La plena profesionalización del servicio público y la consolidación de los servicios profesionales de carrera en México, son asignaturas todavía pendientes para las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno en nuestro país.

Como antecedente de este tema, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el “Informe sobre la Fiscalización de los Servicios Civiles de Carrera en el Estado Federal Mexicano” y en la “Evaluación 230: Servicios de Carrera en el Estado Federal” mostró tanto las fortalezas como las debilidades para que el Estado Mexicano -en su conjunto- cuente con un cuerpo de funcionarios realmente aptos y capacitados para el desempeño de un servicio público de calidad.[1]

También en su momento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el estudio denominado “Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México” identificó algunas carencias en materia de profesionalización del servicio público mexicano.[2]

Entre los déficits que señaló la OCDE, está un inadecuado proceso de planeación de recursos humanos, así como excepciones a los procesos rigurosos de reclutamiento mediante el abuso del famoso artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el cual constituye una excepción al concurso abierto y libre con base en los méritos y la experiencia.

Frente al panorama mostrado en los estudios de la ASF y de la OCDE, la reciente realización del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción: Hacia una Ley de Profesionalización para el Siglo XXI (del 6 al 8 de marzo de 2017), organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), es una buena noticia para afrontar los desafíos que implica la profesionalización del servicio público en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción.

En dicho foro participaron representantes del ámbito gubernamental y académico, así como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de explicar de cara a la sociedad los necesarios rediseños que involucra la profesionalización pública, en un marco de rendición de cuentas, para demandar un mejor desempeño de las instituciones y los servidores públicos.

Así, en el foro se identificaron nuevas problemáticas en materia de profesionalización, cuyo estudio y reflexión es imprescindible:

• Deficiente formación en los valores de la función pública.
• Falta de vocación en el servicio público.
• Resistencias políticas al cambio y a los procesos de formación.
• Limitaciones presupuestales y técnicas en la capacitación constante.
• Desconfianza en los procesos de reclutamiento, formación y ascenso.
• Desconocimiento de la normatividad que rige las atribuciones de cada funcionario.
• Deficiencias en los procesos de evaluación al desempeño.
• Escaso alcance del servicio profesional de carrera respecto al total de servidores públicos en la Administración Pública Federal (aproximadamente 6%).

Ante esta problemática, en el referido foro se dio a conocer la propuesta de Ley General de Profesionalización de la Administración Pública.[3] Dicha propuesta tiene por objeto constituirse en un marco normativo que establezca los principios y las bases generales para la estructura, funcionamiento y organización de un Sistema de Profesionalización de la Administración Pública, es decir, con ella, se buscan homologar reglas, criterios y procedimientos para la profesionalización de todo el servicio público en México.

Ahora bien, a pesar de lo importante y necesario de la propuesta, en el foro se señaló que, con mucha probabilidad, el principal obstáculo que habrá de enfrentarse es la voluntad política por parte de los gobernantes (a nivel federal, estatal y municipal), para dejar de ver a los puestos públicos como un botín político y efectivamente permitir que los servicios públicos queden en igualdad de condiciones, en manos de hombres y mujeres realmente preparados, capaces e íntegros, dispuestos a brindar el mejor desempeño en favor de los intereses de la sociedad.

Frente a esta coyuntura, pensamos que es necesario insistir en que la profesionalización y todos los procesos que esta implica (formación inicial, capacitación constante, certificación, evaluación al desempeño, etc.) constituye no sólo un medio democrático para garantizar que los recursos públicos que los mexicanos aportan en forma de impuestos se materialicen en un servicio público de calidad y calidez, sino también como un instrumento útil que puede desincentivar los altos grados de corrupción que hoy están vivos en nuestro país.

Desde luego, sería ingenuo pensar que la sola existencia de un marco legal novedoso o de procedimientos pulcros y técnicamente rigurosos para seleccionar a los mejores hombres y mujeres en el servicio público garantizará la disminución de la corrupción en México, pero creemos que sí es un elemento que puede contribuir de forma importante a recuperar poco a poco la confianza ciudadana en sus instituciones.

Por ello, con independencia de nuestro ámbito de actuación (académico, profesional o ciudadano), consideramos que debemos dar seguimiento a esta propuesta y demandar un servicio público de calidad, facilitad por personas probas, altamente preparadas y formadas en los valores democráticos que una sociedad cambiante como la nuestra demanda.

[1] Ambos estudios, desarrollados por la Auditoría Superior de la Federación pueden consultarse en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Tomos/Separata2.pdf y en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0230_a.pdf

[2] http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/48808023.pdf

[3] Propuesta visible en el sitio web: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/PROPUESTA-DE-LEY-.pdf