En el foro “Cambios normativos a la comisión anticorrupción: una propuesta desde la academia y la sociedad civil”, la Red por la Rendición de Cuentas presentó un conjunto de consideraciones y propuestas amplias y detalladas mediante las que este órgano puede convertirse en pieza clave para la definición de un sistema nacional de responsabilidades que fortalezca la rendición de cuentas a partir de la definición de  procedimientos e instituciones que combatan la corrupción desde una visión sistémica, más allá de la persecución a los corruptos.

De acuerdo con el estudio 2013 de Transparencia Internacional, México se encuentra entre los países con mayor corrupción al considerar el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno. Por otro load, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2012 se practicaron mil 173 auditorías, se encuentran en proceso de ser presentadas 147 denuncias penales para reintegrar al erario más de 56 mil millones de pesos.

En ese sentido, la iniciativa que crea una Comisión Anticorrupción hecha por el Ejecutivo Federal ha generado una alta expectativa como la solución al problema de la corrupción en México.

La propuesta de la RRC

Por ello, la Red por la Rendición de Cuentas, conformada por 77 instituciones públicas, instituciones académicas y organizaciones sociales, interesada en los procedimientos e instituciones cuya función es combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento institucional, ha analizado la relevancia que tiene esta iniciativa. Aprobada el 13 de diciembre de 2013 en el Senado de la República, la iniciativa fue transferida a la Cámara de Diputados para su revisión, donde se encuentra en análisis en comisiones.

Los legisladores pueden aprovechar el estatus legislativo para enriquecer y fortalecer la reforma anticorrupción, para que se cuente con una visión sistémica para el combate contra la corrupción, que de acuerdo con el diagnóstico de los especialistas en derecho, José Roldán Xopa, Ana Elena Fierro, Leticia Bonifaz, Miguel Pulido, entre otros que conformaron el grupo de trabajo específico de la Red es la principal deficiencia de la reforma originalmente planteada.

FORO.3

La forma en que fue propuesta en el Senado la creación de la Comisión Anticorrupción, tiene una función eminentemente persecutoria, represiva de los ilícitos de los servidores públicos, sin desarrollar instrumentos preventivos o correctivos de tales prácticas, y no articula las acciones con algunas instituciones afines como la Auditoría Superior de la Federación o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI).

La fragmentación, a la vez, tiene como característica la diversidad de lógicas que orienta a cada uno de los sistemas: Este formato se enfrenta a las lógicas de eficiencia y eficacia de los sistemas de evaluación por resultados o de la cuenta pública, lo que produce mandatos encontrados hacia el servidor público y se convierte en un problema al fiscalizar y ejercer el control sobre la función pública.

INFO. 1

La Red por la Rendición de Cuentas ha sido enfática en señalar la contradicción existente en el objetivo de perseguir corruptos desde un sistema ya corrompido, por lo que es menester evitar la fragmentación y encontrar los criterios o parámetros comunes para evaluar, calificar y, en su caso, sancionar la actuación de los funcionarios públicos, pero desde la prevención de la corrupción a partir de la definición de responsabilidades administrativas.

Se considera que un régimen deseable de responsabilidades de los servidores públicos, no solamente debe ser eficaz en la represión de conductas ilícitas, pues como parte de un sistema de rendición de cuentas, debe ser el adecuado para prevenir y corregir tales prácticas y aprender de los errores.

La rendición de cuentas es el hilo conductor para mejorar el desempeño de la función pública.

Los ejes de la propuesta sobre el régimen de responsabilidades que presenta la RRC son los siguientes:

  • Forma parte de un sistema de rendición de cuentas, por lo que debe tender a evitar la fragmentación.

  • Debe reprimir las conductas ilícitas,  atender a la prevención y corrección de las fallas sistémicas de la función pública.

  • Debe resolver los conflictos entre las lógicas derivadas de la fragmentación de los sistemas que recaen sobre la función pública.

  • Debe evitar la presencia de “fugas” a la eficacia en el combate de actividades ilícitas que dañan a la hacienda y el patrimonio públicos.

  • Debe desarrollarse en el marco de seguridad jurídica, objetividad y debido proceso para los servidores públicos y salvaguarda de los principios de eficiencia, eficacia, honradez, economía, transparencia y rendición de cuentas en la función pública.

  • Se requiere definir con claridad qué son los actos de corrupción, pues actualmente no existe la definición jurídica.

Así, la propuesta considera que:

  • El órgano anticorrupción además de tener la facultad para instrumentar procedimientos administrativos de responsabilidad personal, deberá estar en posibilidad de establecer procedimientos de responsabilidad institucional propicios para analizar los fallos institucionales y producir medidas correctivas, así como un sistema de precedentes de sus resoluciones, recomendaciones y medidas correctivas que brinden certeza incluso a los mismos servidores públicos.

  • Por lo anterior, las decisiones emitidas por el órgano anticorrupción deberán ser vinculantes.

