El 24 de septiembre pasado, en el marco de la 69ª Asamblea General de la ONU, el gobierno mexicano asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), pero no fue un reconocimiento al trabajo de la administración actual, sino la estricta aplicación del calendario de relevos de esta plataforma multilateral que busca fomentar la transparencia de los entes públicos y dotar de mayores herramientas a los ciudadanos. No es una estafeta que premia, sino que responsabiliza.
La Alianza para el Gobierno Abierto fue una iniciativa del Presidente Obama para armar un acuerdo voluntario entre países, encaminado a impulsar políticas públicas de transparencia que tuvieran dos grandes objetivos: 1) ofrecer información gubernamental que fuera de utilidad para la población y 2) aprovechar las tecnologías de información para hacerla accesible, utilizando formatos abiertos que permiten cruzar y contrastar los datos.
La gran innovación del proyecto fue la idea de construir una nueva forma de relación entre sociedad y Estado. Así, las políticas de apertura que se diseñarían y que tendrían que significar un avance respecto de las ya existentes, no emanarían de decisiones de los los gobiernos, sino de un trabajo conjunto entre ellos y organizaciones de la sociedad civil. El requisito para incorporarse a AGA era que además de existir una voluntad expresa de avanzar en la apertura informativa, se delineara una mecánica para que las organizaciones sociales no sólo monitorearan el desarrollo de las acciones, sino que participaran a lo largo de todo el proceso, desde la formulación de las mismas, hasta su ejecución y evaluación.
La parte medular de AGA es el esquema que cada país imagina para redactar sus Planes de Acción que contienen sus compromisos específicos de gobierno abierto. México diseñó un Secretariado Técnico Tripartito para incluir a un representante del gobierno y la sociedad civil y a uno del IFAI, lo cual probó ser un mecanismo adecuado para sumar propuestas y opiniones de las partes involucradas en el tema.
El Plan de Acción para 2013-2015 contiene 26 compromisos de gobierno abierto que abarcan temas estratégicos tales como compras públicas abiertas, cuidado del medio ambiente basado en evidencia, infraestructura, transparencia presupuestaria y fiscal (impuestos abiertos), “sigue la obra pública”, datos carreteros, plataforma de becas, registros de detenidos y base de datos de desaparecidos, padrón único de beneficiarios, FONDEN transparente, minería para todos y la adhesión de México a la Iniciativa de las Industrias Extractivas. Este conjunto de acciones busca concentrar información dispersa para hacerla más fácilmente consultable y para darle consistencia a las cifras estadísticas, además de que estarán articuladas por una política general de datos abiertos y de gobierno electrónico.
El solo compromiso con la sociedad mexicana debería ser suficiente para que efectivamente el gobierno federal asumiera como prioridad acelerar el paso en el cumplimiento de las 26 acciones de gobierno abierto, sin embargo, la apuesta es que la presidencia de AGA signifique una presión adicional para que en un año se rindan cuentas positivas respecto de este Plan de Acción. Se trata también de que esta agenda no se quede en el ámbito federal, sino que siente la pauta para que cobre dimensión nacional.
Al asumir el liderazgo de AGA, el presidente Peña Nieto se comprometió a promover la transparencia, luchar contra la corrupción y empoderar a la ciudadanía. Todos ellos son objetivos deseables, indispensables y aplaudibles, pero si la manifiesta voluntad política no se traduce en acciones concretas para satisfacer los 26 compromisos, seguiremos navegando en el mar de los discursos políticamente correctos que ya empiezan a tener rendimientos decrecientes.
Fuente: El Universal
