Desconozco las razones por las que esta semana revivió en la opinión pública el tema del fondo de pensiones del Isssteson, lo que importa es recordar que siguen vigentes preguntas y todavía no existen suficientes respuestas.

Antes de que sus directivos se desgarren las vestiduras y contraten al Holguín en su defensa, permítame primero decir que reconozco que se han dado pasos muy positivos en el Isssteson en este sexenio. No todo es negro, así como tampoco todo es rosa (el único color de realidad que aceptan).

Y como en todo hay matices a considerar, a mí me parece suficientemente importante destacar el caso por su relevancia: Mil 500 millones de pesos solamente del Gobierno del Estado (cifra no actualizada) y entre organismos y ayuntamientos se calculan otros mil millones.

La práctica por lo visto es más común de lo que parece: Se retienen las cuotas de los trabajadores (10%) y el patrón, que debe poner una parte importante (17%), es omiso en entregar su parte al Instituto. En total, es el 27% del salario del trabajador exclusivamente para pensiones.

En lugar de entregar lo que estaba ya presupuestado para este fin, con ligereza se decide usarlo para “financiar” la operación gubernamental y de ahí el por qué al Instituto históricamente se le ha llamado “la caja chica” del Gobierno.

No digo que se lo hayan robado, no tengo elementos para tal aseveración que circula ampliamente por las redes sociales, la mejor explicación que puedo recordar es que “se fue a la licuadora”, es decir, a los gastos de operación. Pudo haber sido renta de vehículos, boletos de avión, contratar gatilleros en los medios, comprar gasolina o cualquier cosa.

El punto es que es un recurso que estaba presupuestado para A) y que fue destinado para B) Siento mucho recordarles que no hay otra forma de llamarle a esto, sino un desvío de recursos públicos.

¿Desvío a dónde? Ésa es la pregunta central que sigue sin responderse.

Esta práctica, de la que tampoco se salvan ayuntamientos priistas, por cierto, genera un hueco financiero en el Instituto y pone en crisis el sistema de pensiones.

Crisis agravada por la práctica fraudulenta y poco ética de cotizar con un salario menor al que realmente se recibe y “disfrazar” parte del sueldo como compensaciones y bonos. Esto es una flagrante defraudación tanto al fisco como al Isssteson, práctica vigente en la actualidad de la que no hay un solo funcionario de alto nivel que se salve.

¿En realidad buscan resolver este problema?

La medicina: Un rescate

El pasado 14 de diciembre de 2013 legisladores locales de todos los partidos aprobaron lo que consideraron era la medicina perfecta.

¿Cómo pagar un adeudo de más de mil 500 millones de pesos? ¿De dónde sacar ese porcentaje de los salarios de los trabajadores que se “perdieron/gastaron” en el camino?

La solución, por obvias razones, no podía ser aumentar impuestos, así que decidieron echar mano del patrimonio del estado y entregarlo en prenda para que el Isssteson haga lo que considere.

Lo cierto es que ese patrimonio estatal, ahora en manos del fideicomiso, ya no pertenece a las y los sonorenses. El estado de Sonora es ahora menos fuerte y todo porque alguien decidió desviar un recurso público.

Mejor, pues hubiera sido más transparente el planteamiento, haber puesto a la venta el “Héctor Espino”, el Estéro de Morúa y otros bienes inmuebles y explicar que con ese recurso se financiaría la administración pública o que se pagaría quien sabe qué.

Precisamente esta amarga medicina y la forma en que se tomó la decisión llevó a que Sonora Ciudadana junto a activistas y académicos decidiéramos interponer una demanda de amparo (#EnloOscuritoNO) que, vale la pena comentar, todavía se encuentra en un tribunal colegiado, ya en segunda instancia.

El resultado es de pronóstico reservado porque es una innovación jurídica esto de aducir el interés legítimo (pues ni el Estéro de Morúa ni el estadio ni ninguno de esos bienes son propiedad mía o del resto de los quejosos, sino de todos) por lo que la afectación directa, para los abogados, puede no ser clara.

Como sea, esperamos que las y los ciudadanos tengamos más herramientas para defendernos de decisiones como éstas, que así como las mega pensiones de políticos, nos afectan e indignan.

Fuente: El Imparcial