Por Daniel Manchinelly

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Como cada año, hace unos días, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó su Índice estatal de transparencia presupuestaria 2011. Este estudio evalúa las normas y prácticas que permiten la transparencia presupuestal en los estados y en su edición de 2011, pone en evidencia cómo a pesar de las leyes de transparencia estatales y del supuesto compromiso de los actores políticos e institucionales, la opacidad sigue prevaleciendo en esta materia.

De esta manera, en una escala del 0 al 100, los resultados muestran que la calificación promedio en todas las entidades del país es de 58 puntos. Oaxaca es la entidad que registró el peor desempeño con una calificación de 34 puntos, mientras que Colima alcanzó 81 puntos ubicándose como el mejor estado posicionado en el ranking. Baja California Sur y Campeche son los estados que mejoraron sus posiciones respecto al año anterior, subieron 25 y 15 puntos respectivamente. En cambio, el estado que perdió más posiciones es Nuevo León al descender 15 puntos en un año.

Según  el IMCO pocos estados generan buenas prácticas en la transparencia presupuestaria. Por ejemplo, Guerrero desglosa su deuda estatal y Veracruz detalla las aportaciones económicas de los partidos políticos. Sin embargo, persisten las malas prácticas. Por ejemplo, Veracruz no reporta su deuda pública desde 2007, el presupuesto de Zacatecas es ilegible y no desglosa el gasto de las dependencias, entre otros casos.

El índice del IMCO señala que el endeudamiento de los estados asciende en el 2011 a 363,422 millones de pesos, que representa el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB). También muestra que hay una diferencia entre la deuda reportada y la deuda total. Al respecto, el estado que “esconde” más su deuda es Coahuila cuya cifra reportada es de 8,239 millones de pesos, mientras que la deuda real es de 31,973 millones de pesos, una diferencia del 74%.

El IMCO hace las siguientes recomendaciones que podrían mejorar la transparencia presupuestal en el país: i) hacer versiones oficiales legibles, ii) realizar una descripción completa de la deuda pública, iii) mostrar tabuladores de plazas y sueldos completos, iv) transparentar el financiamiento a partidos políticos, v) desglosar el monto asignado a cada municipio, vi) detallar las transferencias a la sociedad civil y vii) ciudadanizar el contenido del presupuesto. Todas ellas no requerirían de mayor esfuerzo más que un poco de sistematización y voluntad por hacer accesible a la ciudadanía toda la información a la cual, por derecho constitucional, debiera tener acceso. Sin duda todavía falta un buen camino por andar para lograr que los ciudadanos sepamos sobre el destino de los recursos públicos.