Una nueva crisis se ha desatado en el Instituto Federal Electoral (IFE). Los primeros resultados sobre la fiscalización de gastos de campaña de la pasada elección presidencial dados a conocer en días pasados, generaron cuestionamientos y dudas sobre la exhaustividad con la que se realizó este ejercicio. Ante la pregunta de si alguno de los candidatos excedió los topes de gasto de campaña marcados por la ley y la forma en a que la unidad de fiscalización entregó su evaluación, algunas deficiencias de la regulación electoral en esta materia quedaron en evidencia.
Aunque la fiscalización se realiza en varias etapas, el 8 de octubre pasado, los partidos políticos entregaron sus informes finales de campaña. La campaña de Enrique Peña Nieto reportó gastos por 241.8 millones de pesos mientras que la campaña de Andrés Manuel López Obrador reportó 370.5 millones de pesos. Sin embargo, la unidad de fiscalización encontró que Peña Nieto tuvo otros gastos e incumplimientos por 85.7 millones de pesos y López Obrador por 28.3 millones de pesos. Con ello, el primero quedó 8.6 millones de pesos por debajo del tope de gasto y el segundo 62.8 millones de pesos por encima.
Los dictámenes apenas se dieron a conocer al Consejo General del IFE hace unos días y dado que a solicitud de los partidos, se trata de una fiscalización adelantada, todavía no se conoce el ejercicio completo de gastos de campaña. Ante la posible sanción a la coalición de izquierda y la exoneración del PRI-PVEM por el caso Monex el dictamen inicial tuvo que ser revisado. Algunos consejeros se manifestaron por posponer la discusión del dictamen presidencial hasta conocer los de las campañas legislativas. Con ello, los ciudadanos quedaron sin saber qué tan exhaustivos habían sido los equipos contables de cada partido o coalición y las dudas, razonables, surgieron sobre cuántos gastos de campaña no fueron reportados ni detectados. Ante lo reportado, resulta poco creíble que una campaña presidencial se pueda hacer con menos de 336 millones de pesos. Queda pendiente entonces la fiscalización por separado de las 365 campañas federales.
Los problemas son complejos ya que en primer lugar, los gastos de una campaña y otra no siempre son distinguibles entre sí. El reglamento de fiscalización del IFE permite “prorratear” algunos gastos de campaña. Esto significa que cuando los gastos involucran a dos o más campañas, los partidos distribuyen el 50% de las erogaciones a partes iguales entre las campañas beneficiadas. El otro 50% se distribuye de acuerdo a los criterios que cada partido adopte lo cual hace muy difícil distinguir la responsabilidad del gasto. En segundo lugar, es necesario diferenciar entre los gastos de campaña y los gastos ordinarios de los partidos. El gasto de campaña culmina días antes de la jornada electoral y tiene un tope, el ordinario no. Este detalle es relevante en el contexto de la actual fiscalización puesto que en un primer momento, el PRI adujo que los gastos vía Monex eran gasto ordinario.
El contexto que ha alimentado más la crisis de credibilidad es el comportamiento del Consejero Sergio García Ramírez quien al momento de la discusión sobre el caso Monex decidió excusarse arguyendo conflictos de interés pero que, en el último momento, concedió el voto decisivo a favor de la exoneración del PRI. Una semana después García Ramírez presentó su renuncia argumentando que desde su nombramiento el Consejero no había previsto cumplir con todo el periodo. Aunque la Unidad de Fiscalización debe pronunciarse todavía, por exigencia de los consejeros, sobre el contrato PRI-Alkino debido a que no se avisó del préstamo ahí incluido, hasta que no haya un sucesor, el Consejo General queda a la merced de futuros empates en las votaciones.
