La ciudadanía desconfía de sus autoridades por la falta de buenas prácticas en el desempeño profesional; la sociedad está cansada de ver que sus necesidades no se ven satisfechas, sostuvo Juan Manuel Portal, titular de la Auditoria Superior de la Federación.

Agregó que la desconfianza ocurre en diversos sectores de la sociedad y las autoridades sin importar el nivel al que pertenezcan. La ausencia de sanciones efectivas, dijo, contribuye a acrecentar la sensación de que realmente existe impunidad y contubernio entre distintos niveles de las autoridades.

Portal participó en las jornadas de capacitación de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior (Asofis) en Mérida, Yucatán, donde afirmó que la situación actual no es muy diferente a la que existía en décadas pasadas.

“No creo que en el pasado haya habido más confianza en las autoridades”, dijo. Lo que ocurría es que el Estado era “poco proclive” a sujetarse a la crítica y no tenía la obligación legal de proporcionar información. Además, abundó Portal, no se contaba con una ciudadanía participativa y movilizada, y los medios de comunicación eran poco asertivos.

Como entonces, aún ahora persiste la cultura de la inmediatez y el cortoplacismo donde las cosas se conciben como efecto de una voluntad omnipotente que lo resuelve todo, “únicamente por su voluntad”.

Para modificar la percepción de la ciudadanía, agregó ante decenas de integrantes de las auditorias fiscalizadoras en los estados, se requieren comportamientos éticos, pues la corrupción tiene como uno de sus componentes la acción gubernamental.

“El descrédito tiene muchas causas y no existe una solución milagrosa para atenderlas a todas”, dijo. Portal sostuvo que pese a las condiciones actuales de desconfianza y descrédito de las autoridades, se debe actuar. Propuso que en el corto plazo las autoridades tomen medidas específicas para la promoción de la honorabilidad de los funcionarios públicos, y en el largo plazo, generar y fortalecer la cultura de control en la gestión pública con el fin de que las instituciones sean validadas a través del cumplimiento de sus obligaciones y objetivos.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tenga como su eje articulador el sistema fiscalizador en todos los niveles de gobierno, debe garantizar el ejercicio de las auditorías con propósitos constructivos, con autonomía y capacidades técnicas y con respeto irrestricto a la ética y la responsabilidad de los auditores, concluyó.