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PRESENTACIÓN

La Red por la Rendición de Cuentas (en adelante RRC o Red) es una organización incluyente y dinámica de aliados, que tiene el propósito explícito de contrarrestar la fragmentación de esfuerzos, sistemas y estructuras favorables al diseño, puesta en marcha y seguimiento de una política coherente, articulada y completa de rendición de cuentas en México.

La Red está convencida de que es imprescindible subrayar los principios de la responsabilidad pública y de su exigibilidad, pugnar porque haya responsables precisos de cada tarea pública, que haya información completa y cuentas claras. No más complejidad burocrática sino principios inequívocos y mejores métodos para cumplirlos.

Para lograrlo, la RRC -proyecto promovido y albergado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que vio la luz en 2010- se propuso como objetivo sumar y coordinar las acciones del mayor número posible de organizaciones académicas y sociales, de instituciones públicas y de medios de difusión comprometidos con el tema, basándose en la investigación académica y periodística de excelencia, en testimonios empíricos de miembros de instituciones públicas, en casos de éxito de las organizaciones sociales que han trabajado en alguno de los ejes rectores de la rendición de cuentas, y en la más amplia divulgación y el debate abierto en torno del conocimiento y de las experiencias relacionadas, así como de la coordinación eficaz del trabajo entre todos estos actores.

Dado que la Red no es una alineación de personas físicas ni de individuos aislados, sino de las mencionadas instituciones académicas, sociales y públicas constituidas con propósitos similares, se caracteriza por ser una organización de “segundo piso”, pues articula y coordina –sin sustituir ni absorber– a las estructuras que han suscrito su fundación y a las que se sumen en su trayecto. En este sentido, la Red no tiene voz propia: habla a través de ellas y solamente cuando, tras las deliberaciones abiertas ha generado documentos consensuados, estos se presentan a nombre del colectivo. De este modo, la Red se enriquece y se apoya en las experiencias, criterios, trabajo y recursos de éstas, para así cumplir con la doble finalidad de exigir y proponer una verdadera política pública de rendición de cuentas en México. Al mismo tiempo, busca potenciar el conocimiento, la comprensión, la visibilidad pública y la incidencia de ese trabajo.

El antecedente inmediato que propició el nacimiento de la Red es el diagnóstico que realizó un grupo de investigadores del CIDE[1], que permitió contar con una definición clara de la rendición de cuentas desde el enfoque de política pública, además de un retrato del estado que guarda el tema en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno; para ello se siguió la ruta del gasto público como hilo conductor. Como resultado de ese trabajo se documentaron los avances en México en los tres pilares fundamentales de la rendición de cuentas: la información, las cuentas y los responsables. El resultado evidenció que la evolución en estos tres rubros ha sido muy importante para México, pero insuficiente para generar una política pública de rendición de cuentas, y que el ciudadano —que debiera ser el beneficiario central— es quien termina pagando a un alto costo las facturas del abuso de poder y la ineficiencia de las instituciones.

El diagnóstico también permitió documentar el crecimiento y especialización de instituciones de acceso a la información, de fiscalización y de evaluación; la cada vez más marcada división de poderes públicos, y los problemas y traslapes en sus interacciones y funciones; la existencia de mecanismos de control interno y externo, y la ineficiencia de los mismos para mostrar el desempeño de los gobiernos; el avance de las reglas electorales, y los límites en el seguimiento y sanción de los gobernantes; y de manera tangencial, se conoció que el tejido organizativo que existe es débil y con escasas herramientas de incidencia.

¿Cómo hacer exigible social y políticamente la rendición de cuentas en México? Ante este dilema que representa no solamente un problema de investigación, sino materialmente un problema de acción colectiva fue que inició la construcción de una Red de actores que han trabajado en el tema, que como ya se indicó, son actores con reconocido prestigio y trayectoria. De esta manera se consolidó este colectivo que al día de hoy está conformada por 80 integrantes y que tiene presencia en 21 entidades del país. Este proyecto añadió nuevas dimensiones al trabajo realizado hasta entonces por el CIDE y constituye la mejor prueba de la riqueza que se produce cuando desde diversos miradores se formulan propuestas con objetivos compartidos.

Los trabajos de la RRC se pueden resumir en los siguientes rubros: a) generación de conocimiento empírico; b) espacios para la deliberación pública; c) herramientas de difusión y diseminación, y d) monitoreo y evaluación. Esta labor toma en consideración el enfoque clásico de política pública[2], según el cual, una vez que se identifica un problema público se analiza la causalidad del problema para que a través de la propuesta y puesta en marcha de una agenda pública se trate de dar solución a una problemática concreta a través de la intervención del Estado.

En la Red, este trabajo se ha dado en dos fases paralelas: 1) la integración y consolidación del diálogo entre sus integrantes a través de diversos espacios de discusión permanente, en el cual se intercambian experiencias, informes, bases de datos y productos de investigación vinculados a la rendición de cuentas, y 2) la implementación de un proceso de aproximaciones sucesivas que ha permitido establecer tres etapas de trabajo: en la primera se identificaron las causas principales de buena parte de los problemas de probidad, calidad y eficacia que hay en el país; en la segunda se formaron grupos de trabajo, bajo la lógica de los “círculos concéntricos”, con el fin de formular soluciones concretas para la elaboración de una política de rendición de cuentas que posteriormente fueron afinadas en foros más amplios de deliberación, y finalmente se formuló una agenda de propuestas centradas, en un primer momento, en cambios normativos e institucionales que han impactado en el espacio público.