  • Las funciones preventivas, sancionadoras, y correctivas del órgano hacen necesario que se trate de órgano colegiado y no unipersonal; sus funciones requieren el concurso de saberes y capacidades (jurídicos, presupuestales, de procedimientos, y de política pública), se propone que su designación sea similar a la del IFAI,  a través del Senado de la República.

  • El conocimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria será por el mismo órgano anticorrupción es decir, cuando la conducta indebida causa daños a los bienes o a la hacienda públicos. Lo anterior, permitiría tener criterios comunes sobre conductas ilícitas, tener coherencia con las sanciones económicas.

  • Para garantizar objetividad y profesionalismo, debe garantizarse que los auditores internos o titulares de los órganos internos de control, procedan de un servicio profesional de carrera.

  • La responsabilidad penal tiene en la Fiscalía General de la República al órgano de acusación y a los tribunales como instancias de sentencia y de control de legalidad, con participación del órgano anticorrupción.

  • En lo referente a las acciones u omisiones que ameriten cárcel, el órgano anticorrupción deberá estar facultado para impugnar las decisiones de la fiscalía sobre el no ejercicio de la acción penal. Este medio de impugnación tiene la finalidad de remediar la desprotección de aquello que es de todos y que da la apariencia  de que la corrupción es un delito sin víctima.

  • Se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar investigaciones.

  • El órgano también debe tener la posibilidad de revisar extraordinariamente irregularidades de los órganos anticorrupción de las entidades federativas.

La Red pone a debate estas propuestas que atienden la exigencia de una política pública de rendición de cuentas tan necesaria para México.

El FORO Cambios normativos a la comisión anticorrupción: una propuesta desde la academia y la sociedad civil

Entre los participantes en el Foro intervino la doctora Leticia Bonifaz, investigadora del CIDE, quien hizo énfasis en una idea en la que coincidieron varios de los académicos invitados. En la construcción de la arquitectura del nuevo órgano anticorrupción es indispensable distinguir entre actos de corrupción aislados, individuales y aquellos que son cometidos al amparo de alguna institución. Esta es una idea central en la propuesta que la RRC puso en la mesa del debate y que fue construida de forma colectiva por académicos de diversas instituciones de la Red, entre ellos la doctora Bonifaz, José Roldán Xopa, Lourdes Morales, Eilleen Matus, Ana Elena Fierro, Sergio López Ayllón, Mauricio Merino, entre otros.

Para apoyar su intervención, la doctora Bonifaz explicó con claridad la naturaleza del órgano anticorrupción.

INFO. 2

Al Foro asistieron los diputados Elizabeth Yáñez, del PAN, y Fernando Belaunzarán, del PRD. La diputada Yáñez destacó que la idea de echar a andar un órgano anticorrupción es un tanto descabellada, pues el trabajo de la SFP no era despreciable, era mejorable, pero no había razón para desmembrarla. En específico, sobre el nuevo órgano propuesto, la diputada Yáñez dijo que la gran fuerza del nuevo órgano debe radicar en la investigación, pues uno de los principales problemas al aplicar la ley federal de responsabilidades es la unificación de criterios de los Órganos Internos de Control.

Concluyó la diputada Yáñez diciendo que “el órgano anticorrupción no debe sancionar, sólo debe concentrarse en prevención e investigación”.

En su participación, el diputado Belaunzarán coincidió con la propuesta de la RRC al afirmar que es una idea correcta que el órgano anticorrupción sea colegiado. No obstante, dijo, es necesario analizar la pertinencia de proponer un debilitamiento de la ASF. “No podemos fortalecer al órgano anticorrupción debilitando a la ASF. Sobre este punto, la doctora Bonifaz hizo la aclaración que la propuesta presentada busca lo contrario, fortalecer el trabajo de la ASF pues, dijo, “nunca ha habido una historia de resarcmiento. Este es un tema central en la propuesta, y en ese sentido se proponen las modificaciones de la ASF, que buscan fortalecerla”.

INFO. 3

Alejandro González, de Gesoc, retomó la idea de la propuesta de “Transitar de la idea de responsabilidad individual a una institucional. Ahí responsabilizamos a la institución y al titular”, coincidiendo con el planteamiento de varios de los participantes, sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Es muy destacable, continuó Alejandro González, la apertura al control social al proponer que en el consejo consultivo del órgano anticorrupción participen ciudadanos.

Por último, Marco Fernández de México Evalúa señaló que “es lamentable la inasistencia de los legisladores del partido gobernante al Foro”, quienes se excusaron ante la “excesiva” carga de trabajo legislativo”, pues la relevancia del tema requiere su participación en espacios de análisis, dijo Marco Fernández.

Coincidió con la dip. Yáñez en que, por ejemplo, la propuesta de que la investigación del patrimonio de los funcionarios públicos sea atribución de la Secretaría de Hacienda es absurda, tal como se pretende con las nuevas atribuciones del nuevo órgano anticorrupción.

Puedes consultar la propuesta de la RRC completa AQUÍ