El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nuevamente se ve amenazado; esta vez, por el relevo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La salida del auditor Juan Manuel Portal, y la posibilidad de que se nombre a un auditor a modo, se suma a los intentos por nombrar a un fiscal anticorrupción a modo, la falta de acuerdos para ratificar a los 18 magistrados encargados de sancionar irregularidades de funcionarios públicos, y el secuestro de los sistemas locales anticorrupción por parte de los gobernadores. Hechos que han amenazado al Sistema Nacional Anticorrupción desde que fue creado.

Calificado por especialistas en rendición de cuentas como un aliado, el auditor Juan Manuel Portal podía ser designado para un segundo periodo de ocho años.

No obstante, el 16 de noviembre pasado, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para elegir a su sucesor, luego de que las principales fuerzas políticas fracasaron en su intento por llegar a un acuerdo para concretar su reelección.

Para Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, la designación de un nuevo auditor es un nuevo foco rojo en el SNA, pues abre la posibilidad de que sea colocado un auditor a gusto del gobierno o los partidos.

Morales afirma que la Cámara de Diputados ha enviado señales que generan preocupación. Entre ellas, la falta de transparencia en el diseño de la convocatoria.

FOCOS ROJOS

Para la especialista, con la emisión de la convocatoria, el Congreso le cerró la puerta a Juan Manuel Portal.

“(El auditor) generaba confianza y capacidad de interlocución. Es una realidad que la Cámara de Diputados le cerró la puerta al auditor, no sabemos por qué, está dentro de sus atribuciones, pero es hasta cierto punto desafortunado. Y va a ser aún más desafortunado que el proceso de selección sea desaseado, ahí sí, va a ser el fin del combate a la corrupción, porque la Auditoría es uno de los componentes fundamentales del Sistema”, advierte.

Morales asegura que, en pleno proceso de construcción del sistema anticorrupción, lo deseable era que el actual auditor fuera reelecto, pues fue el impulsor del SNA, ha tenido una buena gestión al frente de la ASF y es un aliado de las organizaciones civiles que impulsan desde hace años la agenda anticorrupción.

“Nos ponen ante un escenario de fuerte incertidumbre, lo lógico, creo yo, hubiera sido un seguimiento, una reelección de quien ha liderado la creación de este sistema e incluso la agenda de combate a la corrupción, por todos los vacíos que tenemos”, afirma.

La coordinadora de la Red advierte que otro motivo de preocupación es la falta de transparencia en el diseño de la convocatoria con la que se dio inicio al proceso de elección del sucesor de Portal, pues favorece la designación de un auditor a modo.

“Las señales que hemos recibido hasta ahorita son de alerta, porque un grupo de organizaciones, algunas de ellas que integramos la Red, concretamente las que están en el proyecto Designaciones, solicitaron a la Comisión de Vigilancia que hubiera al menos tres cuestiones: participación ciudadana, transparencia y un mecanismo de evaluación de los candidatos que hiciera énfasis en la idoneidad del perfil, para que no predominaran los criterios políticos sobre los criterios técnicos”, detalla.

CANDIDATOS INADECUADOS

Para Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, un auditor a modo sería el peor de los escenarios para el nuevo sistema anticorrupción, pues una de las funciones de la ASF es señalar los resquicios que favorecen a corrupción.

“La ASF es clave en el sistema anticorrupción, porque ahí se ha identificado en dónde están las grandes fallas por donde se cuela la corrupción. De los informes de la Auditoría han salido todas las desviaciones de recursos no solamente de la estafa maestra, no solamente del socavón sino también de los gobiernos estatales”, indica.

Peschard coincide en que el proceso de elección del nuevo auditor tal y como se he desarrollado hasta ahora genera suspicacias.

La académica critica que la convocatoria emitida por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados no contenga información suficiente para determinar el perfil del próximo auditor y se limite a establecer las fechas del proceso.

“Enviamos una carta alertando sobre por qué no se habían tomado en cuenta señalamientos de organizaciones de la sociedad civil que pedían que la convocatoria hablara de criterios muy claros en la selección del perfil del auditor, que estableciera posibilidades de acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, hacer un proceso de parlamento abierto, y esto no se hizo”, indica.

Peschard reconoce que los perfiles de algunos de los 41 personajes inscritos en el proceso de elección del auditor también generan suspicacias.

“Ya no pusieron criterios (en la convocatoria), pues que justifiquen por qué ellos evalúan mejor a A que a B, y que algunos de los que desde afuera nos parecen candidatos inadecuados no puedan pasar a la segunda ronda en el proceso de evaluación”, señala.

