La reciente crisis financiera internacional demostró la importancia de contar con una regulación adecuada y de transparentar la información relevante para detectar posibles riesgos, priorizar los que pueden representar perturbaciones significativas e implementar con oportunidad las medidas adecuadas para mitigar sus efectos en caso de que se lleguen a materializar.

En el caso del endeudamiento de las entidades federativas y municipios, es determinante disponer de información completa, oportuna y confiable, para evaluar los riesgos crediticios, medir la voluntad de pago, así como la solvencia o capacidad de cumplir con las obligaciones y compromisos durante la vigencia que se contrate.

Los municipios, al igual que las entidades federativas, han registrado en los últimos años un aumento de su endeudamiento, originado principalmente por el crecimiento de sus gastos, sobre todo de gasto corriente y el insuficiente dinamismo de sus ingresos propios.
En el lapso 2000-2007, los recursos provenientes del financiamiento, como proporción de los ingresos totales de los municipios, pasaron del 2.8 por ciento en el primer año al 11.8 por ciento en el segundo.

A diciembre de 2010 el saldo de la deuda pública municipal alcanzó un monto de 36,708.4 millones de pesos. El importe de la deuda significó en ese año el 42.3 por ciento de las participaciones fiscales entregadas a los municipios, valor que manifiesta un rango de riesgo para las finanzas municipales.

Estas condiciones afectan al conjunto del sistema financiero y de los gobiernos locales en su acceso al financiamiento, que bien administrado representa un instrumento para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la población.

En particular, la Auditoría Superior de la Federación planteó las siguientes recomendaciones sobre la problemática de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios:

-Fijar parámetros de endeudamiento que guarden proporción con la capacidad de pago de los gobiernos locales y, complementariamente, apoyar la reestructuración de la deuda y el saneamiento financiero de las entidades y municipios que así lo requieran.
-Fortalecer las medidas que permitan regular el endeudamiento de las entidades federativas y municipios, a fin de que se cumpla con el marco legal en la materia, sea congruente con su capacidad de pago y represente una proporción del PIB local que no genere riesgos económicos a nivel nacional.

El llamado Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, integrado por Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y el Instituto para Protección del Ahorro Bancario, llegaron a conclusiones similares a las que planteó la ASF, ya que se considera necesario establecer legalmente límites al endeudamiento de las entidades federativas y municipios.

Puesto que los montos y los propósitos del endeudamiento de los gobiernos descansan en criterios de política económica y consideraciones de carácter financiero, la labor de fiscalización debe establecer que las decisiones adoptadas cuentan con bases documentales completas y confiables de los empréstitos contraídos.

Desde la perspectiva de la práctica internacional, la fiscalización debe, asimismo, incluir una valoración de los pasivos y compromisos que correspondan, indicar las bases de medición que se utilicen, las modificaciones efectuadas con posterioridad al informe que afecten la comparabilidad de los datos, los supuestos importantes de que se haya partido para estimar rubros específicos, sobre todo los que estén sujetos a variación, incertidumbre o contingencia, además de toda la información que se requiera para interpretar correctamente las cifras.

Adicionalmente está el problema de la claridad y la transparencia; uno de los mayores retos en cuanto a la información sobre deuda pública es que ésta sea comprensible y resulte significativa.

La falta de transparencia que han señalado instituciones financieras y agencias calificadoras, demanda establecer ordenamientos legales y normativos para que las entidades federativas y municipios tengan la obligación de llevar un registro pormenorizado de su deuda, incluyendo todos sus tipos y plazos.

En este mismo sentido, sería adecuado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administre un nuevo y más completo registro nacional y reporte trimestralmente al Congreso de la Unión la situación del endeudamiento local, además de llevar a cabo evaluaciones periódicas sobre los riesgos que representa y proponer las medidas para mitigarlos y controlar sus posibles efectos en la economía y en las finanzas públicas locales y nacionales.

Hay que insistir en la imperiosa necesidad de integrar un frente común para coordinar los trabajos de revisión del desempeño gubernamental en los tres niveles de gobierno; la deuda pública de los estados es un ejemplo clásico de esta necesidad y podría ser una muestra de los beneficios que acarreará implementar una sistema nacional de fiscalización.