La cultura moderna está basada, en buena parte, en las imágenes. La celeridad de los cambios que se dan en distintos ámbitos hace que la atención del ciudadano se sature con una gran cantidad de estímulos. Para la mayoría, los temas públicos resultan confusos, contradictorios y hasta poco creíbles.
En principio, la sobre oferta de información tiene un valor positivo en tanto que permite al espectador tener acceso a una amplia gama de datos y elementos para formar su juicio; sin embargo, esto contribuye a una proclividad por lo inmediato o que no requiere mayor procesamiento o análisis.
Los mensajes y la imagen de las instituciones públicas están sujetos a este contexto. Por ello, considero que existe una necesidad real del sector gobierno de mejorar cómo es percibido por el ciudadano; lo anterior sustenta, en gran parte, su legitimidad y la de todo el sistema democrático.
La percepción es una variable que ha sido estudiada y analizada en distintas disciplinas científicas; una de las convenciones al respecto es que la percepción depende de las expectativas de la gente; a su vez, las expectativas se integran con información de periodos previos y con datos coyunturales.
Así, por ejemplo, la percepción de la corrupción se vincula con la expectativa del funcionamiento del aparato gubernamental y de la honestidad de quienes lo operan. Bajo este esquema, un gobierno que ha sido tradicionalmente ineficaz e ineficiente cargará con una inercia negativa de percepción de corrupción, aun cuando en la práctica, las cosas pudieran estar mejorando.
Hipotéticamente, el que una gran cantidad de funcionarios públicos sean sancionados podría ser interpretada no como una lucha eficaz contra la corrupción y deshonestidad sino como un indicador del nivel de irregularidades existentes.
A las personas les interesa que el Estado genere condiciones para contar con los medios de desarrollo personal y familiar. La manera en cómo se utilizan los recursos es la variable con mayor peso que influye en la percepción de los ciudadanos respecto al funcionamiento del sector público.
A los ojos del ciudadano, la calidad de la acción gubernamental puede reivindicar los sistemas democráticos y propiciar una interrelación con mayor confianza entre la sociedad y las autoridades.
La generación de un ambiente donde se privilegie la honestidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia, puede contrarrestar, de manera estructural, la mala imagen que proyectan algunos funcionarios y proporcionar herramientas efectivas a la acción colectiva de distintos agentes sociales para generar presión sobre los distintos niveles de gobierno, así como iniciar una relación de mayor intercambio y confianza.
Existe una cadena de actividades que contribuye a recuperar el valor de la actividad pública e imponer un compromiso cívico y democrático a quienes detentan un cargo oficial; es un elemento fundamental para propiciar nuevas condiciones que detonen un pacto social diferente, en donde las obligaciones del servidor público no sean negociables o casuísticas, ni que dependan de las circunstancias ni de los individuos.
La garantía de la existencia de calidad en el gobierno reside en la interconexión de las actividades de auditoría, tanto interna como externa, los programas de control interno que establezcan los distintos entes, el acceso a la información, el manejo de archivos, la evaluación del desempeño, el esquema de sanciones, la contabilidad gubernamental y la asignación presupuestal basada en resultados; en resumen, con una efectiva rendición de cuentas.
Fuente: El Universal
