Por: Mariana Campos, Esther Ongay, Osvaldo Landaverde y Néstor de Buen

Desafortunadamente, no sólo tenemos a más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza, sino que nuestras instituciones también están en extrema pobreza de capacidades. A estas alturas, ¿cómo es posible que sigamos sin tener un sistema de rendición de cuentas con el cual perseguir, procesar y castigar un presunto caso de corrupción de un alto funcionario, del presidente en funciones?

Nuestro sistema de rendición de cuentas es mucho más fallido de lo que nos imaginamos. Para nosotros y seguramente para muchos, ése es el gran escándalo.

La verdad más dolorosa del asunto de la casa blanca es que ninguno de los controles institucionales internos, externos, preventivos o correctivos funciona como debería para por lo menos realizar una investigación seria, objetiva e independiente, basada en evidencia, regida por criterios técnicos y organizada bajo principios de buena gobernanza, capaz de determinar si hay o no evidencia de alguna omisión o ilícito que deba ser sancionado. Así, nos encontramos desarmados para controlar los conflictos de interés y la incidencia de la corrupción en nuestro país. Y contrariamente a lo que piensa el mismo presidente, la corrupción no es un producto de la cultura de un país, más bien los mexicanos estamos desprovistos de un sistema efectivo y consistente para controlarla.

La propia primera dama nos confirmó que sí existe un conflicto de interés relacionado con la compra de la casa de la familia presidencial. Nos dijo a todos los mexicanos que su mansión ha sido financiada por uno de los principales contratistas de proyectos de obra pública de las administraciones a cargo de su esposo. Nos referimos al actual presidente y representante mundial de la aclamada iniciativa “Open Government Partnership”.

De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. En este contexto una pregunta abierta es si la licitación del tren Querétaro u otras que se resolvieron a favor de Grupo Higa pudieron ser influidas por los intereses familiares derivados de la adquisición de la casa mediante un crédito que brindó ese grupo a la familia presidencial.

En esa misma disposición legal, se establecen las líneas de conducta que cualquier servidor público debe seguir en caso de encontrarse en un conflicto de interés. El servidor público está obligado a comunicar la existencia de un posible conflicto de interés o bien a excusarse de atender asuntos relacionados con los intereses personales. “El servidor público deberá excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones”.

Verificar si el presidente o cualquier servidor público cayeron o no en alguna omisión o conducta inadecuada debería ser una tarea obligada de las instancias encargadas de operar controles de rendición de cuentas. Todo sistema de rendición de cuentas está fundado en tres grandes pilares: límites claros al poder público, transparencia absoluta sobre decisiones, desempeño y resultados de servidores y programas públicos, y sistema de sanciones efectivo y libre de sesgos políticos. Por salud democrática, es necesario efectuar una investigación sobre el caso de la casa de la familia presidencial, pero desafortunadamente la respuesta institucional ante este asunto ha sido, por decir lo menos, insuficiente.

¿Cuál ha sido la respuesta institucional ante el conflicto de interés?

Primero, el propio presidente no explicó el asunto de la casa blanca. En su lugar lo hizo su esposa, quién insistió en el hecho de que no es funcionaria pública y se presentó como profesional de la actuación: así fue como la Presidencia de la República intentó “esclarecer” el asunto. Esta aclaración no fue emitida por la persona indicada, pero, como ya se mencionó, sí evidenció la existencia de un conflicto de interés relacionado con el financiamiento personalizado que recibió la primera dama del mencionado contratista. Además, generó fuertes cuestionamientos sobre si percibe o no los ingresos que presume, si paga o no impuestos de acuerdo con esos ingresos, si es o no una servidora pública.

Por su parte, el presidente hizo pública su declaración patrimonial, documento que en lugar de dejar las cosas más claras, abrió diversos interrogantes sobre el tamaño de su riqueza en relación a los cargos que ha tenido, la forma en la que obtuvo algunos inmuebles, las múltiples donaciones y pagos en efectivo que recibió, los precios poco realistas de algunos de sus bienes. Pero fuera de las suspicacias, no incluyó en su declaración los bienes de su esposa, los cuales está obligado a declarar ante las instancias de control interno, conforme al artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Otro problema es que no está completa, ya que algunos apartados fueron dejados en blanco, como los de gastos de manutención y adeudos, que pueden ser relevantes para entender la consistencia del patrimonio. Para explicar la acumulación de riqueza de una persona, es necesario proveer información completa de la evolución en el tiempo de sus ingresos y gastos.

