La falta de coordinación entre instancias gubernamentales, los errores de diagnóstico, la atractiva tentación de la legitimación política y la falta de mecanismos de control y prevención son algunos de los problemas más citados y documentados cuando se analiza el fracaso de las políticas de combate a la corrupción en diversos países del mundo. Las secuelas, en el mejor de los casos, son la dispersión de esfuerzos y el impacto decorativo de las medidas; en el peor, resultan en la violación sistemática de derechos fundamentales y el desperdicio de los recursos públicos.
Es por ello que es tan relevante el papel que jugará la Cámara de Diputados en la votación sobre el dictamen que reforma varios artículos de la constitución en materia de combate a la corrupción. La propuesta aprobada por el Senado en diciembre pasado, retoma una de las primeras promesas de gobierno del Presidente Peña y apunta al diseño de una Comisión Nacional Anticorrupción centralizada y con facultades de sanción. Desde el anuncio de la propuesta hasta ahora, pasando por la aprobación del dictamen en el Senado, diversos especialistas han externado su preocupación por la creación de un órgano destinado a aplicar castigos sin atender aspectos nodales como la prevención, la coordinación interinstitucional y la posibilidad de corregir las fallas que se producen en la administración pública. El debate ha permitido hacer públicas algunas recomendaciones iniciales. (http://rendiciondecuentas.org.mx/el-organo-anticorrupcion-ajustes-indispensables/)
Pero también, ha propiciado que la Red por la Rendición de Cuentas realice una propuesta más amplia y detallada, mediante la cual este órgano puede convertirse en pieza clave para la definición de un sistema nacional de responsabilidades que fortalezca la rendición de cuentas. Los ejes de la propuesta apuntan hacia: i) la coordinación interinstitucional, ii) represión de conductas ilícitas pero también prevención y corrección de las fallas sistémicas de la función pública, iii) unificación de criterios entre los sistemas que intervienen en la función pública, iv) coordinación de esfuerzos en el combate de actividades ilícitas que dañen a la hacienda y al patrimonio públicos; v) garantía de un marco de seguridad jurídica, objetividad y debido proceso para los servidores públicos y salvaguarda de los principios de eficiencia, eficacia, honradez, economía, transparencia y rendición de cuentas en la función pública.
Como otros trabajos de la Red, la propuesta será sometida a la deliberación pública y será presentada el próximo viernes 25 de abril a las 10:00 de la mañana en Casa Lamm en presencia de diputados de los tres partidos principales que han lidereado el tema propiciando foros de discusión en el Congreso.
Es cierto que casi nadie suele experimentar en cabeza ajena, pero ante la evidencia acumulada sobre el daño que generan medidas de combate a la corrupción que no modifican actitudes, prácticas y nivel de confianza, vale la pena tomarse el tiempo para realizar ajustes que corrijan el rumbo de manera efectiva.