Al proceso de elección del nuevo auditor se inscribieron 41 personas, entre las que se encuentran personajes como Iván López Fernández, ex contralor del gobierno de Veracruz en la administración de Javier Duarte; Alejandro Torres Palmer, contralor del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; Raúl Sánchez Kobashi, ex secretario de Finanzas y Administración del actual gobernador de Puebla, Antonio Gali, y René Mariani, ex auditor de Veracruz.

Otros funcionarios con experiencia, como Gregorio Guerrero, actual contralor del INE, y Eduardo Gurza, actual titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, también pretenden la Auditoría.

Lo mismo Mauricio Merino, ex coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, activista y especialista en temas de transparencia y fiscalización.

DESGASTE

Desde su creación, el SNA ha sufrido distintos embates sujeto a diversos intentos de desgaste.

En los últimos tres años, el Congreso no ha podido nombrar al fiscal anticorrupción. Y, en julio pasado, el Senado volvió a aplazar la designación para el próximo año, tras un intento fallido por otorgar al priista Raúl Cervantes el pase automático de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, un órgano autónomo del que dependerá la Fiscalía Anticorrupción.

En un proceso paralelo, se ha entrampado el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, propuestos por el presidente Enrique Peña al Senado. Ante la falta de ratificación de los magistrados encargados de sancionar irregularidad administrativas graves, la Sala Superior decidió instalar una sala auxiliar en sustitución de las tres especializadas en corrupción.

El mecanismo fue calificado como inconstitucional debido a que la vía utilizada por el TFJA para instalar la sala auxiliar fue la “suplencia” y, en los hechos, no había algo que suplir, pues los magistrados anticorrupción no han sido designados.

Así, el 19 de julio pasado, el SNA entró en operación incompleto: sin fiscal y sin magistrados anticorrupción.

Más aún, para esa misma fecha, en cada entidad federativa debía entrar en operación un Sistema Estatal Anticorrupción (SLA) pero, a la fecha, estados como Veracruz no han promulgado la reforma constitucional necesaria para poner en marcha la instalación de este nuevo mecanismo.

El nombramiento de un nuevo titular de la ASF es un nuevo frente que se abre en torno al SNA, pues a la par la actual presidenta del Comité Coordinador del SNA, Jacqueline Peschard, concluirá su encargo en el primer trimestre de 2018.

DESIGNACIÓN

Para Lourdes Morales, la designación de un auditor a modo paralizaría el sistema.

“Tendríamos una entidad de fiscalización disminuida, que seguiría la máxima juarista: a los amigos gracia y a los enemigos la máxima aplicación de la ley… sería el fin del combate a la corrupción”, advierte.

En opinión de Jacqueline Peschard, aunque ya no es posible subsanar las deficiencias que hasta ahora han marcado el relevo en la ASF, aún es posible designar a un auditor autónomo y con capacidades técnicas suficientes para supervisar el uso de los recursos públicos.

Peschard reconoce que si bien en la lista de los 41 aspirantes al cargo hay personajes que generan suspicacias, también se pueden encontrar académicos y especialistas en combate a la corrupción y rendición de cuentas con buenos perfiles.

La clave, asegura, es que la siguiente etapa del proceso, se lleve a cabo bajo prácticas de parlamento abierto.

“Hay muy buenos perfiles en la lista de los 41. Si se hace un procedimiento transparente, abierto, que los ciudadanos podamos darle curso, que sepamos qué criterios utilizaron, cómo se evaluaron, cómo llegaron a la lista pequeña, es decir, la terna final que la Comisión de Vigilancia tiene que presentar al Pleno, si las entrevistas que se hagan a los candidatos son transparentes, estoy segura que vamos a tener al mejor auditor”, sostiene.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados entrevistará a los aspirantes entre el 2 y el 6 de diciembre; mientras que del 7 al 9, formulará la terna que presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Antes de que concluya el penúltimo periodo ordinario de esta legislatura (el próximo 15 de diciembre), deberá haber un auditor para el periodo 2018-2026.

CADA VEZ MÁS ACTIVA

Auditorías, acciones emprendidas y denuncias de hecho interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación desde su creación hace 17 años.

2000 a 2007 Periodo de Arturo González de Aragón

2008 a 2016 Periodo de Juan Manuel Portal

S/I: Sin información disponible.

* Acciones: recomendaciones, pliegos de observaciones, solicitudes de aclaración, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

** En 2016, cifras preliminares.

RECUPERACIONES

En 18 años, la Auditoría ha hecho recuperaciones por más de 116 mil 255 millones de pesos.

