El encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde, llamó a las autoridades encargadas en el combate a la corrupción a no caer en el desánimo y trabajar para que no se vuelva un problema pandémico en México.

Para ello, planteó tres vertientes: ejercer las facultades “sin desmayo alguno”, aunque en ocasiones no sean suficientes; convocar al sector social y privado para que se unan a esta lucha, y fortalecer a las instituciones encargadas de la fiscalización y el control.

Al inaugurar la Primeras Jornadas de Contraloría Social, recordó que el primer semestre del presente año la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a 8,791 servidores públicos.

Esa cifra, subrayó, nos demuestra, junto con los índices de percepción, hay problemas de corrupción, pero las autoridades encargadas de su combate no deben caer en el desánimo, deben continuar realizando su tarea.

Olivas Ugalde dijo que en la lucha contra la corrupción son necesarias nuevas instituciones que coadyuven en esta tarea, la cual ya inició el Congreso de la Unión, y confió que en este periodo ordinario de sesiones se tengan los frutos para la ciudadanía y las facultades para las autoridades a fin de continuar en su combate.

En el auditorio de la dependencia, señaló que en los primero 19 meses de la presente administración la Secretaría ha logrado la recuperación de más de 6,114 millones de pesos derivados de las revisiones practicadas por esta dependencia y sus órganos internos de control.

Asimismo, Olivas Ugalde señaló que en materia de contraloría social nos mueve empoderar a la ciudadanía en la construcción de un mejor gobierno, más cercano y moderno.

Durante la inauguración del evento que concluirá mañana, explicó que el objetivo del encuentro es promover un diálogo entre las instituciones, la ciudadanía y los especialistas que permita conocer y reflexionar sobre la participación de la sociedad civil en el seguimiento y vigilancia de la gestión pública gubernamental.

Puntualizó que es momento de acortar distancias entre la ciudadanía y el gobierno, borrar las fronteras entre ciudadanos y servidores públicos en la corresponsabilidad de controlar y vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos, así como en la corresponsabilidad de dar seguimiento al adecuado uso de los programas sociales…

Nota completa en: El Economista