Una de las asignaturas más importantes en el proceso de revisión de la Cuenta Pública la constituye la fiscalización efectuada al gasto federalizado; esto es, el monto presupuestal etiquetado que se entrega a los estados y municipios para atender temas como seguridad pública, educación, infraestructura y salud, entre otros rubros.
De hecho, la mayor parte de los informes que presenta la Auditoría Superior de la Federación se refieren precisamente a este ámbito: estamos hablando de mil 199 auditorías, que equivalen a más de 70% del total de las revisiones de la Cuenta Pública 2014. Esto no obedece a una postura determinada; responde a una metodología técnica para la programación de la fiscalización, la importancia de este tipo de gasto respecto al total del presupuesto federal y su impacto social esperado.
Un asunto que polemiza la emisión de los resultados correspondientes es la recurrente presencia de procesos electorales en las distintas entidades federativas. Los calendarios que rigen los comicios en toda la República ocasionan que existan fatalmente coincidencias temporales entre la presentación del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública con elecciones a nivel estatal y municipal.
Por ello, en ocasiones existe una interpretación equivocada acerca de una interferencia voluntaria del ente auditor federal con el proceso de renovación de las autoridades locales; puedo afirmar que no existe tal intención, y que el tema electoral es completamente incidental para la fiscalización superior. No hay motivo para emitir juicios que pudieran poner en duda la neutralidad, objetividad y rigor técnico de nuestro trabajo.
Para un auditor, la pertenencia partidista de un gobierno estatal es irrelevante para llevar a cabo su trabajo. Se analiza la evidencia documental y, en caso necesario, se determina la existencia de situaciones que deben ser atendidas por los responsables del ejercicio del gasto, no con el ánimo de afectar la imagen de funcionario o proyecto partidista alguno, sino de ayudar a los entes auditados a corregir desviaciones y definir responsabilidades de manera objetiva. Lo anterior, sin perjuicio de que, en su caso, se promuevan acciones administrativas o penales.
He expresado que el trabajo de fiscalización es eminentemente técnico, pero también que su contenido puede ser utilizado en la arena política. Esto es entera responsabilidad de quienes optan por hacer este uso, y es ajeno completamente a cualquier intento, por parte de la ASF, de erigirse en el fiel de la balanza en elecciones locales.
Desafortunadamente, pueden darse casos en que la inconformidad de algunos actores —que se sientan afectados personalmente por nuestro trabajo— se manifieste en la forma de descalificaciones, ataques mediáticos u otro tipo de expresiones en contra de la actuación de la ASF, sus proyectos a futuro —como la construcción de su nueva sede, o el proceso de reestructuración que emprenderemos—; o inclusive, contra la imagen de su titular. Este tipo de reacciones forma parte de un orden de ideas muy lejano a las tareas que, constitucionalmente, se nos han confiado.
Ha requerido un gran esfuerzo posicionar favorablemente a la ASF ante los entes auditados, académicos e investigadores, organismos internacionales y la opinión pública; nuestra intención es conservar y acrecentar ese acervo, teniendo en cuenta que el principal beneficiario de contar con una institución confiable es la ciudadanía.
Fuente: El Universal