Nota: El monto de lo recuperado va aumentando cada año, conforme van concluyendo los procesos de auditoría; por ello, las cifras son preliminares a partir de 2014.

Fuente: Auditoría Superior de la Federación.

UN AUDITOR INCÓMODO

Casos relevantes en la gestión de Juan Manuel Portal.

Oceanografía

Desde 2008, hizo observaciones a contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a Oceanografía, pero no hubo reacción alguna. En 2014, estalló el escándalo tras la denuncia de Banamex contra la naviera por fraude, ya que solicitó un préstamo a la institución bancaria, para la que ofreció como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex; no obstante, los documentos que presentó eran apócrifos y con firmas falsificadas.

Congreso

La ASF denunció la opacidad en el Congreso. En su informe de la Cuenta Pública 2015, indicó que las cámaras de Diputados y Senadores incumplieron con las normas para transparentar el uso del dinero público que reciben. Encontró que la primera tuvo un presupuesto de 7 mil 812 millones de pesos, de los cuales omitió transparentar más del 22 por ciento. Respecto al Senado, detalló que su presupuesto fue de 4 mil 300 millones, de los cuales, 28 por ciento fueron asignados a los grupos parlamentarios, por lo que no fue posible conocer su destino.

La estafa maestra

Durante años, la ASF denunció que diversas dependencias federales utilizaban a universidades públicas para entregar contratos a empresas. En septiembre pasado, el portal Animal Político publicó una investigación que retoma la información de la Auditoría. Según ésta, a través de 11 dependencias, el gobierno federal entregó contratos por 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas, de ellas 128 no existían o estaban imposibilitadas para ser proveedoras de la administración pública. De acuerdo con esa investigación, se desconoce el destino del 55 por ciento de esos recursos.

Odebrecht

Desde 2011, el auditor alertó sobre irregularidades en los contratos otorgados por Pemex a Odebrecht, pero la denuncia fue atendida hasta que ejecutivos del gigante brasileño admitieron ante una corte federal de Estados Unidos haber sobornado a funcionarios mexicanos. Las primeras anomalías relacionadas con Odebrecht fueron reportadas en el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2012; en éste se documentaron irregularidades por más de mil 250 millones de pesos en los trabajos de mantenimiento y conversión de residuales de las refinerías de Tula, Hidalgo, y de Salamanca, Guanajuato.

Gobernadores

La ASF documentó irregularidades cometidas por varios gobernadores, quienes ya enfrentan procesos penales.

Javier Duarte, Veracruz (PRI)

Anomalías por más de 38 mil millones de pesos en auditorías realizadas entre 2011 y 2016. Tan sólo en el último año de gobierno de Duarte, documentó que más de mil 448 millones de pesos que debían destinarse a personas en condición de pobreza, desaparecieron. Actualmente, el ex gobernador priista se encuentra en prisión.

César Duarte, Chihuahua (PRI)

Entre 2011 y 2015, detectó irregularidades por más de 2 mil 800 millones de pesos. Al ex gobernador priista se le giró una orden de aprehensión, pero a la fecha se encuentra prófugo.

Roberto Borge, Quintana Roo (PRI)

Irregularidades por más de 2 mil millones de pesos en rubros como obra pública y educación. El 5 de junio pasado, Borge fue detenido en Panamá, posteriormente fue extraditado a México. Actualmente se encuentra preso.

Guillermo Padrés, Sonora (PAN)

Anomalías por más de mil 400 millones de pesos. El ex gobernador panista se encontraba detenido por delitos como lavado de dinero, evasión de impuestos y delincuencia organizada; no obstante, el 23 de noviembre pasado quedó absuelto de este último delito -único que le impediría llevar sus procesos en libertad- luego de que la PGR no impugnara durante 10 días hábiles el amparo de primera instancia donde se canceló dicho cargo.

El socavón

Desde finales de 2016, la ASF alertó a la SCT que se habían realizado obras de mala calidad en el Paso Exprés de Cuernavaca y que funcionarios instruyeron a las contratistas Aldesem y Epccor efectuar modificaciones al proyecto sin tener autorización para ello. La ASF reportó a la dependencia que los responsables de supervisar la obra no verificaron el adecuado volumen de la carpeta asfáltica y que ésta no contaba con obras fundamentales para su operatividad. Detectó sobreprecios por más de 270 millones, pagos anticipados por obras no concluidas y un pago de 7.5 millones por la supervisión y coordinación del proyecto aun cuando no se cumplieron con las especificaciones establecidas en los contratos.

Fuente: Revista R Reforma