Precisamente el actual presidente decretó la desaparición del control interno de la administración pública federal (la Secretaría de la Función Pública) con el objetivo de crear una nueva instancia que desempeñara esas funciones en un contexto de independencia, el tan famoso órgano anticorrupción. De acuerdo al decreto presidencial del 2 de enero de 2013, en cuanto el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción entre en funciones, la SFP perderá sus facultades, las cuales serán trasladadas al nuevo órgano y otras instancias como la SHCP. Sin embargo, hasta el momento ese órgano no existe, en parte porque la propuesta enviada por el Ejecutivo estaba pésimamente diseñada. Se prometió más independencia de los mecanismos anticorrupción, pero irónicamente en la realidad acababa con la independencia de los auditores, pues los titulares de las dependencias auditadas designarían a los encargados de sus propios órganos internos de control; es decir, violaba los criterios básicos en los que debe fundarse la labor de auditar. Afortunadamente, no se aprobó en esos términos. A la fecha no se ha creado una nueva institución y no parece que la SFP, sin titular, tenga la voluntad ni la capacidad para encargarse de investigar las operaciones financieras relacionadas con el caso en comento.

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) posiblemente cuenta con la capacidad técnica, pero tiene facultades acotadas para investigar el asunto. Su encargo es muy específico: la fiscalización de la Cuenta Pública. Como resultado, tampoco se ha pronunciado sobre el tema de la casa blanca, a pesar de que sería útil que comunicara si ha auditado o no los contratos financiados con dinero federal y firmados con las empresas relacionadas con la mansión y cuáles han sido sus hallazgos.

Finalmente, diputados de oposición demandaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) que se abriera una comisión especial para investigar el caso. Sin embargo, la respuesta de la Jucopo no ofrece garantía de que dicha investigación será conducida con la capacidad técnica suficiente, objetividad, y libre de intereses políticos. Integrada por los coordinadores de cada grupo parlamentario y presidida por el Diputado Manlio Fabio Beltrones, la Jucopo indicó que sería imposible abrir una comisión especial para investigar el caso de presunto conflicto de interés de la casa blanca, puesto que se rebasaría el número de comisiones especiales que pueden constituirse de acuerdo con el Reglamento. El Artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados indica efectivamente que “las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias”. Hoy existen en total 56 comisiones ordinarias, lo cual daría lugar a la existencia de hasta 28 comisiones especiales. Sin embargo, a la fecha las comisiones especiales son 36, es decir, la Jucopo hasta ahora no ha respetado el Reglamento, pero utiliza este argumento para rechazar la creación de esta comisión en particular.

Al no abrirse una comisión especial, la responsabilidad de analizar el caso se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Cabe mencionar que dicha Comisión es presidida por la diputada Arely Madrid, quien tiene carrera política en el PRI desde los 80 y ha apoyado a Enrique Peña Nieto desde que era candidato a la presidencia. A principios de noviembre aseguró que “combatir la corrupción de manera eficaz ha sido y es una prioridad para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde antes de que asumiera el cargo”.[1] Además de esto, 46.4% de la Comisión de Transparencia es priista y otro 3.6% es del PVEM. El PAN y el PRD sólo tienen 21.4% de los espacios (cada uno). Todo esto parece indicar que no existe la voluntad política para llegar al fondo de este asunto y fincar las presuntas responsabilidades a los actores involucrados.

El caso de la casa blanca sirve para demostrar la exacerbada vulnerabilidad de los mecanismos de rendición de cuentas actualmente vigentes. Con base en ello, se debe mejorar el diseño de las políticas de transparencia y anticorrupción que actualmente se están definiendo en el Congreso. Es elemental controlar el poder público, exigir suficiente información para evaluar el desempeño de los servidores públicos y administrar sanciones cuando sea necesario. Un reto muy especial en este encargo será el de crear un sistema que permita la investigación seria, objetiva, basada en evidencia, libre de intereses políticos y suficientemente robusta para atender casos de conflicto de interés de altos funcionarios tan sensibles como el de la casa blanca.

Este escándalo es como la ola de un tsunami, que nos sorprende, nos viene encima, nos destruye, nos ahoga, pero sobre todo nos muestra lo vulnerable que es nuestro sistema de rendición de cuentas. Es evidente que éste último no se organiza con base en principios de buena gobernanza sino más bien por intereses de corte político que eliminan toda garantía de éxito en la resolución de investigaciones de este tipo de casos. Nos gustaría que el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción, que anunció el presidente la semana pasada, sea suficiente para subsanar las carencias institucionales de la rendición de cuentas en el país. Estaremos al pendiente de sus avances.

* Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, colaboradora del Programa de Eduardo Ruiz-Healy en Radiofórmula. Es licenciada en Economía por el ITAM y Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Esther Ongay es investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el CIDE. Osvaldo Landaverde es investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Es licenciado en Economía por el CIDE y estudió una Maestría Erasmus Mundus en Desarrollo y Crecimiento Económico en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad de Lund en Suecia. Néstor de Buen es Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE y actualmente se desempeña como Investigador del Programa de Seguridad Pública y Justicia de México Evalúa.

[1] El Economista, Sistema Anticorrupción. El Congreso tiene la última palabra, 4 de noviembre de 2014.