En su fase inicial, algunas de estas propuestas fueron presentadas por primera vez en la última etapa de un sexenio gobernado por el PAN, y al calor de las campañas electorales, éstas fueron acogidas con entusiasmo por los presidentes de seis de los siete partidos políticos[3] con registro nacional. Con el cambio de gobierno y el regreso del PRI al poder, el contexto ha sido propicio para la exigencia social por una mayor rendición de cuentas que favorezca el ejercicio de derechos fundamentales y el combate a la corrupción.

El actual sexenio arrancó con la promesa de “mover a México” con una ambiciosa agenda de reformas estructurales que en el marco de los acuerdos del Pacto por México permitieron plantear y construir nuevos órganos públicos autónomos, nuevas reglas entre gobierno e iniciativa privada en los sectores de telecomunicaciones y energía; reformar el sistema educativo y proponer planes millonarios para invertir en infraestructura. Esa ventana de oportunidad permitió avances en la normatividad relativa a la transparencia y acceso a la información. Los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa y la “Casa blanca”[4], además de otros casos de corrupción cotidiana, modificaron el tono del debate y aumentaron el contexto de exigencia indispensable para iniciar una de las mayores y más ambiciosas reformas democráticas que eventualmente habrá vivido el país, en las que la Red ha logrado incidencia pública: el combate a la corrupción.

Al cierre de este ciclo de cinco años, la Red entrega un informe detallado en el que da cuenta de la destacada labor que ha desarrollado en materia de generación del debate público y promoción de la transparencia y el acceso a la información, buen uso de los recursos públicos, lucha contra la corrupción y participación ciudadana, a través del proceso de construcción y puesta en marcha de una política pública integral, articulada y coherente de rendición de cuentas.

Al respecto, se enfatiza la participación activa de la Red en la producción de insumos, deliberaciones y trabajo técnico que desembocó en dos grandes reformas constitucionales sobre la materia: la que estableció el Sistema Nacional de Transparencia y la que fundó el Sistema Nacional Anticorrupción. Estos trabajos continúan a través del seguimiento y promoción de prácticas de parlamento abierto para el proceso de legislación secundaria.

Una vez que concluya esta ruta normativa, se abrirá una nueva etapa para la Red. Se pasará de la exigencia pública y del diseño técnico, al monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los sistemas que llevarán la política de rendición de cuentas a su implementación y resultados. La Red por la Rendición de Cuentas estará llamada a incrementar su actividad, la frecuencia de sus intercambios y la calidad técnica de sus productos. Se requerirá incrementar la diseminación de sus trabajos para construir la agenda pública, para conseguir mayores impactos, potenciar los espacios formales de participación ciudadana derivados de los cambios previstos y para contribuir a la promoción de una cultura de rendición de cuentas. Luego de los cambios obtenidos, el siguiente lustro reclamará que la organización fortalezca su actividad en las entidades federativas, se mantenga alerta, activa y solidaria para evitar que la política de rendición de cuentas se desvíe, que las instituciones que la encarnen no traicionen su misión y que la sociedad civil y la academia mantengan un nivel de cooperación e interlocución suficiente para enriquecer la labor de vigilancia e incidencia.

Esos son algunos de los retos a futuro de esta coalición de organizaciones que busca consolidarse como una organización central para la política de rendición de cuentas del país; pero ello sólo ocurrirá si se mantiene el compromiso y la cohesión de sus integrantes: de todas las organizaciones y las instituciones que le dan vida.

[1] Cejudo Guillermo, López Ayllón Sergio y Merino Mauricio (Coord.), “La estructura de la rendición de cuentas en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2010.

[2] Este enfoque entiende que el proceso de política pública es dinámico y perfectible, parte de la imposibilidad de hacer un diseño sin fallas; asume por el contrario que es la observación, la evaluación y la revisión constante de los hechos frente a los propósitos lo que permite llegar a mejores resultados. La política pública es un instrumento, no una varita mágica. Pero su riqueza y eventual eficacia depende justamente de la capacidad de diálogo, crítica y del uso de instrumentos que permitan informar los juicios, las preferencias y los valores.- “Hacia una Política de Rendición de Cuentas (Notas para una deliberación en curso)”, RRC, marzo 2012.

[3] El único partido que no suscribió las propuestas por una política de rendición de cuentas fue el Partido del Trabajo.

[4] El 26 de septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero que realizaban una protesta y que habían confiscado algunos camiones, fueron enfrentados por policías de los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula. Los policías habían recibido la orden del alcalde de Iguala, José́ Luis Abarca, de impedir la llegada de los estudiantes al municipio y detenerlos. En el enfrentamiento murieron seis personas, tres de ellas normalistas, y hubo 25 heridos. Los 43 estudiantes desaparecidos fueron los detenidos por los policías que según diferentes versiones fueron  “entregados” a un grupo criminal conocido como “Guerreros Unidos”. Ver Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Aytozinapa, México, D.F, 2015. (http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/Informe-ayotzi.pdf) El caso de la “Casa Blanca” se refiere a la investigación publicada por el equipo de la periodista Carmen Aristegui el 9 noviembre del mismo año, y da cuenta de la dudosa forma en que la Primera Dama del país, Angélica Rivera, se hizo de una residencia en una de las zonas residenciales más connotadas de la Ciudad de México, “construida a su gusto por Grupo Higa”, empresa que había obtenido contratos de obra pública del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en la Presidencia de la República–. “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, noviembre de 2014 http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/