La reorientación de la gestión pública hacia un Modelo Económico Nacional que enfrente la violenta crisis financiera que experimentan las economías globales, la inestabilidad del crecimiento económico nacional y la pérdida de su dinamismo, tiene que ser explorada por un gobierno de proximidad y de participación ciudadana activa.
La cercanía ciudadana debe propiciar la vertebración con nuevos actores de diferentes dimensiones del espectro social, cuyos esfuerzos constituyan el salto cualitativo hacia el fortalecimiento de las acciones públicas.
Asimismo, se impone facilitar la operatividad gubernamental para construir oportunidades de inversión productiva industrial, comerciales y de servicios mediante una gestión pública que disponga de mecanismos, herramientas, mejoras regulatorias y procesos jurídicos generados desde la ingeniería constitucional.
En este trazo, la administración del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hoy proyecta la inmejorable zona cebadera de Apan, cuya infraestructura y ubicación geográfica, son idóneas para garantizar el desarrollo económico local, emprendiendo acciones que activan el flujo de inversiones; fortalecen las cadenas productivas de valor; y atienden la vocación productiva regional.
La inversión del Grupo Modelo en aquella región, por un monto inicial de 14 mil millones de pesos, habrá de unirse a la inversión pública en infraestructura para garantizar la proveeduría de insumos y servicios dedicados a la industria cervecera, creando un polo de desarrollo que producirá un cambio cualitativo en las estructuras ciudadanas, culturales, comunitarias y vecinales.
Es innegable que la interacción entre gobierno e inversión productiva debe priorizar el vínculo cultural-identitario de la ciudadanía y transformar el rol del Estado como gestor intelectual y estratégico de políticas públicas de vanguardia que preserven el dinamismo social.
Esta dinámica debe impulsar la construcción de una Agenda Ciudadana del Desarrollo Productivo, cuyas coordenadas activen la participación de la sociedad y el sector productivo, como actores cuya responsabilidad pública, originen en su interacción mayores cadenas de valor y estabilidad sistémica.
En este sentido, la inteligencia institucional, empresarial y social debe responder a cuestionamientos como, ¿Cuáles serán los retos político-administrativos para los gobiernos federal, estatal y municipales? Y en este escenario, ¿qué se requiere para lograr que el proyecto se convierta, de manera efectiva, en un polo de desarrollo y seguridad humana?
El primer cuestionamiento admite una precisión contundente: la gestión pública debe ampliar la flexibilidad regulatoria, estimando los impactos económicos y sociales, como condiciones alícuotas de un proceso de modernización, no sólo económico, sino cultural, lo que exige generar un pensamiento público unitario y estratégico para el desarrollo y la seguridad humana.
El segundo cuestionamiento evidencia vértebras aún más delicadas. El proyecto debe tener un sentido incluyente y dinámico, que en la diversidad de los públicos y actores concurrentes, genere procesos sólidos de comunión y comunicación, donde la cocreación en la tarea pública permita construir un Clúster Público-Privado de Responsabilidad Social Corporativa, que fortalezca la colaboración entre diferentes organismos e instituciones para competir, afianzar la cadena productiva, redistribuir la riqueza y concientizar un trato relacional de compromiso empresarial-obrero-patronal, para enfrentar los desafíos del progreso.
El enfoque de Clúster Público-Privado de Responsabilidad Social Corporativa, denota un contexto de cambio productivo y gubernamental. Se trata de generar diversidad productiva para trascender las dinámicas de la mono producción y mono exportación. La implementación de este proyecto abre un espacio inmejorable para que su potencialidad productiva incida en el desarrollo económico y el bienestar ciudadano.
Una sociedad que se desenvuelve en la interacción dinámica con el gobierno y el sector productivo, debe edificar una mentalidad vigorosa hacia un régimen competitivo y activo; ello implica detonar condiciones proclives al desarrollo del capital intelectual y social del brazo de universidades y organizaciones de la sociedad civil y trazar un vínculo de referencia a través de la construcción de oportunidades y dignidad humana.
En este contexto de inserción y dinamismo productivo, debe entenderse que la gestión responsable es una tarea compartida que tiene su epicentro en la ciudadanía y que organismos como el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCCEH), pueden propiciar su socialización como punto de equilibrio entre la generación de oportunidades, la consolidación de la vocación productiva regional y la armonización con el medio ambiente.
Ningún cambio económico tendrá sentido, si no se exige el perfeccionamiento normativo e implementación de nuevos mecanismos jurídicos que garanticen el derecho humano a la participación ciudadana para vigorizar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social.
La participación de la sociedad como fuente motriz de este nuevo modelo económico de responsabilidad social corporativa y gubernamental es innegable; su transversalidad en las acciones de gobierno y su empuje en la construcción de la realidad, son el germen del equilibrio sistémico, cuya fortaleza depende del grado de inserción ciudadana en la toma de decisiones públicas.
La prescripción es clara, el gobierno de proximidad ciudadana hace de la gestión pública el mecanismo para que la conciencia social se una a la conciencia corporativa de empresas socialmente responsables, e impulsa la acción de gobiernos y parlamentos abiertos, sector privado y ciudadanía, como agentes de transformación y cambio de la dinámica social.
Hidalgo ha dado un gran paso en la edificación de un porvenir promisorio. Ha iniciado un proceso de Concertación Progresista sin precedentes, donde la ciudadanía debe tener un rol protagónico en su desarrollo, que haga del derecho humano a la participación ciudadana, el nuevo paradigma de horizontalidad para el desarrollo económico y social.
Agenda
- Esta semana concluyó una fase importante del proceso electoral con el registro de los aspirantes ante sus respectivos partidos, que son de hecho, los candidatos a contender por la Presidencia de la República. Por la coalición Meade Ciudadano por México, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña; por la coalición México al Frente, del PAN, PRD, MC, Ricardo Anaya Cervantes; y por la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador.
- Será interesante conocer los términos de los convenios de estas coaliciones, ya que es donde se establece el reparto de candidaturas a gobernadores, diputaciones y senadurías, lo que impactará la composición de las fuerzas políticas en las entidades federativas.
- Por la vía independiente Jaime H. Rodríguez Calderón El Bronco, alcanzó el número de apoyos, pero tiene una baja dispersión, le falta conseguir el 1% del listado nominal de por lo menos 17 estados. Más atrás se encuentra Margarita Zavala.
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