fines y metas; por lo que las entidades y dependencias de nuestro país deben atender las mejores prácticas internacionales, entre las que se encuentra el denominado modelo COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), para propiciar un ambiente de control, evaluación de riesgos y mejora continua.

En cuanto a las políticas de combate a la corrupción, nos parece que para su elaboración deben identificarse previamente los temas que habrán de integrarlas, es decir, los puntos clave que deberán ser considerados para su definición, verbigracia: Un sistema profesional de carrera, transparencia en los procesos de adquisiciones, rediseño, alineación y actualización de las normas que rigen el ejercicio de la función pública, etc.

Las políticas anticorrupción deben fundarse en estudios que identifiquen los principales procesos susceptibles de ser cooptados por las redes de corrupción en nuestro país (compras o licitaciones, otorgamiento de nombramientos, etc.) y no deben ser vistas sólo como meras medidas reactivas sin rumbo definido, sino como verdaderas guías que dan sentido a la acción de las instituciones públicas para el logro certero de sus fines y el combate de los actos deshonestos que recaen sobre los procesos sustantivos de su operación.

Inclusive, consideramos que es necesaria la creación de un Plan Nacional de Control Interno y Combate a la Corrupción en México, que atienda estratégicamente -en un periodo razonable de tiempo- los principales problemas que afectan a nuestras instituciones públicas.

Un Plan de estas características sin duda es complejo, ya que para lograr sus propósitos debe partir de un mayor y más profundo entendimiento de las causas que originan los riesgos e irregularidades en las entidades públicas, comenzando con un diagnóstico crítico que englobe diversas visiones expertas o propuestas de solución integral.

Para su conformación deben tomarse en consideración las previsiones–no necesariamente cronológicas- que usualmente se observan en el proceso de construcción de políticas públicas, entre las que se encuentran:

1. La identificación de problemas, objetivos, actores y alternativas de solución.
2. El reconocimiento de las normas vigentes susceptibles de modificación.
3. La puntualización de costos-beneficios, así como de acciones de implementación y responsables.
4. El establecimiento de calendarios de seguimiento.
5. La evaluación de las políticas implementadas.

Además, las resistencias políticas que habrían de enfrentarse pueden ser mayúsculas, ya que lo más fácil es el predominio del status quo. Sin embargo, el entorno actual de interés social por el fortalecimiento en la integridad de nuestras instituciones puede ser el impulso que se requiere para un cambio de fondo.

Creemos que mediante políticas eficaces, las organizaciones públicas de nuestro país podrían no sólo dar orientación definida a su actuación e inhibir conductas irregulares, sino que también propiciarían la consecución efectiva de sus metas y darían mayores niveles de certeza tanto a sus integrantes como a la sociedad mexicana tan ávida de resultados y de muestras palpables de que su gobierno trabaja con apego a los valores y principios democráticos.

[1] Al respecto puede consultarse el “Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal” (estudio número 1172), efectuado por la Auditoría Superior de la Federación, visible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_1172_a.pdf Asimismo, el informe intitulado “Continuidad a los estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público” (estudio número 1198), también realizado por la Auditoría Superior de la Federación, disponible en: http://asf.gob.mx/uploads/180_Estudios/1198_Continuidad_a_los_Estudios_de_Control_Interno_y_a_la_Difusion_del_Estudio_de_Integridad_en_el_Sector_Publico.pdf