El nuevo informe de la OCDE busca medir y cuantificar la corrupción transnacional o sobornos de empresas a funcionarios extranjeros en el conjunto de los 34 países miembros. En el mensaje conclusivo del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurria, se advierte que “la corrupción y la percepción de la corrupción minan la confianza en los Gobiernos, las empresas y los mercados”. Los sectores más afectados son las industrias extractivas, las obras públicas y el transporte.

El informe, tras analizar 427 casos sometidos a los tribunales, no entra en los detalles y se concentra en dar una fotografía de la situación en el sobrno transnacional. Del informe se destaca:

Países origen del soborno y acciones coercitivas

El 67%, las corrupciones derivan de países de medio, alto y muy alto desarrollo, si bien es este tipo de Estados en los que hay más medios para combatir la corrupción. Estados Unidos es el país con más acciones coercitivas, con 128 casos, le sigue Alemania (26), Corea del Sur (11), y también Italia, Suiza y Reino Unido, con seis cada uno.

Actores implicados

El 53% de las operaciones fraudulentas tienen como implicados a eejcutivos y altos responsables de las empresas, en su mayoría de gran tamaño, mientras los corrompidos fueron sobre todo empleados de empresas públicas o funcionarios (un 80%). El 57% de las operaciones fraudulentas afectaron a empresas o instituciones públicas.

El costo de la corrupción

Las acciones de cohecho o sobornos superan por término medio el 10% del coste de las operaciones, lo que influyó negativamente en los salarios de los empleados de las empresas afectadas, la calidad de los materiales utilizados o el tratamiento a pacientes en fraudes relacionados con el sector sanitario. El mayor soborno, de 1.400 millones de dólares (1.125 millones de euros), se registró en Estados Unidos.

Las sanciones

Las acciones anti corrupción dieron como resultado multas y sanciones de más de 16.000 millones de euros en 2004, pero han descendido a 1.045 en 2010 o a 964 en 2013. De las sentencias examinadas, 261 culminaron en multas, 82 en confiscaciones, 80 con penas de prisión a otras tantas personas y 70 con acuerdos entre los afectados. La pena de cárcel más elevada fue de 13 años. La multa más alta impuesta a una empresa fue de 1.447 millones de euros

La detección de la corrupción empresarial

En un tercio de las corrupciones, fueron las propias empresas las que las detectaron en controles internos. En 26 de cada 100 casos, la policía o los jueces y, en el 5%, los medios de comunicación. (CCN)

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Fuente: Informador Público